Por Agustín Serale y Bahía Luz de Palma *
Familias de las víctimas del Neonatal: “Como funcionario, no podés ocultar este delito”
En el tramo final del juicio por los bebés muertos en el hospital provincial, el contraste entre las penas solicitadas para la presunta autora material y los funcionarios encubridores causó indignación entre los familiares.
El juicio por las muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba está en su tramo final, luego de más de cuarenta audiencias que revelaron un entramado de omisiones, encubrimientos y, según la acusación, homicidios seriales cometidos dentro del sistema de salud pública.
El miércoles 30 de abril, el Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso sus alegatos y solicitó prisión perpetua para Brenda Agüero, la enfermera acusada de asesinar a cinco bebés y de atacar a otros ocho, entre marzo y junio de 2022. Según los fiscales de Cámara Sergio Ruíz Moreno y Mercedes Balestrini, Agüero les inyectó potasio en dosis letales a los recién nacidos, en un patrón de conducta que pudo haberse evitado si las alarmas institucionales no hubieran sido silenciadas.
En paralelo, solicitaron penas condicionales de entre uno y cuatro años para los diez funcionarios públicos imputados por encubrimiento, falsedad ideológica y omisión de deberes, incluyendo al exministro de Salud Diego Cardozo, a la directora del hospital Liliana Asís y a otros funcionarios del sistema de salud provincial. Este contraste entre las penas solicitadas generó indignación en las familias de las víctimas.
Julieta Guardia, madre de Ibrahim, uno de los bebés fallecidos, participó activamente del juicio y en diálogo con este medio compartió su indignación tras conocerse el pedido de condenas. La mujer apuntó contra los funcionarios acusados, para quienes esperaba, junto a otras madres, una respuesta judicial más contundente: “Esperábamos un pedido de pena similar a la de Agüero, o al menos justa. Como funcionario, no podés ocultar un delito de esta magnitud solo para proteger tu reputación”.
Sobre la principal acusada, Guardia agregó: “Para nosotros, Brenda Agüero no es una persona, es un monstruo. Atentar contra criaturas que recién nacen no tiene perdón”, expresó. En este sentido, puntualizó: “Pedimos una condena justa, que sea perpetua. Si esto no hubiera salido a la luz, seguiría pasando. Son trece casos, y cinco murieron. Volver a casa con los brazos vacíos, sin mi hijo, fue desgarrador”.
El abogado querellante Carlos Nayi, quien representa a varias de las familias afectadas, remarcó la solidez de la acusación: “La prueba conforma una estructura monolítica, sin fisuras, que pulveriza el principio de inocencia”. Nayi anticipó a este medio que solicitarán condenas efectivas para todos los imputados, incluyendo a los funcionarios: “No solo debe responder quién mató, sino también quién allanó el camino para que esos crímenes ocurrieran, omitiendo denunciar o intervenir”.
Además, el letrado adelantó que la querella contextualizará los hechos como parte de una dinámica de violencia obstétrica e institucional, en el marco de la Ley 25.929, que reconoce los derechos de madres e hijos en el ámbito sanitario. “Todos, en un mismo contexto delictivo, emboscaron a trece inocentes”, sentenció Nayi. “Violaron el Código Penal y violaron también la ley de Dios. El quinto mandamiento es claro: no matarás”.
Los fiscales, por su parte, indicaron que el accionar de los funcionarios fue clave para prolongar el accionar criminal: “La omisión en hacer la denuncia fue una forma de encubrir los hechos cometidos por Agüero”, sostuvo el fiscal Ruiz Moreno durante la exposición de alegatos. A pesar de reconocer que si el personal de salud y las personas que ocupaban puestos jerárquicos hubieran cumplido con las medidas estipuladas, “se podrían haber evitado muertes”, las penas solicitadas varían entre tres años de prisión en suspenso y cuatro en modalidad domiciliaria.
Tras el pedido del MPF, comenzarán los alegatos de la querella, encabezada por el abogado Carlos Nayi y la letrada Daniela Morales Leanza. El 7 de mayo, tendrá lugar la defensa de Brenda Agüero. Luego será el turno de la defensa de los diez funcionarios acusados, quienes buscarán desmontar o mitigar la carga probatoria en su contra. Consecuentemente, la sentencia final será leída el próximo 2 de junio.
* Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social en prácticas de trabajo final en el proyecto Cobertura periodística de juicios con impacto social, en la Secretaría de Producción y Transmedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.