Por Constanza Escayol *
Según observaciones realizadas desde 2015, durante el proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) las mujeres gestantes atraviesan situaciones en las que violentan sus derechos y se las obliga a ver las ecografías aunque esto no sea su deseo.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, con la cooperación del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, dio a conocer a través de un informe en 2021, que en hospitales, tanto públicos como privados, quienes buscaban acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se topaban con obstáculos impuestos por los profesionales encargados de realizar las ecografías antes de la intervención. Esta observación fue realizada antes de la promulgación de la Ley Nº 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en enero de 2021.
El termino violencia ecográfica hace referencia a la violación del derecho a solicitar no ver las imágenes ni escuchar los sonidos de la ecografía en el acceso al aborto. También se considera violencia cuando el profesional a cargo comenta lo que ve o emite algún juicio en contra de la mujer. Según el protocolo IVE (2022), el agente de salud tiene la responsabilidad de informar a la mujer de su derecho a solicitar no ver ni escuchar.
En 2019, al poco tiempo de que la Red publicara por primera vez acerca del tema en sus redes, el politólogo Agustín Laje tuiteó: “Violencia ecográfica… inventando problemas ficticios el feminismo termina banalizando los problemas reales. Por eso cada vez hay más mujeres que manifiestan su rotundo desprecio para con (sic) estas ideologías de mujeres débiles, histéricas y resentidas”. Además, en una entrevista para la agencia de noticias ACI Prensa, argumentó que el “feminismo radical” busca la “creación artificial de conflictos”, lo que conduce “a ridículos totales como la cuestión de la ‘violencia ecográfica’”, derivada de “una politización” del vínculo entre madre e hijo.
A pesar de opiniones como esta, la violencia ecográfica es considerada una forma de violencia psicológica, debido a que produce daño emocional y presiona a la persona gestante, perjudicando su salud mental y su posibilidad de autodeterminación. La licenciada en Trabajo Social Ana Morillo, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante de la Red, destaca que cuando se le obliga a la mujer a ver o escuchar es violento por el significado que esto conlleva. Además, aclara: “Parece sutil, pero es muy directo, muy brusco y muy provocador, genera malestar, angustia, culpa”.
En el informe sobre Violencias en el acceso al aborto, se las define como “todas aquellas practicas, comentarios y/o situaciones presentes en la atención que entorpecen o impiden el acceso a este derecho” (Cascardo et al, 2021, p.14). También se explicita que “la culpabilización, el juicio, el destrato o maltrato explícito constituyen una pedagogía de la crueldad que deja marcas en los cuerpos y en las subjetividades” (Cascardo et al , 2021, p.17). Además, explica que los desequilibrios de poder entre ambas partes involucradas en el proceso resultantes de un saber legitimado son la base de la violencia en el acceso a la interrupción del embarazo.
En su ensayo Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia, la antropóloga Rita Laura Segato afirma que este tipo de agresión tiene por finalidad el sometimiento y “resulta del mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar la mujer en su posición subordinada, por todos los medios posibles, recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o manteniendo la violencia estructural del orden social y económico” (Segato, 2003, p.15).
Según establece la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se penalizará penal, civil y administrativamente cualquier dilación, obstaculización y/o negación injustificada por parte del personal de salud. La violencia ecográfica es considerada violencia institucional ya que busca retardar, obstaculizar o impedir que la persona gestante tenga acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos previstos en la Ley de IVE/ILE. En el presente, no existe ningún observatorio o forma de cuantificar los casos actuales y sus características.
Para Morillo, quien ejerce en diversos centros de salud primaria en la provincia de Córdoba, todavía falta mucho para que el tema sea priorizado por la sociedad y tenga la relevancia que merece. Esto porque se trata de una disciplina particular. Sin embargo, la profesional comenta que hay una mayor preparación e información en las mujeres para pedir no ver ni escuchar y para hacer valer sus derechos.
La ecografía previa es necesaria para descartar embarazos ectópicos y determinar la edad gestacional, entre otras utilidades.
Actualmente, este no es un tema solo discutido en Argentina. A principios de este año, desde el partido político mexicano Morena llamaron a terminar con la violencia ecográfica. La diputada Lizbeth Ogazón Nava calificó a ese uso de la ecografía como “chantaje emocional” y remarcó que el deber del médico es preguntar a la paciente si desea escuchar los latidos del corazón o ver las imágenes. Asimismo, destacó que esto “representa un problema de salud y de derechos humanos”. En México, el aborto fue despenalizado el 6 de septiembre de este mismo año.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir es un grupo de más de 2000 profesionales en toda la Argentina, que trabajan en diversos centros de salud enfocados en hacer valer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la anticoncepción y a la información sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Fue creada en 2015 y ese mismo año se iniciaron las observaciones que llevaron a la realización del informe Violencias en el acceso al aborto. En la provincia de Córdoba, se encuentran en hospitales de la ciudad de Córdoba, Unquillo, Alta Gracia, Villa de Soto, Cruz del Eje y Mina Clavero, entre otros.
Foto principal: Andrea Piacquadio, Pexels (CC0)
* Estudiante de segundo año de la Licenciatura en Comunicación Social de la FCC-UNC. El informe fue producido en el taller Periodismo: de lo hecho a lo posible, del sumario a la primicia. Qué portal, coordinado por la periodista y docente Pilar Ferreyra, en el marco del Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) en la Secretaría de Producción y Transmedia de la FCC-UNC.