La Ley 26.160 de emergencia de propiedad y posesión de tierras de comunidades indígenas se sancionó en 2006 y se prorrogó cuatro veces (2009, 2013, 2017 y 2021). Buscaba poner fin a los desalojos en territorios de pueblos originarios a través de su relevamiento. Sin embargo, los conflictos entre las comunidades y las autoridades persisten.
Por Fabricio Nieto Verri *
De acuerdo a la última actualización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la Argentina viven 39 pueblos originarios en 1779 comunidades. El relevamiento se realiza desde hace dieciséis años, cuando entró en vigencia la ley de emergencia de propiedad y posesión de tierras indígenas. Sin embargo, muchas comunidades aún no gozan del título de “comunidad” y sufren por ello los desalojos y la expropiación de sus tierras.
En 2006, Alicia Kirchner propuso al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Emergencia Territorial en forma conjunta con organizaciones indígenas. Había una gran movilización por parte de las comunidades acompañadas por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI). Este organismo fue un salto preparatorio para lo que hoy en día es el Consejo de Participación Indígena (CPI).
“Fue una demanda, una necesidad por los desalojos que se estaban produciendo en ese momento. No solo por el avance de las fronteras agropecuarias, sino también por el desmonte, por ejemplo, en el Chaco Salteño. En términos generales, la Ley 26.160 es un derecho que tiene como puente el Convenio 169. Esta habla de la demarcación de los territorios y garantizar la protección de los derechos indígenas, instituyendo para ello procedimientos adecuados para la resolución de los conflictos. También tiene como puente el Artículo 75 – Inciso 19, que hace doce años que está vigente”, cuenta Marcelo Lezcano, abogado, miembro de la Comunidad Kolla “Los Airampos” (CKOA) e integrante de la Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina (CJIRA) del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
A pesar de la escasa visualización, las luchas por las tierras están latentes a lo largo del país. De norte a sur, las comunidades sufren de la expropiación de sus tierras, un lugar que tiene un valor ancestral y espiritual e identifica a cada comunidad.
En la actualidad, el conflicto en Villa Mascardi, Río Negro, es el más visualizado por los medios. La comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Map reclama la represión y desalojo que sufre por parte del Estado. El diálogo entre las partes no prospera y los derechos indígenas son vulnerabilizados. Cabe destacar que el relevamiento ordenado por la Ley 26.160 en la provincia de Río Negro fue suspendido en 2013.
En ese contexto, la aplicación de la ley lleva para quienes viven en el territorio una espera de lustros. Pasan los años y las diferentes administraciones públicas no logran su concreción. En una entrevista con Qué Portal, Lezcano opina que “no hay voluntad por parte del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo provincial. Desvían su mirada para otro lado y, por lo tanto, no aplican la política. Conforme a lo que dice el Artículo 75, la Nación y la provincia tienen facultad concurrente. La Nación no puede ir a hacer el relevamiento sin el acompañamiento de la provincia. Tiene que haber un diálogo entre la provincia y la Nación para poder en práctica ese derecho. Claramente, la política lleva tiempo y su mala administración no permiten la aplicación de la normativa en el debido tiempo”.
Esta lucha de los pueblos y comunidades indígenas no es algo nuevo, sino un proceso de generaciones en lucha por el reconocimiento de sus tierras y sus derechos.
“Cabe mencionar que es una ley de orden público que nadie la puede desconocer, pero lamentablemente rebota en la vulnerabilización de los derechos indígenas y la falta de conocimiento. Ese es el efecto negativo. A pesar de esto, muchas comunidades se han reorganizado y siguen luchando para su aplicación”, expresa Lezcano.
“La situación es variada y heterogénea. Responde a necesidades propias de cada territorio, a las diferentes modalidades que adoptaron las relaciones interétnicas en cada una de las provincias. Si lo queremos pensar regionalmente, no es lo mismo la situación de los pueblos indígenas en Córdoba que en el Gran Chaco o en la Patagonia, explica Pablo Reyna, Licenciado en Historia, integrante de la Comunidad Comechingona Henen Camiare Timoteo Reyna y profesor del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba.
¿Cómo resguardar los derechos de las tierras indígenas?
Las situaciones de desalojo o desocupación ocurren a pesar de que existen organismos y mecanismos jurídicos que tienen por objetivo salvaguardar los derechos sobre la tierra. Ante los diferentes conflictos, las comunidades deben presentarse ante los juzgados para notificar el peligro de la pérdida de sus territorios, claramente, fundamentándolo. Deben hacer uso de todas las herramientas jurídicas, es decir, las normativas que mencionamos recientemente (Artículo 75, Convenio 179, Ley 26.160, etc.). De este modo, las comunidades demuestran que esas tierras pertenecen a ellos. Además, demuestran que los desalojos están suspendidos. Entonces, las comunidades presentan una carpeta de relevamiento conforme a los mecanismos legales vigentes ante la justicia y luego esperan su respuesta. Cabe mencionar que cada comunidad tiene sus herramientas políticas y pueden hacer uso de ellos.
La Ley 26.160 en Córdoba
En ese sentido, Córdoba no es la excepción a la aplicación de la normativa nacional. Desde su promulgación hasta el día de la fecha no la incorporó a su constitución. En 2015, la legislatura sancionó la Ley 10.316, que implicó la creación del Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas en dependencia de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad. Fue el primer reconocimiento por parte de la provincia en relación con las comunidades indígenas. Sin embargo, en el último informe del INAI, se registraron solo 12 comunidades.
“Si nos centramos en la estatalidad moderna y provincial, la situación respecto a la posibilidad de habitar un lugar o no varía de provincia a provincia. Por ejemplo, en Córdoba, las reivindicaciones que se llevan a cabo en la zona de Punilla o en Noroeste no son las mismas que en el sur. Esto se debe a que la realidad del pueblo Camiare Comechingón no es la misma que la de los pueblos Rankulche. Si bien hay denominadores comunes que tienen que ver con la colonialidad, implantada hace más de 500 años, también hay otras dinámicas y otras historicidades diferentes”, explica Reyna.
Esa realidad de los pueblos originarios cordobeses difiere de la que muestran los informes de los medios de comunicación. En la actualidad existen 40 comunidades en Córdoba pertenecientes al pueblo Camiare Comechingón, al Sanavirón y al Ranquel/Rankulche. Muchas de estas comunidades son de reorganización reciente, desde hace 5, 10 y 15 años.
Para el especialista, cada pueblo sufre, tanto en Córdoba como en la Argentina de las mismas injusticias y las mismas ópticas para mirar el problema. “En general, la situación de los pueblos indígenas en Argentina es una constante lucha desde hace centurias. El poder colonial actúa sobre los territorios, sobre los cuerpos, sobre las subjetividades creando una otredad, invisibilizando a cada comunidad y a sus hábitos de vida. Por lo tanto, hay diferentes situaciones propias de cada una de las regiones”.
A pesar de este complejo panorama, Reyna destaca “estamos vivenciando un proceso de renacer indígena que la antropología llama la “reemergencia étnica”. En este sentido, se están volviendo a conformar las comunidades a partir de las memorias y de los linajes familiares, apelando a lo que se ha escrito sobre nosotros y al conocimiento propio de nuestras familias. Cabe mencionar que esta memoria no ha sido tenida en cuenta por la historia oficial y se ha perdido generando una invisibilización de las comunidades en Córdoba”.
Además, agrega que “a nivel estatal, los reconocimientos que se otorgan, a través del INAI con las personerías jurídicas, suelen ser engañosos, porque no todas las comunidades indígenas están de acuerdo con establecer ese vínculo con el Estado. El motivo es el significado que tiene el Estado para ellos, ya que históricamente fue el que llevó a cabo los procesos de invisibilización, silenciamiento, expropiación de tierras, etc. De este modo, se abre una brecha con respecto a la vida de las comunidades porque el aparato estatal es el que define a las comunidades a partir de un grupo técnico que no pertenece a ninguna comunidad indígena. Otro problema es la sospecha de que todo lo que venga del estado o políticas públicas son políticas de control o disciplinamiento.
Otro factor que también afecta a las comunidades indígenas de Córdoba es la forma de accionar del patrón de acumulación capitalista que responde a una lógica neodesarrollista. Hay diferentes proyectos extractivistas -como las canteras-, las autovías de montaña, turísticos e inmobiliarios, entre otros. Todo esto afecta a la territorialidad de las comunidades, ya que hay una fuerte presencia por parte del Estado y el capital”.
Como miembro de la Comunidad Comechingón Timoteo, Reyna relata:
“Nuestra comunidad tiene origen en la reducción del pueblo de indios de San Marcos, creado por la colonia a principios del siglo XVII. De allí, viene nuestro vínculo territorial a partir de diferentes memorias y trabajos de archivos que realizamos. Hoy en día no estamos en nuestro territorio ancestral de San Marcos o Tay Pichin porque en la década 1880/1890 sufrimos un proceso de expropiación de tierras.
A finales del siglo XIX, el Estado expropió las tierras de nuestras familias mediante las leyes N.º 250 y N.º 854 (1881) y N.º 1002 (1885). Nuestras familias convivían con otras que estaban vinculadas ancestralmente: Ochonga, Ludueña, Tapia, Díaz, Tulián, Velázquez, entre otras. Mi linaje viene de mi abuelo Timoteo Díaz y de mi abuela Francisca Díaz. Ellos no pudieron quedarse en el territorio, que pasó a manos de la provincia para insertarlo al mercado capitalista y para marcar la soberanía política del Estado. Aquí se puede traer el concepto de diáspora, ya que recaen en la ciudad de Córdoba en la calle Laprida (cerca de la cañada). Esto de estar al lado del río nos caracteriza porque se dice que los comechingones somos hijos del agua y de la piedra.
En el siglo XX, son desalojados y se tienen que ir al interior. Sin embargo, después por cuestiones de trabajo y salud vuelven a la capital. Durante ese siglo, sufren de los fuertes procesos de invisibilización, de negación de la identidad indígena, ya que ser “indígena” representaba señales de atraso, “barbarie”, salvajismo, etc. Allí, empiezan a vincularse con otras familias y a hacer actividades que el sistema impone. Esto quiere decir que mis abuelos dejan de hacer sus actividades ancestrales para convertirse en mano de obra”.
Todo esto que expongo es para mostrar un antes y un después en la comunidad, que significó, por un momento, un abandono estratégico de la identidad, y por otro, que nos permite entender y vincularnos con las comunidades y la sociedad”.
En la actualidad, la Comunidad Comechingón Timoteo es multiterritorial, es decir, habita los múltiples terrenos de la provincia de Córdoba. Está conformada por familias que viven en la ciudad de Córdoba, Villa Cerro Azul, Villa Allende, Santa Maria de Punilla y en Cosquín. Cabe destacar que Pablo Reyna vive junto a su familia en el monte nativo, una amplia zona declarada reserva hídrica y natural. Esta asignación fue producto de diferentes trabajos realizados por la Comunidad Comechingón Timoteo junto a otras comunidades para defender su territorio.
Una política contradictoria y errática
Los organismos estatales que representan a las comunidades indígenas tienen como principal tarea defender los derechos indígenas. Pero, en la realidad, a veces desvían su mirada por otros intereses.
En el curso “Los derechos de los pueblos indígenas” (2022) dictado por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Gladys Canelo, integrante de la comunidad Quisquisacate Curaca Lino Acevedo en la ciudad de Córdoba, de las organizaciones OTEPOC (Organización Territorial de Pueblos Originarios de Córdoba), Epi Kamba (Encuentro Plurinacional Indígena) y de la Comisión de DDHH del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, relató:
“En 2012, era representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y vino un desalojo de Nación a una comunidad que estaba en un territorio fiscal. Esta decisión vino de parte de miembros del ministerio de la planta permanente, que pertenece al ministerio de Desarrollo Social. En ese momento, era ministra Alicia Kirchner, que estaba involucrada con la ley 26.160. Esto hace referencia a la incoherencia que tiene el Estado, es decir, vienen a desalojar desde el Ministerio de Desarrollo Social donde la ministra era una de las autoras de la Ley 26.160. Ese desalojo se pudo detener, pero el suceso no se hizo de carácter público, ya que la comunidad no quiso. Quien ayudó a detener este avance fue el INADI porque fue hasta el Centro de Referencia (CDR) de Córdoba del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y les pidió que detuvieran esa medida.
Sin embargo, muchas familias de la comunidad se fueron del territorio por la violencia que sufrían. Llegaron a hacer cosas tan viles como dejar dinamita en la habitación de uno de sus niños o recurrir a la violencia sexual contra las mujeres de la comunidad. Esto nos da la pauta, así como pasa en Pluma Blanca, pasa en todo el país con los pueblos indígenas. Existe una asimetría ante la Justicia y la ley. Si toda esa violencia la hubiese vivido una familia, ¿cómo hubiera reaccionado la Justicia? Pero como es una comunidad indígena, la violencia sexual hacia las mujeres, el rapto, dejar dinamita en la casa, matar al ganado, y tantas otras heridas nunca recibieron justicia. Como integrante de pueblo indígena, resulta terriblemente doloroso que a nuestra gente le pueda ocurrir cualquier cosa y la justicia no actúe. Esa asimetría entre indígenas y otros ciudadanos es lo que más duele. Y todos pertenecemos al mismo Estado”.
A pesar de la existencia del respaldo legal, las comunidades sufren de la vulneralización de sus derechos, ya sea por desconocimiento propio o de las autoridades. En los papeles, se reconoce su preexistencia étnica y cultural, el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, se suspende los desalojos o desocupaciones de las tierras que ocupen. Pero, la realidad es otra. En este sentido, Canelo opina: “Existen derechos colectivos, es decir, los que son sujetos de derechos frente a la justicia y a la ley son las comunidades o los pueblos, no las personas, y quieren tratar los problemas de las comunidades o pueblos como si fuera un derecho privado. Entonces, es fundamental que los pueblos exijan la capacitación en derecho indígena de los jueces, diputados, de los senadores y todos aquellos funcionarios que tienen cargo jerárquico, ya que si no el tema jurídico no se va a dar nunca. Además, hay muchas facultades de Argentina que no enseñan el derecho indígena, es decir, como si no perteneciera al derecho argentino. Esto es gravísimo. Por eso, los pueblos indígenas solicitan una ley que exija la capacitación porque no la da la universidad. Esto también hace a la reparación histórica. No puede ser que un juez o un fiscal que está en una causa no sepa el derecho indígena, no tenga idea de que es un derecho colectivo, ¿cómo puede ser? Entonces, lo que termina ocurriendo es que la justicia les da la razón a los terratenientes, las mineras, las empresas extranjeras o a los extranjeros”.
Y continúa:
“¿Cuántas veces lo vemos? Hubo una época en donde alegremente se vendía la Argentina y la vendían con los pueblos indígenas dentro, además de recursos naturales y tierras que se encuentran en las fronteras, lo que es una falta gravísima ante la ley. Vendían las tierras con comunidades adentro como si fueran animales, y allí retomamos el tema de considerar a los indígenas dentro de la fauna argentina. Esto es real, en la década del 30´, pleno siglo XX, a los niños de quinto y sexto grado se les daba un cuadernillo de zoología para que estudiaran la fauna argentina, y allí se estudiaba al indio como un animal más de la fauna. Los seres humanos somos animales, lo digo como bióloga, somos mamíferos, pertenecemos a los vertebrados. Pero, a ver, ¿por qué hacer esa distinción? Los indígenas son animales y los otros no. Ese concepto, esa forma de estigmatizar a los indígenas tuvo lugar durante todo el siglo XX y eso fue lo que llevó a la autoinvisibilización de las comunidades. Eso en Córdoba fue terrible, sin olvidarnos de la conquista que hubo acá, que fue brutal. Después se establecieron las encomiendas, donde las comunidades por los encomenderos se los llevaba de un lugar a otro y se les quitaron sus territorios. Se los desarraigaba de sus territorios. No es lo mismo tierra que territorio para las comunidades. La tierra es donde trabajaba el indígena, donde habitaba su casa, criaba sus animales, donde sembraba. Pero, el territorio incluye todo eso y los espacios intangibles que tienen que ver con la espiritualidad, donde a lo mejor había cementerios o lugares en donde se dedicaban a sus rituales, a sus ceremonias. Entonces, el territorio es para el indígena el pasado en donde están enterrados sus ancestros, que nunca son considerados como muertos, si no que se encuentran en un espacio superior, pero ellos están y tenemos una relación con nuestros ancestros. No es física, pero sí espiritual. Ellos viven en la comunidad y van a vivir sus descendientes. Por eso, el concepto de territorio es muy fuerte para el indígena”.
Complicidades y “espejos de colores”
En el norte del país, las comunidades atraviesan diferentes dificultades que no solo responden a la normativa 26.160, sino que también responden a necesidades culturales, sociales, económicas, etc. En Jujuy, específicamente, viven 298 comunidades indígenas. Sin embargo, “existe una gran desinformación, ya que la educación niega su existencia, incluso desde la epistemología. Es muy triste lo que está pasando, por ejemplo, muchas comunidades que vivían en Tabacal, Ledesma, han sido expulsados en el territorio y han terminado en otro país como Paraguay. Además, vino el relator James Anaya, hizo todo un informe hace diez años. Ahora, el nuevo relator de la ONU, vino de nuevo al territorio e hizo una visita ‘no oficial’. Se hicieron un montón de consultas con distintas personas que vinieron desde distintos lugares para que sean visualizadas sus temáticas, pero no hay soluciones”, cuenta Elisa Barrientos Cazón, jujeña, integrante de la primera nación Chichas (dividida entre Argentina, Bolivia y Chile) y reconocida como afrodescendiente.
En su Constitución, Jujuy incluye el Artículo 50°, que refiere a la Protección Indígena. Además, existen múltiples organismos que se ocupan de defender los derechos indígenas. Por consiguiente, Cazón, analizando la situación compleja que atraviesan, opina: “Nosotros sabemos que tenemos que poner una piedra en cada apacheta, prender una vela para todas las instituciones. Pero, este es un problema muy complejo y es la crítica de muchos hermanos del territorio y terminamos siendo presos de los espejos de colores legales. Incluso los claustros universitarios no tienen una perspectiva de índole indígena y las mismas universidades son cómplices del saqueo del territorio, de la no aplicación de las normativas, incluso sabiendo que existe un Convenio Internacional y normativas que resguardan los derechos indígenas.
En la actualidad, en Jujuy se pretende llevar a cabo una reforma a la Constitución. Un estatuto que en su aplicación en el territorio es escasa para las necesidades y demandas que atraviesan las comunidades. En este sentido, Elisa Cazón dice: “Vemos que compañeros y hermanos Tilquiza, Perchel y Salina tienen sus diferentes estrategias, pero no hay una colaboración del Estado. Solo hay plan sistemático de negación de los derechos, de nuestras identidades y de nuestro apoyo. Hay una burocracia tan grande en los organismos responsables de las comunidades que no nos dan ninguna solución. Mientras nosotros presentamos los papeles formales, ellos están avanzando con las máquinas sobre nuestros territorios. Esta situación preocupa, ya que en el Senado se está replanteando una ley de Humedales en donde hay un lobby importante, sobre todo en las provincias mineras”.
Como reflejan los testimonios, cada conflicto refleja la desigualdad de condiciones para las comunidades indígenas, en donde su derecho a la tierra, con su dimensión económica y social, con su significado simbólico y ancestral, se esfuma por un interés privado. Por lo tanto, la disputa por las tierras continuará.
Fotos: Gentileza Comunidad Comechingona Henen Camiare Timoteo Reyna
* Estudiante en proceso de tesis de la Licenciatura en Comunicación Social, orientación en Comunicación Institucional, de la FCC-UNC. Integrante del equipo de prácticas preprofesionales en el Qué Portal y la Secretaría de Producción y Transmedia de la FCC-UNC.