Con la crítica intacta al kirchnerismo por la deficiente aplicación de la Ley de medios, Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información señala que el Gobierno actual no tiene en agenda generar un espacio para el pluralismo y que hay retrocesos en el derecho a la libertad de expresión.

Por Micaela Fe Lucero. Fotos: Marcos Mattos Publicado en El Cactus Nº 6.

En medio de un panorama comunicacional agitado y lleno de interrogantes, Martín Becerra acaba de publicar Medios en guerra: balance, crítica y desguace de las políticas de comunicación 2003-2016, en coautoría con Guillermo Mastrini.

Además, su blog “Quipu” es una actualización constante del debate sobre la comunicación en Argentina y una muestra de por qué Becerra es una de las voces más respetadas y consultadas en materia de política y comunicación.

Hablar con él es mejor que leerlo. Transmite pasión y nos invita a mirar aquello que no podríamos haber considerado antes. En esta entrevista con El Cactus, el investigador de CONICET y docente en la UBA brinda algunas claves para navegar en el confuso mar comunicacional argentino.

Entre los debates por las deudas que quedaron de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las incertidumbres sobre la futura se abre un escenario para pensar qué políticas de comunicación queremos. En este sentido, escucharlo es un excelente punto de partida.

Una de tus críticas es que la Ley de SCA dejó muchos asuntos pendientes, como el 33% de las licencias correspondiente a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Crees que el ENACOM va a avanzar en ese punto?

Creo que no. El ENACOM no tiene en su agenda de preocupaciones cumplir con los objetivos ni con la letra de la ley de medios. Más bien, sus integrantes han tenido un posicionamiento que se orienta a desactivar algunos de los principios de la ley y a satisfacer las necesidades de los grupos más concentrados. Por otro lado, ignoran aquellos aspectos relacionados con los derechos sociales como el 33 por ciento destinado a las organizaciones sin fines de lucro. Algunos artículos siguen vigentes por ahora, pero cada vez que el sector de medios comunitarios le traslada sus inquietudes al Gobierno por la falta de respuestas, la respuesta es indolente, no les interesa, no forma parte de su agenda. No dicen que van a desactivar lo que existe, pero tampoco se comprometen en su cumplimiento. Es un “no sabe/no contesta”, digamos.

Las nuevas políticas comunicacionales, dicen estar orientadas por la necesidad de dar respuesta a la convergencia. ¿Garantizan la pluralidad de la comunicación bajo este fenómeno? 

Creo que es difícil que lo hagan. El término convergencia, es un término polifacético y una especie de comodín, ya que no tiene ninguna definición clara. No hay en ningún lugar del mundo una verdadera ley convergente, sino sólo la yuxtaposición de una ley a la que se le pone de título convergencia, y que tiene dos capítulos: uno del sector audiovisual y otro para telecomunicaciones. El Gobierno pretende que los operadores de telecomunicaciones puedan realizar actividades en el mundo audiovisual y viceversa. Sobre todo, que es lo que ya permitieron, que los actores del campo audiovisual puedan hacer comunicaciones. Parece que desde la perspectiva del Gobierno no consideran a la concentración como un problema. Entonces, si la pregunta es qué pasa con las políticas de estímulo al pluralismo o a la diversidad, que por cierto fueron muy erráticas en los gobiernos de Cristina Kirchner, yo diría que son bajas. Porque al permitirles a los grupos más concentrados una expansión mayor a la que ya tienen, obtura la posibilidad de que haya otros sectores sociales que accedan a las plataformas de producción y sobre todo distribución, significativas de contenidos de información y entretenimiento

En un gobierno que respalda como si fuera natural la convergencia y la concentración del mercado, no parece ser un tema importante o prioritario la cuestión del pluralismo y la diversidad. Sí creo que está en el ánimo del Gobierno una concepción clásica y liberal de libertad de expresión, que está bien, aunque es incompleta. Me parece bien que ningún operador de medios sea molestado por su línea editorial, eso está en la Constitución Nacional, pero es incompleto porque sólo refiere a los que tienen acceso al sistema de comunicación, que son muy pocos y concentrados. ¿Y el pluralismo o el derecho a la diversidad, o el derecho a la libertad de expresión de los que no tienen acceso? Bueno, eso no parece ser una preocupación de este gobierno.

“En un gobierno que respalda la convergencia y la concentración del mercado, no parece ser prioritaria la cuestión del pluralismo”.

En una conferencia en la FCC, Denis de Moraes dijo que la LSCA era una de las más avanzadas a nivel latinoamericano. ¿Cómo está hoy nuestra legislación comunicacional comparada con la de otros países latinoamericanos?

Bueno, yo tengo una diferencia importante con De Moraes. Él considera que la ley es una de las más importantes y, además, apoyó la aplicación que hizo el kirchnerismo de la ley. Yo considero que es una de las normas más importantes pero creo que la aplicación fue profanadora del texto de la ley. En términos de los artículos que siguen vigentes, la ley Argentina tiene, comparada con el resto de la región, una legislación que no está mal, incluso a pesar de los efectos del DNU 267.  Los aspectos de la ley que no fueron derogados aunque no se cumplen, como tampoco se cumplieron hasta diciembre de 2015, son de avanzada en materia regulatoria. Ni Chile, ni Brasil los tiene, aunque Uruguay sí.

Entonces ¿Cuál es la falencia de la Ley SCA en la actualidad?

Lo que pasa es que le amputaron todo el tema de la concentración de los medios, que es fundamental. Hoy sigue siendo vigente lo del 33 por ciento de las licencias, destinado a las organizaciones sin fines de lucro; sigue el mandato de que los medios del estado sean plurales y no gubernamentales, que sean auténticamente públicos. Sin embargo, dejó de tener vigencia que la autoridad de aplicación no sea gubernamental ya que el gobierno de Macri la gubernamentalizó todavía más con la creación del ENACOM. Entonces hubo claros retrocesos que afectan el derecho a la libertad de expresión de buena parte de la comunidad y eso es muy preocupante. Eso motivó a que algunos sostuviéramos, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Gobierno argentino estaba desarrollando una política regresiva en materia del derecho a la información y a la libertad de expresión.