Por Jimena Massa*
La discusión por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo comenzó esta semana en el Congreso, pocos días después de la muerte de Mariela, la cordobesa de 40 años que falleció a causa de las complicaciones derivadas de un aborto no seguro.
Tras décadas de lucha feminista por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y al cabo de quince años de Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito –que incluyó un debate legislativo extraordinario y una movilización social inédita, en 2018– la posibilidad de que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley se dibuja otra vez en el horizonte cercano de la Argentina.
El trámite parlamentario comenzó esta semana, pocos días después de la muerte de Mariela, la cordobesa de 40 años que falleció a causa de las complicaciones derivadas de un aborto no seguro. Precisamente, haciendo foco en la salud y la vida de las mujeres, el lunes último la Cámara de Diputados inició el debate de los dos proyectos enviados por el Ejecutivo: el de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, y el Plan de los Mil Días, que apunta a la atención de la salud durante el embarazo y hasta los tres primeros años de vida de niños y niñas.
El proyecto que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación –y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer y en caso de violación, como prevé el Código Penal desde 1921– comenzó a discutirse el martes último en el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Los presidentes de las cuatro comisiones están a favor de la legalización: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad).
El Plan de los Mil Días, que fortalecerá la asistencia para aquellas personas vulnerables que decidan llevar adelante un embarazo desde el inicio de la gestación hasta los tres años del niño o niña, comenzó a tratarse el lunes en las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda.
Además de lxs funcionarixs del Ejecutivo que estuvieron en Diputados defendiendo el proyecto que mandó el Gobierno, lxs legisladorxs escucharon inicialmente a 50 expositorxs –25 “verdes” y 25 “celestes”– que presentaron sus argumentos a favor y en contra de la iniciativa, y al cierre de esta edición recibían a otras 20 personas con sus respectivas posturas. Luego del pedido de la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) para evitar agravios o acusaciones y así garantizar un debate “respetuoso”, las exposiciones se polarizaron entre quienes insisten en la defensa de la vida desde la concepción y en la maternidad como un hecho biológico, y entre quienes entienden la clandestinidad del aborto como un problema de salud pública y su legalización como un derecho y una política de justicia social. Para la semana próxima se aguarda el dictamen de comisiones que permitiría tratar el tema en el recinto el 10 de diciembre, en busca de la media sanción.
Mientras las sesiones avanzaban, las redes ardían. En el primer día de exposiciones (martes), el hashtag #AbortoLegalEsVida demoró tres minutos en ser tendencia en Twitter y a los catorce minutos llegó al primer puesto, donde permaneció por horas. En el segundo día (miércoles), la consigna fue #AbortoLegalEsSalud, que también inundó las redes en una acción de ciberactivismo liderada por los pañuelos verdes, que ya vienen ocupando el espacio digital con acciones federales y masivas.
Es ahora
“Tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. Enviaré al Congreso dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan a su derecho a la salud integral”, dijo Alberto Fernández el 17 de noviembre, en un video que se difundió desde su cuenta de Twitter. “Mi convicción es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, agregó el Presidente en el mensaje de siete minutos.
El anuncio, que provocó alivio y alegría entre quienes defienden el derecho a decidir, fue resultado de muchas jornadas de lucha y, en especial, de la tarea incesante de esa construcción horizontal, federal y plural que viene siendo la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, creada en 2005 e impulsora del proyecto legislativo en ocho oportunidades.
La penúltima vez, en 2018, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo obtuvo media sanción en el Congreso (no se convirtió en ley por una diferencia ajustada: 38 votos contra 31) y una visibilidad tan estruendosa que provocó posiciones y movilizaciones en todos los rincones del país.
La legalización del aborto fue una promesa de Fernández en la campaña electoral, que luego ratificó en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Pero la pandemia trajo la ralentización del debate parlamentario y también planteó otras urgencias sanitarias, por lo que la IVE permaneció en el cajón durante largos meses.
Sin embargo, la marea verde no bajó nunca los pañuelos: “Es urgente”, “Es ahora” y “Aborto legal 2020” fueron consignas de acciones masivas en redes sociales y pañuelazos virtuales. La movilización fue creciendo y ya en octubre era imposible acallar el grito para que el aborto deje de ser clandestino.
“Son 15 años de presencia en las calles y en el Congreso, estrechando redes en distintos territorios, para la redacción de un proyecto de ley que contempla las realidades y los derechos de las personas que hoy son criminalizadas y que ponen en riesgo su vida y su salud cuando deciden abortar”, dice el comunicado de la Campaña, que saludó “con mucha satisfacción” la iniciativa presidencial. Sin embargo, el proyecto del colectivo, presentado por última vez en mayo de 2019, aún tiene estado parlamentario y también será sometido a discusión.
Una objeción clave
“La iniciativa (del Ejecutivo) recoge parte de la producción colectiva del movimiento feminista y de mujeres de Argentina”, indica el comunicado emitido por la Campaña en vísperas del debate, en el que se mencionan “coincidencias muy significativas” entre el proyecto impulsado por el colectivo y el del Gobierno nacional.
Las coincidencias más importantes son la legalización, despenalización y el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación inclusive, las causales luego de este período, el acceso a la práctica por parte de niñas y adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la normativa del Código Civil, la existencia de consejerías no obligatorias y su cobertura por parte de los sistemas de salud.
“El proyecto enmarca el derecho al aborto en el esquema constitucional y convencional de nuestro país, despejando así falsos argumentos respecto de su inconstitucionalidad”, dice el comunicado, sobre la iniciativa oficial. Coinciden, además, en que se trata de un tema de orden público y, por tanto, “de aplicación obligatoria en todo el país”.
Sin embargo, la Campaña advirtió “diferencias” no menores entre ambos proyectos. Las críticas a la propuesta del Gobierno apuntan a la inclusión de la objeción de conciencia del personal médico, al plazo establecido para acceder a la IVE (de cinco días se extiende a diez) y a la penalización de las mujeres que se realicen un aborto luego de la semana 14.
La cuestión más controvertida es la referida a la objeción de conciencia como un derecho de lxs profesionales de la salud, que desde la Campaña es concebida como un atajo seguro para el no cumplimiento de la ley, en caso de que ésta finalmente sea sancionada.
“Nuestro proyecto no contempla la objeción de conciencia por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos. La experiencia indica que es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IVE en los países en donde está permitida en su legislación, generando demoras, malos tratos, morbilidad, mortalidad materna y trasladando la carga de trabajo a quienes sí garantizan el derecho trabajando a conciencia”.
La Campaña también cuestiona la extensión del plazo (de cinco a diez días) para acceder a la práctica, e insiste en la necesaria inclusión del derecho al aborto como contenido curricular de la Educación Sexual Integral. Por último, el proyecto IVE del colectivo “que recorrió el país a lo largo y ancho construyendo consensos federales, no admite penalización para las mujeres”. Prevé, además, que el sistema de salud garantice un intérprete en la lengua o idioma en la que se comunica la persona que requiere la práctica, a solicitud de las regionales con mayor diversidad étnica y que en el proyecto del PEN desaparece del articulado.
Verano de pañuelos
El proyecto para la legalización de la IVE podría avanzar a paso rápido. Tanto en el Senado como en Diputados, la intención del oficialista Frente de Todos es que antes de fin de año los dos proyectos del Ejecutivo sean ley. La idea es que llegue a Senadores para que pueda tratarse en lo que queda de 2020, aunque el debate podría continuar en 2021, ya que el Congreso sesionará durante enero y febrero. Si bien los argumentos de quienes defienden la legalización y de quienes se oponen a la iniciativa ya son conocidos –el debate de 2018 fue extenso, exhaustivo y plural– y también existe consenso en relación a que el tema ya está socialmente instalado, lxs opositorxs intentarán demorar el trámite, insistiendo en que es necesario un debate más prolongado.
De acuerdo con el conteo provisorio realizado al cierre de esta edición, en Diputados el proyecto del Gobierno nacional está más cerca de obtener la media sanción que en el Senado, donde el panorama es complicado. En la Cámara Baja hacen falta 129 votos positivos, mientras que en la Alta se necesitan 37. Ambas cifras equivalen a la mayoría simple de cada cuerpo.
Lo cierto es que en diciembre o en enero, el aborto legal volverá a ser motivo de una votación reñida, que tendrá en vilo a las feministas del país y más allá, y que será atravesada por la ansiedad de dos sectores sociales fuertemente decididos a dar la disputa en las redes y en los medios –más que en las calles– para defender un derecho que, una vez más, tiene al cuerpo de las mujeres como territorio de batalla. El nivel de movilización presencial que se pueda generar es todavía un misterio. Aunque muchxs entienden que no es momento de marchas masivas a causa de la pandemia, es posible que la IVE empuje a la calle hasta a las más prudentes para levantar con otras su pañuelo.
Las cifras imprecisas y las vidas en peligro
En Córdoba, según estadísticas del Ministerio de Salud provincial, existe “un leve ascenso” de la muerte materna: en 2018 la tasa fue del 3,2 por 10 mil nacidos vivos, lo que representa un incremento del 18 por ciento con respecto al 2015, cuando se registraron 2,7 fallecimientos por cada 10 mil nacidos vivos. En cuanto al detalle de las cifras, 10 de las 17 muertes se debieron a causas obstétricas directas (complicaciones en el embarazo, parto o puerperio), y el resto tuvo causas indirectas, es decir, aquellas que resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o que evolucionaron durante el mismo.
Más allá de esos números, es complejo identificar cuántas de esas mujeres murieron específicamente como consecuencia de abortos clandestinos. Una causa oficialmente calificada como “hemorragia”, por ejemplo, bien puede ser consecuencia de una interrupción no segura del embarazo.
Desde hace algunos años, circula la información de que en Argentina se producen anualmente entre 335.000 y 500.000 abortos, mientras que se registran alrededor de 700.000 nacidos vivos por año. Pero los números precisos se desconocen, precisamente por ser una práctica penalizada y porque, cuando existen internaciones por complicaciones derivadas de un aborto, la información oficial no siempre refleja o detalla la situación real de quien sufrió consecuencias para su salud o perdió la vida.
El último fallecimiento que se dio a conocer en Córdoba fue el de Mariela (seudónimo), una mujer de 40 años que durante tres semanas luchó por salvarse en un hospital de la provincia, donde permaneció internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Según el comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, “en los últimos días, había registrado una leve mejoría en su salud, por lo que ella esperaba con ansias regresar a su casa, pero tras dos paros cardíacos, falleció el 7 de noviembre a causa de las complicaciones que le provocó no acceder a un aborto seguro”.
El texto indica que se trataría de la primera mujer que muere por la
clandestinidad del aborto en Córdoba, en tanto que a nivel nacional sería la cuarta. “En pandemia, los abortos siguen ocurriendo. Por eso, es urgente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo: sin ley, las mujeres y personas gestantes se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros y mueren por no acceder al sistema de salud de manera adecuada”, dice el comunicado. A nivel nacional, los últimos datos desagregados de egresos hospitalarios corresponden a 2016 e indican que en Argentina 39 mil personas fueron internadas después de un aborto. Un 16% de estas mujeres tenían entre 10 y 19 años; y un 26%, entre 20 y 24 años. Por su parte, de acuerdo con la última información publicada por el Ministerio de Salud de la Nación, en 2018 murieron 35 personas por embarazos terminados en aborto.
Tampoco es posible contabilizar las consecuencias de distinto tipo (maternidades forzadas, abortos clandestinos, etc.) que ha implicado en Córdoba la suspensión durante siete años del protocolo de aborto no punible, autorizado en Argentina desde 1921 en casos de riesgo para la salud o la vida de las mujeres y en casos de violación. A raíz de una medida cautelar impuesta por la asociación civil Portal de Belén, que tuvo vigencia entre 2012 y 2018, en la provincia no hubo claridad ni homogeneidad entre los proveedores de salud respecto a cómo actuar en relación a los casos de abortos comprendidos por la ley, y muchas mujeres estuvieron impedidas de acceder a ese derecho.
Quienes han requerido atención y acompañamiento para la interrupción del embarazo han recurrido a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, y también a la importante red de socorristas, que canaliza y atiende a mujeres que buscan interrumpir su embarazo a nivel comunitario y territorial.
Jóvenes, pobres y presas
La discusión en torno a las posibles causas para la penalización de las mujeres que abortan cobra especial importancia cuando se consideran los datos actuales. Desde 2012 hasta la actualidad al menos 73 mujeres fueron penalizadas en el país por eventos obstétricos. “La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud”, dice un documento elaborado por el CELS, que desde noviembre de 2019 coordina una investigación sobre criminalización del aborto y de otros eventos obstétricos junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. La investigación cuenta con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Los 73 casos de criminalización informados corresponden a registros relevados en medios de comunicación de todo el país, lo que ya permite deducir que existe un importante subregistro en las cifras. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias.
La mayoría de las mujeres –no se encontraron varones trans o personas no binarias criminalizadas– tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen unx o más hijxs. “Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres”, indicó el CELS.
En Córdoba, en los últimos diez años se tramitaron 53 causas por el delito de aborto. Así lo indica el “Informe sobre la actividad judicial en causas por delitos de abortos punibles entre enero de 2010 y diciembre de 2019”, publicado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales que depende del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de una cifra que parece exigua pero que pone en evidencia la inequidad que implica la persecución penal de las mujeres que abortan: quienes tienen más recursos tienen más posibilidades de salvar sus vidas en la clandestinidad y, también, menos chances de ser incluidas en un expediente judicial.
*Periodista. Coordinadora del programa de género de la FCC