Por Katy García *
Dos represores vuelven a ser juzgados
A 15 años de una polémica absolución, un jefe militar y un policía vuelven a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Sus víctimas fueron presos políticos en la Unidad Penitenciaria N° 1 y en el Departamento de Informaciones D2.
El pasado 13 de agosto, comenzó en el Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) el 19° juicio de lesa humanidad en Córdoba, contra el exmilitar Osvaldo Quiroga y el expolicía Gustavo Salgado, por crímenes cometidos en 1976 contra presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo y la Justicia Federal.
En la jerga jurídica se lo llama juicio de “reenvío”, porque es un proceso surgido después de una sentencia previa anulada por un tribunal superior. En este caso, la Corte Suprema ordenó que se realice un proceso nuevo, ya que durante el juicio Videla, Menéndez y otros, realizado en 2010, los acusados fueron absueltos. El ministerio público fiscal y la querella apelaron las absoluciones y las instancias superiores del Poder Judicial les dieron la razón.
El TOF1, presidido en aquel entonces por Jaime Díaz Gavier, secundado por los vocales José María Pérez Villalobos y Julio Lascano, había condenado a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 16 imputados a cadena perpetua. Otro grupo recibió penas que van de 7 a 14 años, y cinco acusados fueron absueltos. Entre ellos, Quiroga y Salgado, quienes recuperaron la libertad. A 15 años de aquella sentencia, ambos afrontan este nuevo juicio.
Sus absoluciones fueron casadas en 2012 por los fiscales Maximiliano Hairabedian, Carlos Gonella, y la abogada querellante María Elba Martínez. La resolución de Salgado fue favorable ese mismo año. Pero la de Quiroga, vía recurso extraordinario, llegó a la Corte Suprema en 2018, que resolvió declarar “procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el fiscal Gonella y la querella ante la Cámara Federal de Casación Penal, y dejar sin efecto las absoluciones de Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga”. En el caso de Quiroga, acusado por los homicidios de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Gustavo Adolfo de Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, ordenó que se dicte “un nuevo pronunciamiento”. Lo mismo resolvió la Cámara de Casación respecto a Gustavo Rodolfo Salgado, imputado por privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados al expolicía Luis Alberto Urquiza, a quien acusaban de militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Los crímenes de la UP1
Una vez instaurado el golpe de estado en 1976, entre abril y octubre de 1976, oficiales del Ejército y la policía al mando de Luciano Benjamín Menéndez sacaron de la cárcel y fusilaron en tandas a 28 militantes políticos, aplicándoles la llamada “ley de fugas”. Luego de cada episodio, el Ejército difundía comunicados de prensa con el mismo relato: con auxilio de desconocidos, los subversivos intentaron fugarse, se produjo un tiroteo y resultaron fallecidos.
Intramuros, fue asesinado el 5 de julio Raúl Augusto “Paco” Bauducco, estudiante de Ciencias de la Información y militante del PRT-ERP. El cabo Miguel Ángel Pérez, lo golpeó durante una requisa hasta dejarlo sin fuerzas. Mientras, le ordenaba que se levante. Como no pudo obedecer la orden, lo remató de un balazo, con la anuencia de su superior Mones Ruiz.
El 14 del mismo mes, José René Moukarzel, médico recibido en la UNC, se encontraba realizando tareas de limpieza y dialogaba con otro preso. Esa situación alteró al teniente Gustavo Alsina y decidió darle una lección. Ordenó estaquearlo desnudo en el patio, mientras le arrojaban agua fría. A la madrugada fue llevado inconsciente al hospital, donde falleció. En total, 30 personas -24 hombres y 6 mujeres- que estaban detenidas legalmente y bajo responsabilidad del Poder Judicial fueron asesinadas.
Causa Quiroga
Durante la primera audiencia del nuevo juicio, el fiscal Carlos Gonella describió el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. La existencia del terrorismo de estado en Córdoba antes del Golpe de estado y luego el total control operacional del ejército y demás fuerzas, incluidas policías y penitenciarías. A la vez, el D2 actuaba como auxiliar directo de la Justicia federal en la instrucción de sumarios por la ley 2840, sancionada y promulgada en 1974, con el objeto de fijar penalidades para las actividades subversivas.
El 12 de agosto de 1976, por orden del general de brigada Juan Bautista Sasiaiñ, personal de la UP1 le entregó al acusado, teniente 1° Osvaldo Quiroga, jefe de la compañía del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2, a los detenidos políticos Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Eduardo de Breuil, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo. Las víctimas, maniatadas y encapuchadas, fueron trasladadas en dos camionetas camino a La Calera. En un vehículo, llevaban a Eduardo de Breuil y Vaca Narvaja, y en el otro a Gustavo de Breuil y Toranzo.
Tras recorrer un trecho, detuvieron la marcha y permanecieron una media hora. Luego los subieron a otro móvil rumbo a la zona del Parque San Martín, cerca del actual estadio Kempes. Allí hicieron bajar a los prisioneros y los acribillaron a balazos. Excepto a Eduardo de Breuil, a quien le quitaron la venda para que observe y lo devolvieron a la cárcel. Como era habitual, informaban oficialmente que habían sido abatidos por haber intentado escapar mientras los llevaban a un “consejo de guerra”. Quiroga fue quien retiró a los prisioneros de la cárcel y dejó su firma en la ficha de traslado. La fiscalía y la querella lo acusan como coautor del delito de homicidio, doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes.
Causa Salgado
El 12 de noviembre de 1976, por la mañana, Luis Alberto Urquiza, agente de la Policía y estudiante de Psicología de la UNC, fue secuestrado en Villa Allende por un grupo de personas armadas, vestidas de civil, entre las que se encontraba Gustavo Adolfo Salgado. Trasladado al D2 junto a otros prisioneros, Urquiza permaneció en condiciones infrahumanas, sometido a constantes amenazas, escuchando gritos de otros torturados, sin que le informaran los motivos. Durante el juicio de 2010, Urquiza denunció que Salgado le aplicó diferentes métodos de torturas que le dejaron secuelas. El fiscal lo acusa de los cargos de privación de la libertad y tormentos agravados, en calidad de autor.
Defensores por la nulidad
La defensora pública Natalia Bazán que asiste al mayor (r) Osvaldo Quiroga (79), planteó la nulidad de este segundo juicio porque considera que “afecta el derecho de defensa, el debido proceso y la garantía del non bis in ídem”, esto es, la imposibilidad de juzgar dos veces por un mismo hecho. Bazán argumentó que cuando se celebró el juicio de 2010 “ninguno de los acusadores pudo mostrar prueba alguna” y fue absuelto por unanimidad por el tribunal.
Además, sostuvo que a 15 años de la absolución, hay dos derechos en pugna. Por un lado, el de las víctimas a saber qué pasó, y por otro el del imputado a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho cuando la sentencia ha sido válido. Entiende, que la Corte, tras haber fracasado con la intensión de aplicar la ley 2×1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad “para lavarse la cara dictó esta sentencia contra su defendido”, que además padeció una enfermedad grave y su vida transcurre “en un laberinto procesal”.
Por su parte, el abogado particular del expolicía Salgado, Pedro Leguiza, dijo que su defendido no tenía responsabilidad en los delitos que se le atribuyen, adhirió a la propuesta de su colega y agregó que someter a su cliente a un nuevo juicio es “revictimizarlo”, porque es una persona enferma que tampoco gozó de libertad plena.
El fiscal, con acuerdo de la querella, rechazó ambos planteos porque se trata de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, donde no hay límites de tiempo. El criterio fue compartido por el Tribunal, por lo que el juicio seguirá su curso.
Testimonios contra el olvido
El jueves 21, se inició la etapa testimonial. Los testigos Daniel Juez, Enrique Asbert y Luis Miguel Baronetto, expresos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria n° 1 (UP1) conocida como la cárcel de barrio San Martín, coincidieron al relatar que el 12 de agosto de 1976, las cuatro víctimas fueron retiradas de la prisión por un militar señalado como “el capitán”, cuya identidad se le atribuye al imputado Quiroga.
Luego se enteraron que en la zona del Chateau Carrera fueron fusilados Vaca Narvaja, Gustavo De Breuil y Toranzo. A Eduardo de Breuil lo bajaron maniatado del vehículo para que observe una escena estremecedora. Luego, lo enviaron de vuelta a la cárcel con un mensaje para atemorizar a los demás: “Les va a pasar lo mismo”.
Esperando la muerte
Daniel Juez recordó que Vaca Narvaja había sido detenido en diciembre de 1975 y destacó que después del golpe de Estado de 1976 el régimen cambió, les quitaron los derechos y los golpeaban. Respecto al 12 de agosto dijo que escuchó un grito: “¡Contra la pared!”. De espaldas, escuchó que nombraban a las víctimas una por una. Dos horas después, “volvió Eduardo de Breuil y nos fuimos enterando por su relato, que escuchó unos disparos, que le levantaron la venda y le dijeron que nos avisara, porque así íbamos a terminar. Estábamos a la espera de que nos mataran”.
Enrique Asbert puso el foco en “Huguito” Vaca Narvaja, porque era su amigo. Contó que en mayo de 1976 fue retirado –por autoridades de la UP1– del pabellón 6, donde compartían celda y ese mismo día lo reintegran”. Esa noche le confió que estaba convencido de que lo iban a matar. Le pidió que “lo velara en vida” y les diga a sus hijos que “lo disculpen porque no hicieron el viaje a las sierras como les había prometido”. También declaró que la persona que lo llevó y lo trajo de vuelta le había dicho: “Te salvaste pibe, porque hemos cubierto el cupo de subversivos que tenemos asignados para matarlos. Pero te vamos a matar. El Ejército argentino te va a matar”, le dijo el militar, identificado como el Capitán.
En otro tramo de su testimonio, describió el silencio asfixiante que generaba la irrupción de los torturadores, que presagiaba palizas o el retiro de personas para fusilarlas. Finalmente, relató que en el último y fatal traslado pudo escuchar que su amigo se despedía de los compañeros de celda. “¡Viva Perón, carajo!, dijo y esa fue la última vez que lo vi”. Como un soliloquio, el testigo deslizó: “Me parece que tenía la obligación de venir al Tribunal para compartir esta verdad con el amigo muerto”.
La masacre y el mensaje
Luis Miguel Baronetto contó que aquél día sombrío se encontraba en el pabellón 8, cuando trajeron de vuelta a Eduardo de Breuil. “Eduardo contó que los llevaron en dos vehículos distintos hasta un lugar que identificó como una dependencia del Ejército. Los bajaron, los tuvieron sentados, en el piso. No pudo ver a ninguno en concreto, pero escuchó, que se referían al Capitán –que sería Quiroga– y a un hombre de apellido D’Aloia (Francisco Pablo, otro de los absueltos en el juicio UP1) en relación a un partido de fútbol. Esa persona lo reprendió: “Cállate, boludo, que estos son subversivos”. Después, los llevaron por un camino de tierra hasta un lugar donde los fusilaron.
Además, Baronetto recordó: “Los presos políticos estábamos a cargo de la Justicia federal, desde diciembre de 1975, a disposición del PEN. Por eso, la responsabilidad de los fusilamientos se la atribuyó a los jueces que ordenaban sacar a los presos de la cárcel”, explicó. Como los otros testigos se enteró de la masacre a través del sobreviviente, a quien desatan, le bajan la venda para que vea a los tres compañeros muertos. Luego lo dejan en la cárcel “con la consigna de que cuente lo que había visto, porque eso nos iba a pasar a todos”. Así actuaron los “valientes militares del Ejército argentino, criminales, cobardes; no puedo decir otra cosa”, dijo el testigo en tono enérgico.
Por portación de apellido
Baronetto es uno de los testigos que más ha declarado en diferentes causas de lesa humanidad, a pesar de la tensión arterial alta y las emociones fuertes que generan recuerdos que aparecen sin avisar. Como ocurrió –acompañamiento psicológico de por medio– en esta jornada. Mientras evocaba la figura de Hugo Vaca Narvaja (h) y trataba de analizar por qué lo llevaron se desmoronó y por varios minutos no pudo seguir su relato. Una vez recuperado, dijo que conocía a Hugo de cerca porque era apoderado del Partido Peronista Auténtico y él miembro de la Junta promotora, y que fue funcionario del Gobierno de Ricardo Obregón Cano.
“Era una persona muy conocida. Pienso que lo sacaron porque era un Vaca Narvaja, hermano de uno de los jefes Montoneros (Fernando Vaca Narvaja), militante político, y defensor de presos políticos”, redondeó.
Durante la próxima audiencia, prevista para el 2 de septiembre desde las 9.30 horas, a instancias de las partes se mostrarán testimonios en registrados en video durante el juicio UP1, en 2010.
El juicio es oral y público. Cualquier persona mayor de edad, puede asistir presentando el DNI.
Juicio 19 en Córdoba
Tribunal: Mario Martínez, Facundo Zapiola (presidente) y Cristina Edith Giordano.
Fiscales: Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo.
Querella: Adriana Gentile, representa a Eduardo De Breuil, Carolina Vaca Narvaja y Raúl Toranzo (causa Quiroga) y a Luis Alberto Urquiza (causa Gontero).
Imputados: Osvaldo César Quiroga y Gustavo Rodolfo Salgado.
Defensa: Natalia Bazán, del ministerio de la defensa, y Luis Leguiza particular.
* Periodista. Licenciada en Comunicación Social de la ECI-UNC.