En los últimos años, la ciudad de Colonia Caroya fue testigo de un boom de empresas productoras de materiales para la construcción, en especial de ladrillos, que se instalaron allí.
Por: Marianella Tabbia. Estudiante de la ECI.
Pese a los grandes avances tecnológicos, la elaboración de estos productos es prácticamente artesanal. En la actualidad, los denominados “cortaderos de ladrillos” suman un total de 14 establecimientos dispersos por toda la ciudad.
La particularidad del fenómeno radica en los empleados de estas empresas, en su mayoría de procedencia boliviana que suman alrededor de 700 familias en la zona. Los trabajadores viven junto con sus familias en casas precarias ubicadas en el mismo cortadero donde se elaboran los ladrillos, a la par de todos los elementos de la producción. Las condiciones laborales son preocupantes a la par de la pobreza que subyace en su entorno como la falta de servicios básicos y sanitarios. La explotación está presente no solo en la vida cotidiana repleta de carencias sino también en los escasos salarios que varían según la fabricación que depende, a su vez, del buen clima.
Las comunidades bolivianas forman parte de una corriente migratoria que está presente, no solo en Colonia Caroya, sino también en ciudades cordobesas como Villa Dolores, Malvinas Argentinas, San Francisco, Montecristo, entre otras. Las personas dejan su país en busca de mejores oportunidades laborales, aunque los hechos demuestran que no siempre lo consiguen. Sumado a esto, la resignación y la falta de información traen como consecuencia que en muchos casos, se nieguen a recibir ayuda por temor
a perder el trabajo o por la creencia de que serán deportados a su patria natal. Todas estas cuestiones, dificultan la intervención de organismos interesados en denunciar y modificar las relaciones de abuso de poder.
La falta de aplicación de normas de higiene y seguridad produjeron a fines de 2012, la muerte accidental de dos menores de edad. Estos hechos apresuraron la aprobación de la Ordenanza nº 1741 en el mismo año que, en un intento de regulación, buscó controlar la actividad y mejorar la situación de estas familias. Pese a ello, los cambios no fueron tan profundos como esta realidad lo requería ya que los controles están ausentes y persisten establecimientos como el caso de un cortadero que continúa ubicado a metros de la Escuela Manuel Belgrano pese a que estas empresas no deben estar cerca de lugares poblados.
