Por Ana Carol Solis *
Politizada y movilizada desde fines de los años 60, la UNC fue a partir de 1974 blanco del disciplinamiento y la persecución a sus estudiantes, docentes y no docentes. Ya en dictadura, también fue el objetivo de un viraje hacia una orientación elitista y refractaria a las humanidades, las artes y las ciencias y sociales.
Un rasgo de la historia reciente local fue el protagonismo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el ciclo de radicalización política e ideológica de fines de los sesenta y comienzos de los años setenta; proceso éste que tuvo su correlato en la implementación adelantada de políticas disciplinadoras, incluso mucho antes del golpe de 1976.
Continuamente intervenida durante esos años, la UNC se convirtió en los primeros años de la dictadura cívico-militar en un referente clave junto a otros poderes del Estado. Viró de protagonizar la movilización a hacerlo en la desmovilización y despolitización de los claustros. Tal como se debatirá en el juicio que se inició el 9 de septiembre, la universidad fue otro de los escenarios de la represión a lxs universitarios. Varias de las víctimas de este doceavo juicio pertenecían a la comunidad universitaria. Sus comunidades construyen memorias por estos días, recuperando biografías y vivencias, reafirmando compromisos y acompañando una nueva escena de justicia.
En este breve escrito me propongo compartir que para lxs universitarixs, no se trató sólo de la universidad como un escenario más de la represión, sino de una verdadera reorientación conservadora y de pretensión refundacional. La UNC se construyó en un referente público de la avanzada desmovilizadora, junto a las autoridades civiles y militares locales, y se ocupó especialmente de modificar las orientaciones, prácticas y posiciones de lxs estudiantes.
Movilización y desmovilización
Con el retorno del peronismo al poder en 1973 en la nación y la provincia, le correspondió ejercer el rectorado de la UNC al Dr. Próspero Francisco Luperi, un peronista histórico con antecedentes en la gestión universitaria. Según Norma San Nicolás (2013) los cambios se notaron rápidamente: el ingreso irrestricto, la vigencia del cogobierno, el reconocimiento de los estudiantes y de sus centros como actores fundamentales, la reincorporación de los docentes cesanteados por causas políticas, los esfuerzos por cambiar la ley universitaria y hasta la aprobación del ingreso de mujeres al Colegio Nacional de Monserrat. Esa vocación de diálogo percibida como amenaza llevó a su remoción promovida por la derecha peronista.
En 1974 se produjo el Navarrazo que destituyó a las autoridades constitucionales por un golpe policial y la Provincia se mantuvo intervenida hasta el golpe de 1976. Con el avance de un escenario fuertemente desmovilizador, la UNC también se convertía en un espacio de disputa, reafirmando la importancia que tenía para los procesos locales y nacionales. La universidad fue de igual modo intervenida en el marco de la denominada “Misión Ivanissevich” (por el Ministro de Educación y Cultura de la Nación Oscar Ivanissevich y su ofensiva contra la universidad), que produjo la intensificación represiva y el viraje en su orientación. Ese progresivo enmarcamiento de la universidad como una institución amenazada, que debía ser normalizada y controlada, ha sido trabajado desde diferentes perspectivas, avanzando en la reconfiguración ideológica y en las políticas y efectos represivos. ¿Pero cómo eran vistos los estudiantes? ¿Qué lugar se les asigna a ellos y sus familias?
En los últimos meses de 1975, la creciente militarización coincidió con una mayor afectación de las políticas de disciplinamiento y persecución, y con sustanciales cambios en las modalidades y efectos represivos. A fines de ese año, en medio de una ascendente ola de secuestros y desapariciones que en la semana posterior llegaría a cubrir las primeras planas de los tres diarios locales, el interventor Mario Víctor Menso a cargo del rectorado realizó un balance de su gestión, mostrando los logros de su política de disciplinamiento y despolitización. Este mensaje tuvo como principales destinatarios a los padres de los estudiantes universitarios, a quienes les agradeció por el decidido “aporte y contribución a lo que hemos proclamado durante todo el año, que es trabajar, estudiar y enseñar en orden, en disciplina, en paz, en armonía, con jerarquía académica, en libertad” (Córdoba, 2/1/1976, p.2). Esa mirada infantilizada de las otrora juventudes protagonistas, que reponía el rol tutelar de los padres, fue reafirmada con insistencia: “Creemos sinceramente que las fuerzas morales de los padres son los fundamentos básicos en la formación de los hijos (…) es de tal importancia, de tanta responsabilidad, de tanta jerarquía moral, de tanto esfuerzo y sacrificio que estamos convencidos que Dios y la Patria agradecerán permanentemente, a todos los padres que queman su vida en la consolidación de la familia y de los principios morales que hacen a la esencia de nuestra formación humanística y de profundo contenido social, en defensa de nuestra cultura occidental y cristiana y del ser nacional” (Córdoba, 2/1/1976, p.2).
Si bien expresiones como la anterior eran conocidas en el ideario conservador, resulta menos claro el rol que se le asigna a la universidad en esta coyuntura nacional: “No concebimos una Universidad aislada, encasillada en el orgullo, la vanidad y la soberbia de clase, porque no somos clasistas. Consideramos que la Universidad es una institución de todo el pueblo a quien debe servir permanentemente y que debe estar integrada en forma total y absoluta al quehacer de la Nación” (Córdoba, 2/1/1976, p.2).
En la perspectiva del rector interventor la misión de la universidad era “procurar que las mentes fértiles de la juventud puedan desarrollar con libertad los preciosos frutos que siembra la madre Universidad (…) en contra del individualismo capitalista, deshumanizado, que es una ideología apátrida disolvente e igualmente esclavizante”.
Más allá de las declaraciones del rector, la universidad no era entonces –en la antesala del golpe– una institución normalizada y controlada. Muy por el contrario, incluso habiendo recrudecido el disciplinamiento interno, era todavía un espacio fuertemente politizado. Esa persistencia (claramente más amenazada también) de entramados activados, que incluía a centros de estudiantes, comités contra la tortura y la represión y la acción de múltiples militancias, participaba de las denuncias y acciones públicas de repudio ante el avance de la escalada represiva contra las versiones de una escalada terrorista o subversiva.
“Creemos sinceramente que las fuerzas morales de los padres son los fundamentos básicos en la formación de los hijos (…) estamos convencidos que Dios y la Patria agradecerán permanentemente, a todos los padres que queman su vida en la consolidación de la familia y de los principios morales que hacen a la esencia de nuestra formación humanística y de profundo contenido social, en defensa de nuestra cultura occidental y cristiana y del ser nacional” (declaraciones del interventor de la UNC, Mario Menso, diciembre de 1975)
Este interés por la familia y el agradecimiento a los padres iba de la mano con otras medidas modeladoras del estudiantado, como el ingreso por cupos, la fijación de prioridades en el cupo por carreras que hacía el rectorado de la UNC y también la asignación del cupo por preferencias geográficas. Esta preferencia se justificaba en “un principio fundamental de defensa de las instituciones fundamentales, entre ellas y primordialmente las familias, hace necesario que el estudiante curse su carrera en la Universidad donde la célula familiar tiene su sede”. Además, los alumnos obligatoriamente debían consignar los nombres completos de los padres o tutores para que, hacia mediados de año, le sean informadas las materias aprobadas y su posición en el plan de estudios vigente. Para el ingreso de 1976 se fijó un cupo de 12.000 estudiantes, se requería además para la inscripción presentar certificado de buena conducta y antecedentes personales, estudios completos y certificados de convivencia, los que debían ser originales, legalizados y serían archivados en las respectivas dependencias. En resumen, en la universidad pregolpe ya existían cupos, mayores restricciones al ingreso y la permanencia de los estudiantes y lineamientos disciplinadores de orientación conservadora.
No solo una cuestión de escala
El adelantamiento y viraje conservador previo no supone reconocer sólo una continuidad profundizada en términos de intensidad una vez consumado el golpe del 24 de marzo de 1976. Con todo el poder del Estado sometido a control unilateral, las modificaciones fueron mucho más que un problema de escala o intensidad, sino un verdadero proyecto refundacional.
En diciembre de 1976 se publicó un suplemento en La Voz del Interior que resumió balances de figuras protagónicas del nuevo orden. El rector de la UNC de ese momento, el delegado militar comodoro Jorge Luis Pierrestegui, contestó a la pregunta por la situación en la universidad con la siguiente expresión: “normal en todo sentido”. Una normalidad explicada por la “revitalización del nivel académico, traducido en una dedicación minuciosa de los docentes a la tarea de enseñar y de los alumnos a la de adquirir, responsablemente, los conocimientos adecuados” (La Voz del Interior, 31-12-76, p. 17). En la práctica, esa normalidad se traducía en una profunda despolitización y un fuerte avance de la represión en el escenario universitario, como lo muestran los datos de las desapariciones y asesinatos que afectaron a esta comunidad. Pero además, si observamos las políticas académicas implementadas, ni en las prioridades de carreras, ni en el cupo, ni en los balances de acción, las humanidades y las ciencias sociales y artísticas configuraban áreas de importancia para la UNC.
“Varias de las víctimas de este doceavo juicio pertenecían a la comunidad universitaria. Sus comunidades construyen memorias por estos días, recuperando biografías y vivencias, reafirmando compromisos y acompañando una nueva escena de justicia”
Disciplinar y rediseñar
¿A qué apuntan las políticas universitarias de la dictadura? Además de contribuir al disciplinamiento y a la persecución de la “amenaza subversiva”, el objetivo principal del rediseño institucional de las universidades en dictadura fue la desmasificación; pues atribuían a ese perfil masivo las causas de la radicalización previa. Precisamente, para el poder dictatorial la “masificación” de la universidad ocurrida desde mediados del siglo XX había alimentado el proceso de radicalización política de estudiantes y profesores, un fenómeno que había terminado instalando la subversión en sus aulas. En consecuencia, las políticas de “redimensionamiento” de 1976 a 1980 modificaban el ingreso y permanencia, establecían áreas prioritarias, vocaciones, y limitaban fuertemente la dimensión del mundo universitario.
Por ello, las modificaciones que impactaron en la composición de la comunidad universitaria, y en particular del estudiantado, afirman la pretensión refundacional del régimen de la dictadura, donde el orden no se convertía en un fin en sí mismo, sino en una precondición para despolitizar y achicar la universidad, volviéndola a situar como una institución garante de la reproducción de las elites. Los análisis sobre la matrícula decreciente y el cambio del peso de algunas carreras marcan el sentido restrictivo de este rediseño (Inchauspe y Solis, 2019).
Sin embargo, el radical cambio de orientación no tuvo sólo a inicios de la dictadura aspectos centrales. La otra gran modificación fue la introducción del arancel, habilitado desde 1980 por una nueva ley universitaria. En septiembre de 1980, el Rectorado de la UNC comunicó precisiones del arancel respecto de la modalidad de definición y los destinos de los fondos recaudados, afirmando que no afectaría el acceso de los estudiantes de menos recursos económicos. Se adelantaba que no estaba fijado el monto y podría variar según las carreras y que se fijarían pisos y montos máximos nacionales. Los fondos recaudados por vía de arancelamiento deberían ser destinados a servicios para los alumnos en forma de becas, subsidios y créditos; y para mejorar bibliotecas y fomentar la realización de actividades recreativas y deportivas (2/9/1980, p.9). Esto finalmente no ocurrió exactamente así y el arancelamiento recibió incluso fuertes críticas internas sobre la oportunidad del arancel, el costo político de hacerlo y la efectividad de esta medida. Más allá de la real implementación, importa señalar que los debates que asumimos y las resistencias con que supimos enfrentar en los años noventa el arancelamiento de la educación superior (que por cierto la UNC aprobó incluso antes que a nivel nacional) ya habían sido medidas diseñadas por la dictadura.
En ocasión de un nuevo juicio en Córdoba que incluye víctimas de nuestra comunidad, este escrito ha pretendido asociar no sólo la represión a los universitarios con la búsqueda de despolitización y desmovilización, propios de una agenda conservadora, sino también con un proyecto refundacional que buscaba desmasificarla y convertirla en una universidad pequeña y arancelada, en las antípodas del sentido democratizador y popular que las diferentes luchas le habían asignado en la etapa previa. En términos de memorias, ecos de otras luchas resuenan al evocar las biografías individuales y colectivas de lxs universitarixs represaliados por el terror de estado y de las actuales que siguen defendiendo la universidad pública.
Obras citadas
INCHAUSPE, Leandro y SOLIS, Ana Carol (2019) “Los estudiantes comprendieron la misión de la Universidad: el docente, de enseñar, ellos de aprender”. La UNC de la intervención a la dictadura: políticas de ingreso y disciplinamiento. En Abratte, Juan Pablo y Roitenburg, Silvia (comps.) Hacia los 100 años de la Reforma de 18. Discursos y efectos del reformismo en la historia de la educación, la cultura y la política argentina. Córdoba: Editorial FFyH UNC.
SAN NICOLÁS, Norma (2013) “Reflexiones sobre la universidad y el terrorismo de Estado” en ROMANO, Silvia (comp) Historias recientes de Córdoba, Córdoba: Editorial FFyH UNC.
* Doctora en Estudios Sociales de America Latina, profesora adjunta de Historia Argentina II en la Escuela de Historia de la FFyH-UNC y profesora adjunta de Historia Argentina Contemporánea en la FCC-UNC.
Foto principal: La izquierda diario – Córdoba