Los testimonios revelaron el acoso represivo a estudiantes y docentes revolucionarios o progresistas durante el terrorismo de Estado y la discriminación a las víctimas hasta avanzado el retorno democrático. La cruenta historia de las intervenciones en los colegios Nuestra Señora de Loreto y Manuel Belgrano y el manual de la dictadura contra la Subversión en el ámbito educativo.
Por Alexis Oliva
“Había un estado de delación”, dijo el testigo Walter Grahovac, al declarar ante el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N° 1) de Córdoba el miércoles 7 de octubre, en la quinta jornada del juicio por las causas “Diedrichs” y “Herrera”. El actual Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba cursó su secundaria en el colegio confesional Nuestra Señora de Loreto, donde Miguel Ángel Arias (19 años de edad) era estudiante y Luis Soulier (25) preceptor, ambos secuestrados y desaparecidos y víctimas del 12° proceso oral y público de lesa humanidad que se celebra en la provincia.
A mediados de los años 70, dirigía el colegio Loreto el párroco de barrio Los Naranjos, Carlos Ponce de León, un sacerdote imbuido de la filosofía del tercermundismo y la opción por los pobres. Desde 1975 y con la provincia bajo intervención, la comunidad educativa comenzó a ser blanco de denuncias y persecuciones, acrecentadas tras el golpe de Estado hasta que en noviembre de 1977 la escuela fue intervenida por el Arzobispado a instancias del gobierno militar.
Mientras la represión se intensificaba, los estudiantes vivían inmersos en una situación paradojal, recordó Grahovac: “Hacíamos muchas cosas en el marco del cuerpo de delgados, teníamos nuestro boletín, de querer participar e ir a ayudar en las villas, pero simultáneamente, junto con todo ese entusiasmo, el temor de que todo podía ser motivo de una represión que no sabíamos de qué lado iba a venir”.
El temor se materializó en la madrugada del 29 de junio del 76, cuando “Coqui” Arias fue arrancado de la casa de su familia en barrio Balcarce. Entre el 15 y 16 de agosto, corrieron la misma suerte Luis Soulier, su hermano Juan Carlos (23) y su cuñada Adriana Díaz Ríos (22). Arias y los Soulier militaban en las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL) 22 de Agosto. A Juan Carlos y Adriana los secuestraron con su bebé de cinco meses, Sebastián, devuelto 24 horas después y hoy testigo-querellante de la causa, por la desaparición de sus padres y por haber sido él mismo víctima de tormentos.
“Yo tuve que dejar la escuela –relató Grahovac–. Algunos, no el padre Carlos ni otros profes, se sentían incómodos de que siguiéramos en la escuela. Tuvimos que apartarnos y estar un tiempo cuidándonos fuera de nuestra casa, en la casa de parientes, hasta tanto saber si efectivamente corríamos riesgo o no”. El funcionario y ex secretario general del sindicato docente no identificó a esos “algunos”, pero los nombres surgieron en los siguientes testimonios, cuyo común denominador fue la intervención represiva en ámbitos escolares politizados.
Indiferencia y silencio
Hijo de Luis, Diego Soulier recordó que al momento en que fue secuestrado su papá era preceptor del Loreto y presidente del cuerpo de delegados del Sindicato de Educadores Privados y Particulares de Córdoba (SEPPAC). Entonces él tenía dos años y su hermana nueve meses. Su madre, Estela Marta Reyna –quien testificó en la jornada anterior– debió “en plena dictadura militar salir a trabajar, con su marido desaparecido y todos los abusos del patriarcado y la sociedad cordobesa”. “Mi mamá nos contaba con mucho dolor que llevaba a mi hermana a la guardería y las vecinas se cruzaban de vereda. Así comenzó toda la marginación social que vivimos”, narró el testigo.
“La complicidad de la iglesia en esa época fue muy fuerte –afirmó Soulier–, porque mi papá desaparece siendo un trabajador de un colegio católico. Salvo el cura Ponce de León, que siempre estuvo muy cerca. La directora Beatriz Novillo en esa época ni siquiera le permitió la entrada a mi mamá. Mi mamá se dirigió con un petitorio y le dijo que no podía ingresar y tenía que darle el nombre de las personas que impulsaban ese petitorio. No le preguntó por Luis y por sus hijos. Ese es el ejemplo más contundente de lo que no tenemos que hacer como sociedad: la indiferencia”.
A Diego, su hermana Susana y su primo Sebastián la vida les dio revancha cuando en 1995 la creación de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) los sacó de esa marginación social. Incluso, en ámbitos escolares: “Pudimos ir a colegios a dar charlas sobre lo que había pasado. En Saldán, una compañera sentía que la discriminaban y no se hablaba de la época militar, porque los profesores obviaban esa época. Ahí sí pudimos poner en palabras ‘ni olvido, ni silencio, ni perdón, queremos juicio y castigo’, en pleno menemismo”.
Acoso y estigma
A continuación, su hermana Susana Cecilia Soulier confirmó que también padeció el “estigma social”, y recordó: “Mi madre tuvo la valentía de decirnos la verdad: a mi padre, recuerdo sus palabras, se lo llevó una gente mala. No inventar realidades. Y nos explicó que esto pertenecía a la intimidad familiar y por cuestiones que ya íbamos a entender no había que contar”.
Sin embargo, el tema volvía a aparecer en la escuela y no precisamente en actitudes solidarias. Al igual que su hermano Diego, Susana cursó el colegio Manuel Belgrano donde sufrió “una situación de bulling muy violento” y “sin que los adultos hicieran nada”. “Incluso, mi preceptora Emilse utilizaba expresiones despreciativas hacia mí. Después tuve manifestaciones de un profesor Bobadilla, que había sido profesor del Loreto. Una amiga me contaba cosas terribles de este docente que la acosaba”, rememoró (en la primera audiencia testimonial, su tía Julia Soulier también había mencionado a Esteban Bobadilla, designado como rector luego de la intervención al Loreto).
Hoy docente, Susana también recordó la hostilidad “metódica” del profesor de filosofía Alejandro Henin: “Cuando yo daba la lección, me rodeaba cual fiera, diciendo: ‘Soulier… Hum… Rebelde…’. Yo siempre fui una alumna crítica con opinión. Caminaba alrededor mío durante quince minutos, provocándome a mí y a mis compañeros. Le teníamos miedo”. A esas situaciones las pudo “hablar y reparar” con sus compañeros y en el último año del secundario vivió como “un aire de frescura y cordura” la militancia para recuperar el Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano.
La lista negra del Belgrano
Alumno del colegio Manuel Belgrano en los 70, Godofredo Lazcano Colodrero declaró en relación a sus ex compañeros Claudio Luis Román Méndez (16), militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, y Gustavo Daniel Torres (16), de la Juventud Guevarista, ambos secuestrados y desaparecidos en el campo de concentración de La Perla. El testigo indicó que desde su origen las autoridades y docentes del colegio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), alentaban entre sus estudiantes “actitudes para que en el día de mañana pudieran ser líderes o partícipes en las distintas cuestiones de la vida social”, combinando lo académico con “un empuje hacia lo social e indirectamente a lo político”.
Hacia 1975, hubo “un cambio radical” con la llegada del interventor Tránsito Rigatuso. En su gestión “ingresaron bajo la figura de celadores gente sindicada como perteneciente a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)”, con la misión de vigilar y reprimir al estudiantado más politizado. “Tanto es así que al colegio le decían ‘La mercería: puros botones y cierres’”, rememoró el hoy abogado Lazcano Colodrero. Además, se inició “una campaña de desprestigio” contra docentes progresistas, entre ellos el ex vicedirector Rodolfo Barraco Aguirre –después integrante de la Conadep Córdoba–, Alberto Zapiola –fiscal de Estado de la Provincia durante la gestión de Ramón Mestre padre-, Jorge Guillermo Bas e Inés Beatriz Valdez, abogada de derechos humanos y madre del testigo.
También contó que años después Rigatuso lo querelló luego de que en un programa televisivo relatara que en abril de 1976 las autoridades de la escuela les dieron a conocer una suerte de lista negra de estudiantes que “había armado Rigatuso”, en la que figuraban “unos diez o doce nombres que ya no estaban”. El ex interventor escolar también había querellado por calumnias e injurias a la abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres, quien lo acusara de delatar a su hija Silvina Parodi y otros estudiantes. La sentencia con que el Juzgado Correccional de 3ª Nominación absolvió a Sonia Torres el 13 de agosto de 2002 estableció además que “se debe dar por cierto la existencia de esas listas y que las mismas fueron remitidas por Rigatuso a los Servicios de Seguridad”.
En su libro La vida por delante – La tragedia de los chicos del colegio Manuel Belgrano (Ediciones del Boulevard, 2006), la periodista Ana Mariani consigna: “Después de dejar la dirección del Belgrano, (Rigatuso) continuó con su estudio de abogado y como interventor del Partido Justicialista durante ocho años. Con la llegada de la democracia fue diputado nacional y supo recibir a Luciano Benjamín Menéndez en el Congreso”.
La valentía de los delatores
El 27 de octubre de 1977, por Resolución Nº 538 del Ministerio de Cultura y Educación de la dictadura –a cargo de Juan José Catalán, pedagogo tucumano vinculado al Opus Dei– la dictadura distribuyó en todos los establecimientos educacionales del país el folleto titulado Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo). El manual alertaba sobre la “infiltración de la subversión marxista” en ámbitos culturales y educativos para “atentar contra la esencia misma de nuestra nacionalidad”.
Uno de sus apartados aseguraba que incluso en los ciclos preescolar y primario “el accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores”. En la introducción, se exhortaba a los actores del sistema educativo combatir ese accionar con “con crudeza y valentía”.
A esa altura, ya habían desaparecido “Coqui” Arias y Luis Soulier, del colegio Nuestra Señora de Loreto. Similar destino habían tenido Claudio Román, Gustavo Torres, Silvina Parodi y la mayoría de los once estudiantes del Manuel Belgrano que fueron víctimas del terrorismo de Estado, señalados por funcionarios que ya habían cumplido su patriótica tarea.
Foto principal: José Ferrer / Prensa TOF N° 1