Por Bahía Luz De Palma y Agustín Serale *
Juicio del Neonatal: la querella pidió penas efectivas para los funcionarios responsables
“Todos mataron”, acusó Carlos Nayi, quien junto a otros letrados representa a las familias de los bebés víctimas. El abogado solicitó seis años de prisión para el exministro de Salud Diego Cardozo y la directora del hospital Liliana Asís. El 18 de junio se conocerá la sentencia.
En una etapa clave del juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, la querella profundizó una línea argumentativa que no sólo responsabiliza a la enfermera Brenda Agüero por los presuntos ataques, sino que también denunció una estructura de encubrimiento institucional.
El abogado Carlos Nayi solicitó que los crímenes sean considerados de lesa humanidad, por haberse cometido desde el Estado, con víctimas vulnerables y en un contexto de impunidad institucional. Con esos argumentos, justificó el pedido de penas de prisión efectiva para los funcionarios implicados. El cuestionamiento principal a los directivos del nosocomio y los altos cargos del ministerio de Salud es que ninguno denunció las cinco muertes y las ocho descompensaciones, sin explicación médica, que sufrieron los recién nacidos entre marzo y junio de 2022.
En ese sentido, Nayi apuntó directamente a la responsabilidad del exministro de Salud, Diego Cardozo, y la exdirectora del hospital, Liliana Asís, para quienes solicitó una pena de seis años de prisión. “Todos mataron. Una de manera directa y otros creando el clima propicio para que Brenda Agüero siguiera matando”, fundamentó el letrado. La misma pena fue requerida para Claudio Carvajal, exsecretario del Ministerio de Salud.
Por su parte, la abogada Ana Pagliano advirtió sobre el “riesgo procesal y de entorpecimiento” que implica la “actitud encubridora” sostenida por los diez funcionarios durante la investigación. En ese marco, pidió que si el tribunal condena a los imputados a penas de cumplimiento efectivo, sean detenidos inmediatamente al finalizar la lectura del veredicto.
Ambos representantes de la querella coincidieron en que los hechos deben entenderse dentro de un contexto de violencia institucional y violencia obstétrica, particularmente contra madres primerizas y en situación de vulnerabilidad. Así, los funcionarios volvieron a la primera plana y las conclusiones y los pedidos de pena de los representantes de las familias se distanciaron de los argumentos de la Fiscalía de Cámara.
Indicios, violencia obstétrica e institucional
Sobre la acusada principal, Brenda Agüero, recae otro pedido de prisión perpetua, por ser considerada la autora material de los crímenes. Nayi enumeró una serie de indicios que, según argumentó, configuran una “secuencia reveladora” de su responsabilidad penal: presencia sistemática en los episodios, acceso exclusivo a los medios -insulina y potasio- para provocar los colapsos, búsquedas en su celular sobre métodos letales y actitud encubridora posterior.
“El 6 de junio, cuando ocurrieron cuatro ataques, Agüero fue la única enfermera asignada a recuperación”, remarcó. También citó las pericias psicológicas que “revelan rasgos psicopáticos”, como la falta de empatía y la frialdad emocional.
Otro eje del alegato fue la denuncia del contexto de violencia obstétrica e institucional. Se expusieron testimonios como el de Melody, obligada a esperar bajo el frío durante el trabajo de parto, y el de Damaris Bustamante, quien denunció maltratos por parte de Agüero. Según su relato, la enfermera le dijo: “Si algo le pasa a tu bebé, va a ser tu culpa”.
La querella sostuvo que muchas madres fueron maltratadas, se les negó información y se vulneraron sus derechos, garantizados por la ley 25.929.
Encubrimiento y lesa humanidad
Además, Nayi denunció que las autoridades incumplieron los protocolos que exigen dar aviso a la Fiscalía y la Policía Judicial ante muertes sin causa determinada. Señaló contradicciones en las fechas en que los funcionarios declararon haber tomado conocimiento de los hechos, y acusó una “coordinación premeditada” para pactar silencio y unificar versiones. Ante la primera muerte sin explicación médica, el personal de salud y los directivos “tenían la obligación de denunciar”, sostuvo. “Los bebés recién nacidos debían ser protegidos por los funcionarios, que encubrieron todo lo que sucedía”, cuestionó el abogado.
Con ese razonamiento, la querella reforzó también las acusaciones sobre las médicas involucradas y, a pesar del pedido de absolución formulado previamente por la fiscalía, solicitó que se mantenga la calificación legal por “falsedad ideológica” contra María Alejandra Luján y Adriana Moralez.
Todos los pedidos fueron de prisión efectiva y mayores a los solicitados por los fiscales: Diego Cardozo, exministro de Salud, 6 años; Liliana Asís, exdirectora del Neonatal, 6 años; Claudio Carvajal, exsecretario del ministerio, 6 años; Alejandro Escudero Salama, exsubdirector de Gestión Administrativa, 5 años; Alejandro Gauto, ex jefe de Legales, 5 años; Adriana Moralez, médica, 5 años; Claudia Ringhelheim, médica, 5 años; Marta Gómez Flores, médica, 6 años; María Alejandra Luján, médica obstetra, 3 años; Alicia Alisa, ex jefa de enfermería, 5 años.
En las próximas audiencias, las defensas de los once imputados tendrán la oportunidad de presentar sus conclusiones ante los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y los jurados populares.
La sentencia se conocerá el miércoles 18 de junio.
* Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social en prácticas de trabajo final en el proyecto Cobertura periodística de juicios con impacto social, en la Secretaría de Producción y Transmedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.