Por Renata Chiacchietta y Rodrigo Savoretti *
El proceso penal contra seis militantes ambientalistas que participaron de un escrache al intendente de Cosquín, como parte de las manifestaciones contra la Autovía de Punilla, vuelve a exponer la criminalización de la protesta en Córdoba. En el contexto de la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, la causa adquiere un sentido aleccionador frente a similares conflictos.
En la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores se realizará una audiencia el lunes 29 de julio, donde se debatirá si se lleva o no a juicio oral y público a seis defensores ambientales que participaron de un escrache al intendente de Cosquín, Gabriel Musso, en el contexto de las protestas contra la obra de la Autovía de Punilla.
El 28 de mayo, el Juez de Control de Cosquín, Ramiro Núñez, resolvió la elevación a juicio de la causa contra Marco Enrique D’Angelo, Federico Ernesto Díaz, Alba Cristina Ortiz, Matías Marcelo Pérez, Marcela Alejandra Martín, Gabriela Taborda Varela y Cristian Mariano Viglietti, por “amenazas”, “resistencia a la autoridad” y “daños”, a partir de la imputación dispuesta por la fiscal de instrucción Paula Kelm. La decisión, apelada por las defensas, deberá ser revisada por la Cámara de Villa Dolores.
En los últimos tres años, Kelm también imputó a otros once militantes, siendo un total de dieciocho las personas acusadas en distintas causas por la misma fiscalía, todas relacionadas a la resistencia de los vecinos a la construcción, denunciada como “ilegal e ilegítima”, de la llamada Autovía de Montaña.
“En Punilla, Córdoba, la defensa de los derechos, de los territorios y de los bienes comunes ha dejado 18 personas imputadas. Nos comunicamos para informarles que hay seis compañeres que han sido elevados a juicio. Se ha presentado la apelación, la cual ha sido aceptada, y esta instancia se llevará a cabo el 29 de julio en Villa Dolores desde la mañana”, convocaron los Imputadxs de Punilla en un comunicado en el que solicitaron ayuda para los gastos de la defensa jurídica y transporte a través de una cuenta bancaria (Alias: rebel.mundo / Teléfono: 3548-462591).
Además, denunciaron la persecución y criminalización de la protesta ambiental: “¡Defender los derechos NO ES DELITO, seguiremos luchando por la Madre Tierra, el agua y los territorios!”.
Un valle de intereses
En 2017, las comunidades afectadas comenzaron a poner en común sus inquietudes en torno a la autovía. Con el primer tramo ya construido, atraviesa zonas rojas de alto nivel de conservación, según el ordenamiento territorial dictado por la Ley de Bosques en una provincia donde sólo se conserva el 3 por ciento de bosque nativo.
Las organizaciones sociales de la zona advirtieron que la traza impacta -e impactará si avanza la obra- de manera negativa en los territorios. “Divide comunidades indígenas y afecta el patrimonio natural, cultural y espiritual de la región”, expresaron en más de una oportunidad las y los vecinos del Valle de Punilla.
El rechazo a la iniciativa provincial generó una respuesta organizativa en las comunidades, traducida en la formación de asambleas, que se conformaron como sujeto político colectivo cuya primera misión consistió en establecer una mesa de diálogo con las autoridades locales, provinciales y viales.
“A partir de allí hubo un conflicto que se prolongó a lo largo de siete años, no es algo nuevo ni emergente”, expresa al Portal Qué Marco Dangelo, docente y comunicador social, integrante de la Comisión Ejecutiva Local de la CTA Autónoma Punilla.
Luego de cuatro años de construcción política socio ambiental y comunitaria, las y los vecinos organizados lograron en 2021 convocar una audiencia pública, en la que el 90 por ciento de la población rechazó la autovía. Sin embargo, el Gobierno de Córdoba alegó que la instancia no era vinculante y se desentendió de un consenso mayoritario explícito.
Casi 700 personas se inscribieron como expositoras en la Audiencia Pública Digital organizada para el 9 de abril por la administración provincial. La mayoría de las personas que plantearon su oposición al proyecto argumentaron principalmente sus opiniones en las falencias del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado por la gestión encabezada en su momento por Juan Schiaretti.
En este sentido, las y los vecinos criticaron que quienes estuvieron a cargo de la realización del EsIA no tuvieron en cuenta ni estuvieron preparadas para relevar áreas claves, como lo sanitario, social, cultural, la fauna silvestre, etcétera. Además, acusaron que no se fundamentó por qué el impacto en el territorio sería “neutro”, tal como se afirmó en el documento. Por otra parte, tampoco estableció qué estudios hidrogeológicos se hicieron para las perforaciones previstas para el uso de agua subterránea, denunciaron los activistas.
Bosque y ciudadanía: ¡Afuera!
En 2021, a meses de la Audiencia Pública, el Concejo Deliberante de Bialet Massé, en sesión extraordinaria y sin aviso previo a los vecinos, votó por unanimidad la factibilidad del uso del suelo para habilitar el paso de la autovía por el ejido municipal. Pocos meses después, el Intendente de Cosquín, Gabriel Musso, hizo lo mismo pero sin el justo tratamiento en el Concejo Deliberante local, incumpliendo con las leyes de Participación Ciudadana y de Acceso a la Información Pública.
Por ese motivo, el 13 de agosto de 2022 se realizó en la Plaza San Martín de Cosquín un plenario general de todas las organizaciones socioambientales del Valle de Punilla. Para sorpresa de quienes se encontraban allí, Musso (hoy ex intendente) se instaló junto con otros dos funcionarios en la cafetería Plunder’s, a escasos metros del encuentro vecinal.
“Musso venía rechazando el diálogo con nosotros, pero se sentó a pocos metros, lo que para algunos compañeros constituyó una provocación, por lo que se decidió ir a interpelarlo”, afirma el entrevistado.
El clima social en aquel año en Cosquín era de máxima tensión: el 10 de julio, policías de la comisaría asesinaron por asfixia mecánica a Jonathan Romo (35), lo que generaría una gran conmoción en la localidad, al tratarse de un joven con padecimientos de salud mental. Catorce días más tarde, policías encapuchados a cargo del comisario mayor Sergio Mansilla de la Departamental Punilla golpearon hasta perforarle un pulmón a Franco Méndez, nieto de Abel Méndez, abuelo de 84 años desalojado a la fuerza por vivir en un territorio donde pasó la traza de la Autovía Variante Costa Azul.
“En ese contexto de amedrentamiento policial se produjo este evento con el intendente. Cuando Musso se retira, la Policía de Córdoba empieza a reprimirnos, tira a los compañeros al suelo y a mí me patean. A un joven lo agarraron del cuello y lo arrinconaron entre unos diez policías, lo tiraron contra un portón prácticamente ahorcándolo, y los manifestantes pidieron que lo suelten”, relata Marco.
Dangelo no es el único comunicador reprimido e imputado por ejercer su rol de periodista dando cobertura el día de los hechos. Gabriela Taborda Varela, militante ambientalista, estudiante de la FCC-UNC y reportera de Radio Revés, sufrió también la represión policial y la posterior imputación.
“Como reportera de Radio Revés, fui a hacer un registro e intentar entrevistar a Musso, pero en ese momento la Infantería comienza a ejercernos violencia y a querer llevarse un compañero detenido. A mí me amenazan y me sacan las rastas que tenía en aquel momento, e intentan quitarme la tablet con la que estaba registrando los hechos, fue una situación muy violenta”, recuerda Taborda.
Las imputaciones realizadas por la Fiscal Paula Kelm llegaron a las 24 horas. “Lo llamativo son las imputaciones que aparecen horas después del hecho, como si ya hubieran sido redactadas de antemano -señala el comunicador y docente-. Es muy sospechoso lo expeditivos que fueron, cuando nosotros venimos con presentaciones judiciales desde 2017, con una causa, un pedido de recurso de amparos, con numerosos pedidos de cautelares por delitos ambientales y arqueológicos y nada de eso se ha movido. Y de pronto una situación de represión deriva en seis imputaciones y ahora la elevación a juicio”.
“La fiscal Paula Kelm es quien tiene que dar respuestas por el caso de Cecilia Basaldúa (víctima de un femicidio aún impune), pero se toma el tiempo para sostener que hemos cometido un delito, al tiempo que no toma ni las pruebas ni los testigos aportados por nuestras defensas”, acusa Gabriela Taborda.
De cómo militar por el ambiente en la Argentina del RIGI
La elevación a juicio de los militantes socio ambientales se da en un contexto donde el Gobierno nacional busca profundizar a una inédita velocidad el sistema y modelo económico identificado por las asambleas como “ecocida y extractivista”.
El 28 de junio, la Cámara de Diputados aprobó -luego de seis meses de debate en las comisiones del Congreso, represiones en las calles y detenciones arbitrarias- la denominada “Ley Bases”, que contiene el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El RIGI es criticado por las asambleas de Punilla y Paravachasca “porque los beneficios otorgados a las empresas adheridas, tendrán prioridad por sobre el respeto a los derechos humanos y el ambiente”. “Va en contra de lo establecido por la OIT y leyes nacionales, vulnerando el derecho de las comunidades indígenas y campesinas de tener participación en los procesos de toma de decisiones que van afectar a los territorios”, acusan.
En este sentido, la normativa otorga numerosos beneficios a las grandes corporaciones transnacionales, como la exención de impuestos claves, e indica que las eventuales controversias judiciales se resolverán en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que en 45 demandas resueltas decidió fallar en contra de la Argentina y a favor de las empresas privadas, cuyo costo para el país alcanzó los 9 mil millones de dólares, según detalló el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Además, a lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación. Las empresas que el Gobierno Nacional busca que se instalen en Argentina en su mayoría son empresas de la mega minería, explotadoras de minerales como el cobre, oro, litio, plata, cobre, etc. Según la ONU, el 80 por ciento de estos bienes comunes naturales se encuentran en territorios pertenecientes a comunidades originarias, quienes con el RIGI en marcha estarían en mayor peligro del que ya afrontan.
“Es algo inédito y que muestra que las intenciones son reprimir y disciplinar al campo de la lucha popular y ambiental para que dejemos de manifestarnos y que ellos puedan hacer lo que quieran. Es directamente un atentado en contra de las bases mismas de la democracia”, advierte Marco.
* Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la FCC-UNC, en prácticas en el proyecto “Cobertura periodística de juicios con impacto social”, coordinado por Alexis Oliva.