Por Roy Rodríguez *
Un estudio realizado por docentes y estudiantes del Equipo de Investigación del ICI (Instituto de Comunicación Institucional de la FCC), en acuerdo con la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, muestra que los principales medios siguen justificando la violencia de género en el tratamiento de los femicidios. La policialización y judicialización discursivas favorecen una visión injusta de las víctimas y del colectivo LGTBIQ+.
Que el 77 por ciento de las notas referidas a casos de femicidios sucedidos en Córdoba, y publicadas en los medios digitales de la provincia, hayan aparecido en la sección de policiales parece, a primera vista, un dato naturalizado. Tanto editores y periodistas como lectores, acordarían de manera tácita que la violencia hacia la mujer y el colectivo LGTBIQ+ son parte de problemas delictuales, que periodísticamente deberían ser abordados desde narrativas y lenguajes policiales o judiciales. Más no se los incluye como un problema social generado por normas y conductas socialmente aceptadas, donde la discriminación es parte de un andamiaje de diversos tipos de violencias –más sutiles, menos evidenciadas– que, en muchos casos culmina con una muerte violenta.
En un estudio diseñado por el Equipo de investigación sobre género del Instituto de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se realizó un seguimiento detallado sobre las maneras en que los medios presentaron los casos de ocho femicidios ocurridos en la provincia de Córdoba durante los primeros seis meses de 2021 y publicados en los principales medios.
“Sólo el 1 por ciento de los registros se encuentra bajo una sección creada recientemente llamada “violencia de género”, cuenta María Fernanda Bratti, una de las docentes que lidera la investigación.
El estudio buscaba establecer, además, la presencia de narrativas relacionadas con casos de violencias hacia el colectivo LGTBIQ+. El resultado es que, si ocurrieron, los principales medios ni siquiera lo registraron.
El análisis incluyó las publicaciones de medios digitales y redes sociales de Cadena3, Docetv, La Voz del Interior, Cba24N, La Voz de San Justo, El Diario de Carlos Paz, Puntal de Río Cuarto y El Diario de Villa María.
Los datos obtenidos en el relevamiento periodístico fueron tomados como insumo por el Laboratorio Muero Muerta LAB, del Centro de Investigaciones de Periodismo y Comunicación (CiPeCo), que procesó toda la información. “Este es un espacio de libre reflexión, crítica y creación de nuevas narrativas. De experimentación artístico-comunicacional colectiva y colaborativa. Praxis y poiesis en el proceso de construcción de conocimiento y de (de)construir-nos, en el mismo conocimiento que producimos”, cuenta Fernanda Bratti y Verónica González. Al Laboratorio lo integran estudiantes, egresados y docentes de la FCC que tienen además otras trayectorias y militancias. Se cruzan allí otros saberes. Se los incluye y resignifica.
Naturalización
Según el relevamiento, realizado el equipo de investigación sobre Femicidios y Crímenes de Odio LGTBIQ+ del ICI, en el grueso de las noticias narradas predominan las lógicas de los hechos policiales, en detrimento de contar cada una de esas historias como un hecho de violencia sistémica, sostenido por creencias y normas sociales que determinan en muchos casos la aparición de las violencias. Tampoco hay, dicen les autores, presencia de voces especializadas que permitan contar y contextualizar adecuadamente.
Esas narrativas impiden, además, tratar adecuadamente la relación entre las víctimas, los victimarios y las familias afectadas: en la mitad de los casos se dan a conocer no sólo nombres sino también imágenes de las víctimas y de sus homicidas.
El estudio detecta la presencia y el seguimiento periodístico de ocho casos referidos al asesinato de mujeres donde su condición de tal es determinante.
Esas muertes –ahora percibidas como femicidios por buena parte de la sociedad, gracias a la lucha de colectivos como Ni una menos– se producen, según diferentes especialistas, por patrones sociales y narrativas vitales en donde la violencia y la discriminación hacia la mujer se encuentran naturalizadas.
Esa naturalización tiene cierta continuidad en las narrativas periodísticas abordadas por el estudio, puesto que los lenguajes policiales y judiciales, desde donde se elige contar la historia, según les autores, no hacen otra cosa que prolongar, desde el punto de vista social y simbólico, las condiciones económicas, políticas y culturales que generaron los factores de discriminación primero, los hechos de violencia, más tarde, y las muertes, como amargo final.
Policialización
Dentro de las conclusiones, les autores afirman que existe una policialización de los casos de violencia hacia la mujer. El término policialización se utiliza para graficar el espacio o sección y la narrativa que cada medio eligió para contar las historias de muertes de esas mujeres.
Les autores transpolan entonces un término utilizado en algunas doctrinas judiciales y de seguridad ciudadana, con el fin de visibilizar los patrones de producción de noticias que prevalecen en las diferentes redacciones a la hora de tomar puntos de vista desde dónde narrar las historias.
Para el equipo de investigación, la noción de policialización de las mujeres tiene que ver con “estrategias comunicacionales que revictimizan y refuerzan las violencias desplazando, a través de la banalidad y la espectacularización, la posibilidad de un tratamiento en contexto de la problemática”. El concepto surge de algunos trabajos que, sobre comunicación y género, desarrollan en los últimos años, Valeria Fernández Hasán y Ana Soledad Gil, entre otres.
El concepto también está presente en los trabajos teóricos que en el desarrollo de algunos estudios sobre seguridad y derechos realizan Marcelo Saín o Eugenio Raúl Zafaronni.
Dice Saín: “En América Latina resulta habitual que, ante las crisis institucionales derivadas del aumento del delito y, en particular, de la expansión del miedo social al delito, se alienten desde los gobiernos respuestas políticas de corte efectista y básicamente asentadas en la postulación de mayor presencia policial en las calles, y se impulse el inicio –casi nunca concretado– de reformas policiales que apunten a fortalecer la labor institucional de la policía. (…) Y allí se reitera el persistente postulado de la reforma policial bajo el supuesto –no siempre explicitado– de que la policía constituye la instancia fundamental o única de control del delito en nuestras sociedades. Se da lugar a una suerte de policialización de la respuesta político-estatal a las problemáticas de la seguridad pública”.
Siguiendo estos postulados, según las observaciones realizadas sobre el material publicado en los diferentes medios, parecieran seguir cierta continuidad estético política con respecto a las discursividades estatales desarrolladas en torno a la idea de seguridad. Donde lo policial y sus narrativas prevalecen por sobre otros aspectos que sustentan las realidades socioeconómicas que devienen en criminalidades.
¿Cómo comprender, desde una perspectiva profunda y comprometida las causalidades, siguiendo el discurso periodístico policializado? ¿Qué discursividades se encuentran ausentes? Faltan voces especializadas en estos temas, más específicas para poder abordar las violencias machistas desde otras perspectivas, dicen les autores del estudio.
No existen notas publicadas de figuras transfemicidio/travesticidio o casos violencia extrema contra mujeres trans y su relación con la masculinidad hegemónica, durante el período relevado. Según el Observatorio Mumalá, en Argentina, durante 2020, se registraron 270. Seis de esas mujeres asesinadas fueron personas trans.
“Los medios siguen vinculando los crímenes de odio por la identidad de genero, como crímenes pasionales o culpan a las víctimas por ejercer el trabajo sexual o hasta de ser ellas mismas quienes promueven los actos violentos. Y si bien comenzó a llamárselos femicidios, sigue siendo necesario poner en tensión, problematizar, desnaturalizar estas prácticas. En el caso de los crímenes de odio por la identidad de género de la víctima, las narrativas escasamente logran conceptualizarlos así, omiten agravantes y los definen como simples asesinatos”, dice una de las autoras.
Judicialización
El estudio también habla de una judicialización del lenguaje periodístico para referirse a estos casos. Este punto puede atribuirse a que, las fuentes para contar qué y cómo pasó son, en la mayoría de los casos fiscales o policías.
Sin embargo, esa narrativa primera prevalece en la interpretación que cada periodista hace del hecho, como si, desde el discurso periodístico se eligiera contar las consecuencias para los victimarios, sus posibles castigos, omitiendo- una vez más las causas sociales profundas que sostienen y derivan en discursividades- y en última instancia respaldan violencias.
El trabajo tendrá un impacto institucional, pues será parte de los insumos con los que la Secretaría de la Mujer del Poder Judicial de Córdoba, busca hacer efectivos los derechos no solamente en las discursividades sino también en las prácticas.
Desde el punto de vista del lenguaje normativo judicial, Argentina ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la Organización de Naciones Unidas acordó el 18 diciembre de 1979 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de Belem do Pará-, acordada por los integrantes de la Organización de Estados Americanos en 1994.
“La incidencia de los medios influye en la forma de comunicar sobre la mujer, sus derechos y la violencia en su contra y repercute en las actitudes sociales. Es por ello que el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) establece la obligación de los Estados de adoptar medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer”, dice la guía para la aplicación de la Convención de Belém do Pará que editó la OEA en 2014. Y agrega: “La Convención reconoce el potencial de los medios de comunicación para incidir positivamente –o negativamente- en la promoción de la igualdad de las mujeres, y para aportar a la erradicación de los estereotipos de género. Por lo tanto, es importante la formación y sensibilización de periodistas y otro personal de los medios de comunicación en cuestiones de derechos humanos de la mujer y en las causas originarias de la violencia contra ella”.
Foto principal: www.laizquierdadiario.com
* Licenciado en Comunicación Social egresado de la ECI-UNC. Trabajó en varios medios nacionales y de Córdoba y actualmente se desempeña en el área de Extensión de la FCC-UNC.