Por Bahía Luz De Palma *
Cecilia Basaldúa: cinco años de un femicidio impune
Mario Mainardi, dueño de la casa donde se hospedó la víctima, fue citado para realizar una extracción de sangre. La abogada de la familia aclaró que el procedimiento no es un avance, porque en el cuerpo de Cecilia “no hay material genético para comparar” y reclamó que las muestras de luminol nunca fueron analizadas.
Dos semanas después del quinto aniversario del asesinato de Cecilia Gisela Basaldúa, hallada sin vida el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, el Fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Nelson Lingua, ordenó la extracción de material genético de Mario Mainardi, la última persona que la vio antes de su desaparición, el 5 de abril.
El hombre es el dueño de la casa donde se hospedó la joven, que retornaba a Buenos Aires cuando la orden de aislamiento por la pandemia la sorprendió en la ciudad serrana. Es la segunda vez que se realiza este procedimiento y la abogada querellante Daniela Pavón duda que arroje resultados: “En el cuerpo de Cecilia no hay material genético con el cual comparar”.
A principios de mayo, Mainardi fue trasladado desde Rosario en un patrullero y la extracción de sangre se realizó en las oficinas de Química Legal de la Policía Judicial de la ciudad de Córdoba, cerca de Tribunales II. La familia de la víctima desde un primer momento lo apuntó como el principal sospechoso, ya que Mainardi denunció la desaparición tres días después, dio versiones contradictorias de la supuesta partida de Cecilia de su casa, eliminó pruebas y poco después del crimen se instaló en la provincia de Santa Fe.
La orden de Lingua se enmarca en la segunda investigación del caso, que comienza en foja cero luego del fallido juicio de 2022, cuando tanto la defensa como la querella demostraron que el imputado Lucas Bustos era un chivo expiatorio y el jurado lo absolvió por falta de pruebas.
Pruebas ignoradas
En diálogo con el portal Qué, la abogada señala que una “prueba fundamental” aún no fue analizada. Se trata de 10 muestras de post luminol, que se tomaron en la casa de Mainardi. “Permitirían determinar si hay ADN de Cecilia”, manifiesta la letrada y añadió que “fueron tomadas de manchas que podrían coincidir con sangre, extraídas de cortinas y paredes”.
En relación a la necesidad de redirigir la investigación judicial, Pavón fundamentó que el protocolo de femicidios establece que se debe investigar primero el entorno más cercano a la víctima. Tal como sostiene la querella desde el primer momento, Pavón reitera que el crimen está relacionado a la explotación sexual de mujeres y el narcotráfico. “Acá hay una cadena de encubrimientos que quedó evidenciada en el juicio, en donde los policías llevaron a cabo toda la investigación, que estuvo llena de irregularidades”, se explaya.
Ahora la causa pasó a las manos de una nueva fiscal. La primera semana de junio Sabrina Luciana Ardiles tomó juramento al asumir la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, y entre muchos otros casos, debe indagar qué pasó con Cecilia. Un cambio de enfoque podría abrir la puerta a una nueva hipótesis que valore las pruebas reunidas por la defensa de la familia Basaldúa.
Cinco años sin Cecilia
Cecilia desapareció el 5 de abril de 2020 en Capilla del Monte, durante las primeras semanas que se implementaron las restricciones sanitarias, para prevenir la propagación del Covid-19.
La mujer de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había realizado un largo viaje por diferentes países de Latinoamérica y llegó a las sierras de Córdoba con el objetivo de escribir un libro sobre su recorrido. La cuarentena frustró su estadía en la localidad del norte del Valle de Punilla. Estaba acampando en el camping municipal cuando le informaron que iba a ser inhabilitado. Una artesana del lugar le presentó a Mario Mainardi, quien le propuso a Cecilia que se instale en su patio. La abogada Pavón recuerda que los mensajes registrados en el teléfono de la mujer muestran que el hombre “insistió en llevarla a su casa, hay una captación de persona”.
Luego, Cecilia desapareció. El 8 de abril, a tres días de ausencia, su padre Daniel Basaldúa recibió una llamada de Mainardi. Ya preocupado por la falta de comunicación de su hija, Daniel escuchó una voz que le informaba, con tono tajante, que desde hacía 72 horas no había rastros de Cecilia.
El 25 de abril, tras una búsqueda limitada por los horarios y las restricciones por el coronavirus, el cuerpo sin vida fue hallado a la vera del arroyo Calabalumba, cerca de un basural. Los restos mostraban signos de golpes y agresiones sexuales y estaban en una etapa avanzada de descomposición.
Un femicidio impune
48 horas después del hallazgo del cuerpo, la Policía detuvo a Lucas Bustos, un joven peón rural que vivía cerca del basural de Capilla del Monte. La causa estuvo en manos de la fiscal de Cosquín Paula Kelm, bajo la carátula “abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa”.
Un año después, Kelm elevó la instrucción a juicio. La propia familia se oponía, porque la fiscal no había incluido las pruebas recolectadas por la querella. El proceso se realizó en 2022, en los Tribunales de Cruz del Eje, ciudad donde se encontraba preso Bustos. Después de trece audiencias, el jurado popular y los jueces técnicos absolvieron al único acusado y ordenaron reiniciar la instrucción. La sentencia fue en línea con el pedido del papá y la mamá de Cecilia. En el juicio, el fiscal Sergio Cuello había sostenido la hipótesis de Kelm, y a pesar de reconocer que no existían pruebas que la sustentaran, pidió la pena de prisión perpetúa para Bustos.
Susana Reyes y Daniel Basaldúa consideran que el acusado fue un “chivo expiatorio” para consumar el encubrimiento de los verdaderos responsables del crimen. Al finalizar ese juicio, la madre de la víctima dijo ante los medios: “Estamos más cerca de saber la verdad, no queremos ningún inocente preso”. Susana repitió muchas veces, antes y después del proceso, que su hija era cinturon negro de taekwondo, por lo que sospecha que el ataque fue consumado por varias personas.
La investigación de Kelm fue cuestionada porque no contaba con pruebas de que Bustos fuera el autor del crimen. En el expediente, sólo figuraba una declaración irregular que consignaron los oficiales en abril de 2020, en donde el joven se autoincriminó, todo indica que bajo amenazas. Como denunció su defensora, esa declaración era inconstitucional, porque no había un abogado presente. Los presuntos testigos eran todos policías.
Además, la fiscal tampoco pudo reconstruir una versión coherente respecto a qué le ocurrió a la víctima, cómo fue asesinada, dónde y cómo llegó su cuerpo hasta la vera del arroyo.
Dos años después, una inspección judicial realizada por la fiscalía, la querella y un equipo del DUAR, terminó de derribar el planteo de Kelm. Durante el recorrido por donde habría transitado Cecilia por su propia voluntad antes de ser asesinada, reconocieron que es “una zona de muy difícil acceso”. Pavón informó que hay lugares “en que las aguas cloacales llegan por arriba de la cintura”, lo que dificulta que alguien decida acampar o transitar por ese espacio.
La denuncia se amplía
En el actual contexto, la familia vuelve a pedir que la Justicia investigue a Mainardi y su entorno, sobre todo a quienes asistieron a una fiesta en su casa un día antes de la desaparición de Cecilia. También apunta contra la complicidad policial.
La abogada recuerda que Mainardi demoró tres días en hacer la denuncia de su desaparición, y luego se contradijo en su relato. Primero explicó que Cecilia se había ido “en un brote psicótico” y luego que él la echó porque estaba “fuera de sus cabales”. Para la abogada de la familia, ella estaba en perfecto estado de salud, física y mental.
Poco después del asesinato, ciruculó un audio donde una mujer contaba que a Cecilia la asesinaron por negarse a tener relaciones sexuales con un hombre en una fiesta, en donde había policías. Sin embargo, esa declaración no fue incorporada a la causa.
Las organizaciones feministas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –que también forma parte de la querella– denunciaron a la policía por obstruir el avance de la causa. Además, un funcionario y tres agentes policiales integrantes de la Brigada de Investigaciones Norte (de Punilla) que participaron del caso se encuentran presos por crímenes contra mujeres.
El operativo de búsqueda estuvo bajo las ordenes de Diego Concha, el ex titular de Defensa Civil detenido en 2021 y luego condenado por abuso sexual y amenazas, en perjuicio de una joven bombera que se quitó la vida tras las vejaciones. El jefe de la departamental Diego Bracamonte fue apartado en el 2022, tras la violenta detención de Jonathan Romo en la comisaría de La Falda, que culminó con el hombre muerto. Dos años después, la fiscalía de Cosquín ordenó su detención por hechos enmarcados en violencia de género.
Similares acusaciones afrontan los subcomisarios Ariel Zárate y Adrián Lúquez. El primero, denunciado por su pareja el mismo año del femicidio de Cecilia, cumple una condena por abuso sexual, lesiones calificadas y privación ilegitima de la libertad. A su vez, Lúquez fue detenido por amenazas con armas de fuego en perjuicio de su ex novia.
“La Policía fue quien elaboró la investigación, por eso consideramos que hay una cadena de responsabilidades”, plantea Pavón y agrega: “Algún tipo de encubrimiento hay y no sabemos a qué obedece”.
Justicia cuesta arriba
En este contexto de impunidad, Cecilia Basaldúa se hermana con Yamila Cuello. Durante 16 años, la joven desaparecida fue consigna en el reclamo callejero, hasta que recién en marzo de este año la Justicia condenó a su victimario. Desaparecida y asesinada por su pareja Néstor Simone –un hombre 17 años mayor– en octubre de 2009, aún se desconoce dónde fue ocultado su cuerpo.
La investigación estableció que el crimen sucedió en un contexto marcado por la violencia de género y la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual. El juicio llegó después de que Soledad, hermana de la víctima, denunciara públicamente al cumplirse cada año de ausencia que la causa no avanzaba. En dos oportunidades, el Poder Judicial absolvió al principal sospechoso, finalmente condenado a prisión perpetua.
La primera vez que Soledad se sentó frente al Tribunal Federal Oral 2 (TOF2) declaró, entre otras cosas, que su hermana temía denunciar la violencia física que sufría porque en los lugares “de la noche” a los que asistía con Simone –espacios en donde él apostaba y, según el expediente, pagaba sus deudas con el cuerpo de Yamila– había policías.
Los crímenes son distintos, pero hay muchos puntos en común, como la obstrucción en la investigación, la demora, la sospecha de complicidad de las fuerzas de seguridad, el maltrato a las familias por parte de la Justicia, la exclusión de la perspectiva de género y una narrativa judicial que presenta a las víctimas de explotación sexual y femicidio como casos aislados por los que debe pagar un solo culpable.
La designación de una nueva fiscal en Cruz del Eje genera expectativas respecto a un posible avance en la investigación del crimen de Cecilia. Hasta ahora, la actuación de la Justicia fue limitada y el femicidio continúa impune.
* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en prácticas de trabajo final en el proyecto Cobertura periodística de juicios con impacto social, coordinado por Alexis Oliva.