Por Fabián García *
La dictadura cívico-militar se apropió –represión y complicidad judicial mediante– de empresas de capital nacional o vinculadas a proyectos cooperativos. Entre ellas, Mackentor, a cuyos directivos acusó falsamente de financiar la guerrilla. La historia puede leerse en Mackentor, crónica de un saqueo, obra recientemente publicada por el periodista Fabián García.
La empresa constructora Mackentor fue ocupada por los militares por orden del dictador Jorge Rafael Videla, el 25 de abril de 1977, con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Se trató de un montaje que persiguió otros fines. Nunca se les pudo probar vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército de Córdoba, detuvo a 30 directivos y empleados, y la compañía, que desafiaba con su modelo económico a las empresas asociadas a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) quedó convertida en nada.
Su presidente, Natalio Kejner, que se había exiliado en 1976, murió sin conocer el sentido de la palabra justicia. Perseguido por los militares y por la Justicia Federal, perdió la empresa y el sueño de su vida, que era conseguir que empresas argentinas construyeran las grandes obras de infraestructura que el país necesitaba.
Mackentor fue ocupada por los militares para rescindirle el contrato de la obra del Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, cuya construcción había obtenido en una licitación en 1972. Luego de ello, Obras Sanitarias de la Nación le entregó la obra a Supercemento, una empresa que tenía como accionistas a Julián Astolfoni, Franco Macri y Filiberto Bibiloni. Supercemento era una compañía casi monopólica, que controlaba el sector de obras públicas hidráulicas.
A la par, la Justicia Federal, con el juez Adolfo Zamboni Ledesma, legitimó la operación militar, “emprolijó” la acción militar, congeló el desarrollo de la empresa y permitió actos de corrupción durante el tiempo en que permaneció intervenida. Posteriormente, ya en democracia, la Justicia prolongaría la protección de todos los jueces y funcionarios que intervinieron durante la dictadura.
Se trata, además, de una experiencia empresarial diferente, en la que su capital accionario fue repartido por su fundador Natalio Kejner entre los directivos y empleados de la firma. Por eso, la intervención militar tuvo entre sus objetivos evitar la propagación de un ejemplo de organización como este. Este modo se diferenció del que aplicaba la gran burguesía argentina, basado en la máxima extracción de beneficios al Estado -un procedimiento que garantizaba colonizando con funcionarios propios las estructuras del Estado-, y llevando buena parte de esos recursos a posiciones de renta inmobiliaria o financiera al exterior.
Además, Kejner llevó adelante, desde mediados de los ’50 cuando se fundó Mackentor hasta la ocupación militar en 1977, una política simple, pero muy efectiva para crecer: todas las ganancias eran reinvertidas en capitalizar la empresa y equiparla. De ese modo, al momento de la intervención militar, era una de las firmas de la construcción más grandes del país.
Este hombre salvó su vida porque en agosto de 1976 escapó a Venezuela. Regresó a fines de 1984, cuando cesó el pedido de captura internacional que pesaba sobre él.
Pese a los esfuerzos de sus fundadores por reflotarla, Mackentor quebró en 2001 luego de perder en 1996 un juicio contra el Estado Nacional, en el que demandaba una reparación por los daños y perjuicios sufridos a causa de las intervenciones militar y judicial y los condicionamientos legales que se extendieron hasta fines de 1984.
La operación contra Mackentor fue realizada en 1977, cuando la dictadura cívico-militar decidió dar el golpe final a las distintas experiencias políticas, sindicales, sociales y empresariales que desafiaban el modelo agroexportador y de valorización financiera que impulsaba el bloque económico-político dominante. Su caída ocurrió durante el primer semestre de ese año, cuando se llevaron adelante una serie de intervenciones en el terreno de las relaciones económicas para favorecer a grupos afines, dirimir sus internas políticas o simplemente, apropiarse de bienes:
>Primero fue el secuestro de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y la cúpula y empleados de ese Grupo en marzo de 1977 para desapoderarlos de todos sus bienes.
>Unos días después, el primero de abril, a las 10.30 de la mañana fue secuestrado Edgardo Sajón, secretario de Prensa y Difusión de la presidencia del dictador Alejandro Agustín Lanusse entre 1971 y 1973 y en ese momento gerente técnico del diario La Opinión de Jacobo Timerman. Sajón aún permanece desaparecido. El 15 de abril, le tocó el turno al propio Timerman, que salvó su vida por la presión de Estados Unidos y la influyente comunidad judía de ese país. El periodista compartía parte del paquete accionario de Editorial Oltra y Talleres Gráficos Gustavo y Javier con el banquero David Graiver, cabeza del grupo Graiver. Según afirma Maria Seoane, en su libro “El burgués maldito”, Graiver financiaba La Opinión con dinero de Montoneros y para pagar los favores que le debía a Gelbard. El 25 de abril fue el turno de la familia Madanes, con la intención de avanzar sobre Aluar (Aluminios Argentins), pero Manuel Madanes, el socio del ex ministro de Perón en Aluar y Fate -fabricante de neumáticos- estaba de viaje en el exterior. Entonces, el Ejército secuestró a su esposa, Matilde Matrajt, a Duilio Brunello, ex interventor de Córdoba y vicepresidente del Partido Justicialista en el gobierno de Isabel Perón, y a José Luis García Falcó y José Ramón Palacio, hombres de confianza de Gelbard. Semanas más tarde, ya en el mes de mayo, sería detenido Lanusse, liberado poco después, por haber facilitado en 1971 que Aluar quedara en manos de Madanes y Gelbard. A su vez, un comando del almirante Eduardo Massera intentó asesinar sin éxito a Gelbard y su mano derecha en la CGE, el dueño de Embragues Wobron, Julio Broner, en Venezuela. Simultáneamente, fue intervenida Aluar, aunque luego, la familia Madanes pudo maniobrar y quedarse con la administración del gigante industrial patagónico.
>Y el 25 de abril le tocó el turno a Mackentor para favorecer a Supercemento.
Por cierto, el calvario de Mackentor comenzó un día de fiesta, el 30 de octubre de 1972, cuando ganó la licitación para construir el segundo acueducto Villa María – San Francisco. Para llevar adelante la obra, levantó la segunda fábrica de caños de Hormigón Armado Pretensado (HAP) del país, rompiendo de ese modo el control monopólico que Supercemento tenía en ese sector.
Con la ayuda de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), que impedía con trabas administrativas y económicas la evolución de la obra en territorio cordobés, Supercemento aprovechó el ahogo financiero de Mackentor para adquirir la fábrica de caños en 1975 y sacarla del medio. Luego, en 1977, como producto de la intervención militar de la firma, Astolfoni y Macri se quedaron con la obra del acueducto. A precios de 1973 era un negocio de unos 9 millones de dólares. En 1978 los italianos se la adjudicaron con un presupuesto de más de 24 millones de dólares. Casi 40 años más tarde, aún no se conoce su precio final porque una causa judicial por perjuicios económicos se tramita aún en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
Tanto para hostigar a Mackentor y quedarse con la fábrica de caños en 1975, como para rescindir el contrato y luego realizar la obra del segundo acueducto Villa María – San Francisco en 1977, Supercemento colonizó Obras Sanitarias de la Nación con funcionarios que le respondían.
Durante el juicio de la megacausa de La Perla, en 2016, fueron condenados los militares que ocuparon Mackentor y secuestraron a sus directivos y personal, pero no los empresarios ni los jueces y funcionarios judiciales que tuvieron participación en los hechos.
Foto: Archivo Luis Paván / EnRedacción
* Fabián García es periodista, editor de www.enredaccion.com.ar y autor del libro “Mackentor. Crónica de un saqueo. Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado”.