Texto y fotos: Agustín Serale *
Violencia policial: no solo el gatillo fácil mata
Guillermo Bustamante fue a cargar combustible y murió durante un operativo policial. La fiscalía investiga la hipótesis de homicidio preterintencional. Su viuda asegura que fue golpeado hasta morir por agentes que lo detuvieron sin causa. Y denuncia su encubrimiento: “En 40 minutos limpiaron todo”.
En la madrugada del 24 de marzo, Agustina Escotorni intentó comunicarse con su marido, Guillermo Bustamante. Eran las 2.58 cuando lo llamó por teléfono. Luego de varios intentos sin respuesta, escuchó del otro lado de la línea una voz que le decía: “Estamos en un procedimiento policial”. El teléfono se cortó.
Minutos después, tomó un taxi hacia la estación de servicio ubicada en la esquina de Castex y Octavio Pinto, donde le habían indicado que se encontraba su pareja, cargando combustible a su automóvil.
Agustina llegó con el dinero que su esposo necesitaba para evitar ser trasladado, según le indicaron. “Ya tengo los 10 mil pesos para abonarle”, les dijo a los oficiales. Pero entonces le informaron que su marido iba a ser detenido por resistencia a la autoridad.
“Paren, me lo están matando”
Ella lo vio todo: “Le golpeaban las costillas, las piernas, la cabeza; lo metieron a la fuerza a la camioneta”. “Yo les decía paren, y les mandaba audios a Yoli diciéndole: me lo están matando”, relata.
Sin poder intervenir, vio a su esposo desplomarse: “Cuando él cayó, ya tenía la mirada ida. Yo dije: me lo mataron. En ese preciso momento creo que él ya estaba muerto”. Aunque llamaron al 107 y realizaron maniobras de reanimación, a las 4.07 le informaron oficialmente que había fallecido. Guillermo tenía 39 años.
“Borraron todas las evidencias”
La autopsia se realizó esa misma noche, a las 23 horas. El informe forense determinó que la causa de muerte fue un shock cardiogénico, no un paro cardíaco. “El corazón de él estaba intacto. Pesaba entre 350 y 400 gramos, un peso normal para una persona como él”, asegura Agustina. El informe también indicó que tenía 0,11 de alcohol en sangre. “Nada. Eso no justifica que lo maten”, plantea.
Los policías involucrados, el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín fueron detenidos e imputados en primera instancia por “homicidio calificado”. Luego, el fiscal Guillermo González ordenó su liberación al cambiar la acusación por la figura de “homicidio preterintencional”. El funcionario consideró que los agentes no tuvieron la intención de matar, pero su accionar violento causó la muerte de la víctima.
Además, están acusados el inspector Walter Perfumo por “encubrimiento simple”, al no haber denunciado el presunto delito cometido por sus subalternos, y el sargento Mariano Córdoba por “omisión de los deberes de funcionario público”.
La viuda apunta a una maniobra de encubrimiento. Denuncia que la escena fue alterada: “Tardaron 40 minutos en limpiar todo. La estación de servicio siguió funcionando. Evidencia que había ahí, evidencia que se borró”. A las 17 horas del día siguiente, todavía había peritos en el lugar intentando hacer relevamientos. “La nafta ya se había chorreado, los autos ya habían pasado. Ya se borró todo lo que había”, lamenta.
Pelear contra un monstruo
Además del accionar policial, Escotorni critica la cobertura institucional: “El Ministro (de Seguridad Juan Pablo Quinteros) salió diciendo que se les iba a devolver el 70% del sueldo a los policías que mataron a mi marido, porque su familia pasa a ser indigente. ¿Y yo qué? ¿No soy indigente ahora?”. Ella no puede trabajar por problemas médicos que certifica con documentación. Tiene un hijo a cargo y asegura que no ha recibido asistencia real del Estado: “Nos dieron 350 mil pesos. Con eso pago el alquiler, no comemos”.
Las cámaras de la estación de servicio siguen bajo sumario, al igual que los teléfonos y las comunicaciones del personal policial involucrado. Sin embargo, parte del informe toxicológico trascendió antes de ser oficial. “¿Cómo se filtró? El fiscal me dijo: ‘Se filtró’. Pero eso sólo lo podían tener él, la policía o mi abogado”. Y agregó: “Estoy peleando con un monstruo: la Policía de Córdoba, la Provincia. Siempre hacen lo mismo: o te dicen que estaba enfermo, o que tenía un problema del corazón, o que estaba drogado. Siempre algo para salvar a los policías”.
Habrá nuevas pericias
La familia de la víctima solicitó nuevas pericias y la Fiscalía de Distrito 1, Turno 2, autorizó una ampliación de los estudios forenses, para los que no se descarta la exhumación del cuerpo. Carlos Nayi, abogado representante de la viuda, confirmó que la medida fue dispuesta por la fiscalía y recordó que la primera pericia motivó el cambio de calificación legal en la causa.
En diálogo con el portal Qué, Nayi señaló que “el proceso aún se encuentra bajo secreto de sumario y los imputados no han sido indagados”. Por eso se excusó de exponer su punto de vista hasta que se resuelva esa instancia, “para no emitir una mirada sesgada de este proceso tan importante”.
A dos meses de la muerte, mientras esperan el resultado de las nuevas pericias forenses solicitadas por el perito y el letrado Nayi, Agustina sostiene: “Mi marido no fue violento. No se quiso ir. Lo bajaron de la camioneta. Lo llevaron al extremo. Lo mataron. Estoy tranquila porque se va a hacer justicia”.
* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en prácticas de trabajo final en el proyecto Cobertura periodística de juicios con impacto social, en la Secretaría de Producción y Transmedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.