Por Bahía de Palma, Renata Chiacchietta y Claudio Lencina *
El juicio por el joven baleado por el oficial Luciano Carnero en 2012 es una oportunidad para poner al descubierto una secuela de amenazas y homicidios que apuntan a la corporación policial. Crónica de una década de indefensión ante la violencia institucional. Hoy se expondrán los alegatos y se dictará la sentencia.
El lunes 13 de mayo, comenzó en los Tribunales Provinciales de Río Tercero el juicio contra el oficial de policía Luciano Carnero por “homicidio simple en el ejercicio del cargo”, del que fuera víctima Lucas Funes hace más de once años.
Eran aproximadamente las 9 de la mañana del 14 de diciembre de 2012, cuando un grupo de policías comenzó a perseguir por el barrio Monte Grande de la ciudad de Río Tercero a los hermanos Lucas Ángel (24) y Sergio Funes, por un “robo a mano armada”, según diría la versión oficial. En la huida, Lucas se separó de su hermano y escapó por techos y veredas a través de cuatro cuadras. En ese trayecto, le dispararon balas de goma, hiriéndolo en las piernas. La persecución finalizó en la calle Lavalleja, donde el policía Carnero mató a Lucas con dos balazos de plomo.
“A mi hermano le plantaron el arma que supuestamente tenía. Además, no se encontró ninguna vaina de esa arma y el dermotest que le hicieron dio negativo. A mi hermano lo acribillaron cuando ya se había rendido, estaba cansado, ya sin fuerzas”, relataba Sergio Funes al medio Tribuna el año pasado.
Hoy, la familia Funes denuncia que el hostigamiento policial no comenzó ni terminó con el asesinato de Lucas, sino que sucede desde hace años. “Les tenían bronca desde chicos, siempre los hostigaron. No podían ir al centro porque eran de barrio”, nos cuenta su madre, Mónica Sosa, quien afirma ser “la voz de Lucas”. Su hijo tenía antecedentes por resistencia a la autoridad, merodeo y “portación de rostro”. En aquélla época se encontraba en vigencia el “código de faltas” en la provincia de Córdoba, de carácter segreguista y criminalizador.
“Lo podrían haber agarrado, si hizo algo malo. Lo podrían haber puesto preso y podría haber sido condenado, si mi hijo cometió un delito o no. Pero esto no fue así. Se logró lo que ellos querían, matarlo. Él no era un delincuente frondoso como ellos dicen”, desmiente Mónica.
Días antes de la persecución seguida del asesinato, la familia había recibido una amenaza, que una vecina confundió con una notificación: un papel impreso con la imagen de dos policías de espaldas y de fondo el cementerio, con una leyenda que decía: “Las cosas no se olvidan no te sientas confiado Lucas porque vas a terminar acá”.
“Fue una época trágica en Río Tercero, porque existían abundantes detenciones por merodeos sin ningún tipo de explicación, de noche y sobre todo en los barrios”, afirma el abogado de la querella, Alberto Vieytes Monroy.
¿Casos aislados?
Una madrugada de 2012, Sergio Funes recibe una llamada de su hermano Lucas. Le cuenta que alguien arrojó a su casa una botella de sidra con nafta y una mecha prendida en el pico. El golpe del envase de vidrio en la reja de la ventana hace que la mecha caiga fuera de la casa, mientras que el combustible empapó la cama. Una suerte muy parecida a la que corrió Vieytes Monroy, abogado de la familia Funes. Al menos esa vez, Lucas tuvo mejor suerte que los Villalón.
El 3 de noviembre de 2014, casi dos años después del crimen de Lucas, Mirta Selva (50) y su hijo Alejandro Villalón (20) perdieron la vida en un incendio intencional de su vivienda, en el barrio Belgrano de Río Tercero. Las pericias confirmaron que el siniestro se produjo por una bomba molotov arrojada contra el frente de la casa, ocasionado las dos muertes y graves quemaduras a tres jóvenes sobrevivientes.
“Milicos de mierda, me van a quemar toda la casa”, fue el último grito de Mirta, según uno de los sobrevivientes. A su vez, un testigo afirmó ver, cinco minutos antes del incendio, a dos personas uniformadas de negro corriendo por la calle San Miguel hasta Savio. Se subieron a un vehículo y salieron a toda velocidad.
En 2016, los policías Ezequiel Vidaurre y Cristian Ahumada fueron condenados por el doble crimen a prisión perpetua por “homicidio doblemente calificado, tentativa de homicidio, por el uso funcional y por el medio”. A pesar de las pruebas en su contra, en octubre de 2018 fueron absueltos y puestos en libertad por la Justicia de Río Tercero. En marzo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó el fallo y se espera un nuevo juicio.
“Este grupo de policías disciplinaban a ciertos pibes y familias que no eran de su agrado, de esta manera: hostigando, amenazando, realizaban detenciones con golpizas y hasta quitarte la vida como lo hicieron con mi familia”, contó Natalia Villalón al medio Anred.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia puntualiza que “el contenido de las amenazas estaba vinculado con situaciones ocurridas entre la familia Villalón y la Policía de Río Tercero”. La resolución cita un mensaje anónimo recibido por la familia Villalón días antes del ataque: “Van a ir a acompañar a Lucas (Funes) al Cementerio Parque”.
“Uno de los Villalón que venía en bicicleta, en pleno mediodía, se paró frente del bar ‘El Foro’, zona de Tribunales de Río Tercero, me hace la consulta por las amenazas que recibía. Le dije que dejara la bici, que lo acompañaba a denunciar, pero se negó. Dijo que iba a ser peor. Días después se produce el incendio. Nunca me lo voy a olvidar”, dijo en una entrevista Vieytes Monroy.
Otro de los tantos casos que componen ese sistema de amedrentamiento de las fuerzas policiales riotercerenses, en complicidad y bajo el resguardo del Poder Judicial local, es el de Yamil Malizzia.
“El 7 de noviembre de 2018 un amigo lo fue a buscar para jugar al fútbol. Como él no tenía plata, quedó en ir más tarde en moto para tomar una gaseosa. Él estaba acompañando a sus amigos cuando aparecieron 4 móviles policiales. Yamil, con el miedo que tenía, escapó. Lo persiguieron hasta que estando acorralado chocó contra un auto, quedando inconsciente”, relató a la Garganta Poderosa Claudio Malizzia, padre del joven de 16 años, quien después de una semana de pelear por su vida murió a causa del golpe.
La causa fue caratulada como siniestro vial. La fiscal Andrea Heredia Hidalgo, la misma funcionaria que decidió el sobreseimiento de Luciano Carnero, victimario de Lucas Funes, en 2014, se centró en el peritaje de la moto y del auto, pero no tomó declaraciones de testigos ni tuvo en cuenta las pericias de los móviles policiales. “Siendo querellantes en la causa, en dos años no pude acceder a los archivos. Mi abogado se apartó por las amenazas que recibía y no hay ningún imputado”, agrega Malizzia.
Juan Azcona, jefe de móviles durante 2018, uno de los responsables de la persecución y quien pretende instalar la versión del robo, fue ascendido a comisario de la ciudad de Hernando en 2021. Lo mismo sucedió con el verdugo de Lucas, ya que Carnero fue ascendido dos veces luego del homicidio.
“Con Yamil vivíamos en Colonia Almada, un pueblo con 400 habitantes, donde lo hostigaban por circular con su moto: una 50cc que él amaba. Se la quitaron 3 veces, la última vez fue el 3 septiembre de 2018, cuando radiqué la denuncia en el destacamento policial. El hostigamiento que recibía era muy descarado, al punto que comenzó a ser discriminado en la escuela, hasta que Yamil decidió no seguir con los estudios. Incluso se fue a vivir a Río Tercero con su mamá porque no aguantaba más”, escribió Claudio Malizzia en una nota para La Garganta Poderosa.
Los crímenes de Funes, Selva, Villalón y Malizzia, ¿son casos aislados? ¿Fueron todos producto de “manzanas podridas” en las fuerzas de seguridad de Río Tercero? ¿Son episodios cuya responsabilidad debe caer sobre una sola institución como la policial?
En todos ellos vemos factores comunes: ocultamiento de la identidad de los policías implicados, el accionar deliberado de más de un oficial en hechos anteriores, durante y posteriores al crimen, el ensañamiento y la discriminación contra juventudes empobrecidas y periféricas, los ascensos apremiando el accionar represivo y homicida de la fuerza, las acusaciones sobre las víctimas para justificar las persecuciones, el hostigamiento y las amenazas, las imputaciones que luego quedan en nada, la libertad de los criminales.
¿Sería todo lo anterior posible sin el aval del Poder Judicial? ¿A qué se refieren las familias cuando denuncian connivencia de poderes?
El laberinto judicial
En un primer momento, la causa por el asesinato de Lucas estuvo a cargo del fiscal Alejandro Carballo, pero en 2014 el expediente pasó a su colega Andrea Heredia Hidalgo, quien tuvo una cercanía particular con los hechos, ya que se encontraba presente el día de la persecución seguida de muerte de Lucas Funes.
Durante la instrucción, Hidalgo decidió, junto al juzgado de Control, el sobreseimiento de Carnero, concluyendo que durante el procedimiento Funes habría “huido ante la presencia policial”, y cuando era perseguido, en el marco de un enfrentamiento a tiros, el policía usó su arma reglamentaria, en el “legítimo ejercicio de su cargo”.
Frente a esta instancia, el abogado de la familia Funes, Vieytes Monroy, recurrió a la Cámara del Crimen de Villa María presentando pruebas que comprometían al uniformado. Después de dos apelaciones de la familia Funes, en Villa María se realizó una revisión y la causa volvió a Río Tercero, a la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación y Primer Turno, a cargo de Paula Bruera, con el fin de que continúe la investigación.
La fiscal Bruera también intervino en la causa de Yamil Malizzia, que decidió archivar por considerar el hecho como un “accidente de tránsito”. Quién estuvo a cargo de la investigación sobre lo sucedido con el joven motociclista fue el propio Luciano Carnero.
Sin embargo, en manos de Bruera sucedieron algunos avances en la causa Funes: se sumaron testimonios y se incorporó como prueba una reconstrucción virtual. En 2022, la fiscal dicta la elevación a juicio de la causa que vuelve a sentar en el banquillo de los acusados a Carnero, principal implicado por ser el supuesto autor de los disparos letales.
La defensa del homicida -quien se encuentra en libertad y continúa en ejercicio de sus funciones, al igual que los demás policías involucrados- apeló y presentó sucesivos recursos de oposición a la elevación a juicio.
El Tribunal Superior de Justicia se hizo cargo del caso y, tras una nueva revisión, en 2023 se expidió a favor de la elevación a juicio. El lunes 13 de mayo fue la primera audiencia del juicio donde el policía está imputado por “homicidio simple con exceso en el legítimo ejercicio en un cargo”. En caso de condena, el delito estipula una pena de entre tres y seis años de prisión.
Los jueces de la Cámara del Crimen de Río Tercero tienen la oportunidad de terminar con una década de represión estatal y violencia judicial, cuyo resultado son cuatro personas asesinadas y al menos cuatro sobrevivientes en extremo. La condena a Carnero podría poner un límite necesario y urgente a una Ciudad atravesada por la negligencia policial-judicial, como también su absolución podría dar -nuevamente- “vía libre” para que Río Tercero siga siendo una localidad librada a los designios de la banda policial que se esconde tras Carnero.
* Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la FCC-UNC, en prácticas en el proyecto “Cobertura periodística de juicios con impacto social”, coordinado por Alexis Oliva.