Por Agustín Serale *
El ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 durante la dictadura fue condenado a tres años de prisión en suspenso por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”. En una jornada fría, ventosa y llena de incertidumbre, la Justicia dio un paso más hacia la memoria y la verdad.
En el marco del 15° juicio de lesa humanidad en Córdoba, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) condenó el lunes 31 de marzo al ex secretario y ex juez Carlos Otero Álvarez por los cargos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad durante la última dictadura militar. Por unanimidad, se le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación.
Otero Álvarez fue juzgado por 92 hechos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de dar cuenta ante autoridades competentes respecto a denuncias de víctimas del terrorismo de Estado. Entre ellos, varios de los 31 asesinatos de presos políticos de la UP1, además de secuestros y torturas, denunciados por testigos y víctimas.
El tribunal estuvo presidido por Mario Martínez (La Rioja); los vocales fueron Facundo Zapiola (TOF 3, Córdoba), José Escobar Cello (Santa Fe) y Cristina Giordano (jueza sustituta, TOF 3, Córdoba). En cuanto a la querella, en representación de las familias Pucheta, Vaca Narvaja y Baronetto, las abogadas fueron Adriana Gentile y Patricia Chalup. Por el lado de Otero Alvarez, su colega Julio Deheza será su abogado. Y, por parte del Ministerio Público Fiscal, Carlos Gonella y Facundo Trotta, e integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado – Córdoba.
Idas y vueltas
Las principales denuncias que recaen sobre Otero Álvarez corresponden a la mayoría de los 31 presos y presas políticas en la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín fusilados en falsas fugas en 1976. Son las mismas 31 víctimas por las que en 2010 fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en cárcel común los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Cabe recordar que Otero Álvarez fue vocal del primer tribunal que juzgó a Menendez en 2008.
En el marco de la causa conocida como “Juicio a los Magistrados” de 2017, en la que no se juzgó a represores, sino a funcionarios del Poder Judicial que ejercieron sus funciones durante la dictadura. Entonces se dictó condena para el ex juez Miguel Ángel Puga y al ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo.
No obstante, se absolvió a Otero Álvarez y al defensor Ricardo Haro, arguyendo que el primero había actuado como “un mero fedatario” y no estaba obligado a receptar las denuncias realizadas por numerosas víctimas del terrorismo de Estado. Aquella instancia fue en el mismo TOF2, pero integrado por Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Jorge Gallino.
Luego de ese fallo, las querellas y la fiscalía apelaron ante la Cámara de Casación Penal, conformada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, para que anule la absolución del acusado. Así, en octubre de 2020 los camaristas anularon el punto 9 de la sentencia que determinó la absolución, por “valoración parcializada de las pruebas” con el resultado de “consagrar la impunidad de los imputados” y ordenaron un nuevo juicio.
“Ellos solos no van a investigar nada”
La audiencia prevista para las 9.30 no comenzó hasta las 10.30, horario en el que ingresaron los jueces a la sala de debate, donde ya todo estaba preparado para comenzar. Teniendo derecho a la última palabra, el acusado se negó a hablar ya que en una audiencia anterior hizo uso extendido de la palabra. A diferencia del juicio de 2017 donde permaneció en silencio. De este modo, se dictó el cuarto intermedio hasta las 13 horas para reanudar directamente con la lectura del documento que contenía la sentencia definitiva.
En el juicio estuvo presente el sobreviviente del terrorismo de Estado, Luis Miguel Baronetto, secuestrado en la D2 y preso en la UP1 junto su esposa Marta Juana González, luego fusilada. Él fue la voz de aquellos desaparecidos y asesinados en el confinamiento y quien presentó las denuncias desde que recuperó la libertad. Aquel a quien el juez Zamboni Ledesma y su secretario penal Otero Álvarez le tomaron las denuncias por primera vez y oyeron sus reiteradas declaraciones pero hicieron caso omiso. También se sumaron a la querella familiares de víctimas como Elba Pucheta, hermana de José Ángel Pucheta, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Información fusilado el 28 de mayo de 1976; Miguel Ceballos, hijo de uno de los fusilados de la UP1, hoy secretario del Juzgado Federal N° 3, y la familia de Hugo Vaca Narvaja, abogado fusilado en una falsa fuga el 12 de agosto de 1976.
Al finalizar el juicio, Baronetto sostuvo: “Una investigación en serio sobre este rubro, sobre los cómplices civiles, está muy presente en el discurso. Pero no está presente en los hechos, puntualizandolos ante la Justicia. Si no, no hay juicios. Si uno no hace, como hemos hecho nosotros, la denuncia, si no aporta pruebas… y bueno, después no nos quejemos si los tribunales miran para otro lado. Teniendo en cuenta que los tribunales por sí solos no van a investigar nada de esto”.
Cuando la secretaría del Tribunal terminó de leer la sentencia, hubo varios segundos de silencio en la sala espejo. Hasta que los familiares de las víctimas y activistas de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos hicieron estremecer la estructura de la pequeña sala con un fortísimo aplauso, seguido del cántico que reza: “¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”.
* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en prácticas de trabajo final en el proyecto Cobertura de juicios con impacto social, coordinado por Alexis Oliva.