Comienza el 12° juicio de lesa humanidad celebrado en Córdoba desde la caída de las leyes de impunidad, en el que se juzgará a 18 ex militares y policías por secuestros, torturas y homicidios. 4 de las 43 víctimas pertenecieron a la Escuela de Ciencias de la Información (ECI), la más castigada por la represión en la UNC.
Por Alexis Oliva
Se inicia hoy en los Tribunales federales el 12° juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, desde que luego de anuladas las leyes de impunidad comenzara en 2008 a juzgarse a los responsables del terrorismo de Estado. Un plan represivo que en la provincia se desplegó desde el golpe de Estado policial del “Navarrazo” en febrero de 1974 hasta el final de la dictadura cívico-militar, iniciada en marzo del 76 y finalizada en diciembre del 83.
En las causas “Diedrichs” y “Herrera”, 18 ex militares, personal civil del Ejército y policías provinciales están acusados de “privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia”, delitos cometidos en el contexto de un plan sistemático de exterminio y persecución de opositores políticos, y por lo tanto imprescriptibles.
El Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N° 1) estará presidido por la jueza Carolina Prado, acompañada por Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, y Maximiliano Hairabedián estará a cargo de la fiscalía. Prado será la segunda mujer en conducir un juicio de lesa humanidad en la Argentina. La primera fue Mirta Gladis Yunes, al frente del Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia cuando en 2010 se juzgó la causa por la masacre de Margarita Belén, perpetrada el 13 de diciembre de 1976.
El juicio busca establecer justicia para 43 víctimas –7 en la causa “Diedrichs” y 36 en “Herrera”–, de las que 34 fueron secuestradas-desaparecidas y 9 sobrevivieron. Algunas estarán entre los por ahora 38 testigos citados para declarar en el proceso oral y público, que se desarrollará los miércoles desde las 10 horas y se transmitirá por el canal de YouTube del TOF N° 1 de Córdoba (bit.ly/VivoJuicioDiedrichsHerrera).
A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia, en el recinto de Concepción Arenal 690 sólo estarán presentes el tribunal y las partes. Tanto los imputados como los testigos que pertenezcan a grupos de riesgo o no vivan en la ciudad de Córdoba seguirán el juicio a través de video conferencia.
Contra la impunidad biológica
Varios de los querellantes estarán patrocinados por el abogado Claudio Orosz, quien intervino en la mayoría de los 11 juicios de lesa humanidad celebrados en Córdoba y representa también a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Orosz explicó a Qué Contenidos que la mayoría de los casos comprendidos en estas causas “ocurrieron en la primera época de La Perla”, inaugurada como campo de concentración y exterminio luego del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando “los prisioneros duraban poco, porque el campo era una máquina de matar, donde se aplicaba una tortura sistemática para provocar lo que los represores llamaban ‘caídas en cadena’”. “Sin embargo, varios sobrevivientes vieron a las víctimas en el campo. Entre ellos, Ana Iliovich, quien registró los nombres en un cuaderno que pudo sacar del campo y es una prueba fundamental”, señaló el letrado.
Por otra parte, Orosz lamentó que “al iniciar esta causa teníamos muchos más imputados, pero se han ido muriendo o han sido separados del juicio por graves enfermedades y ahí rigió la impunidad biológica. Además, este juicio es una muestra de que por ahí en el Poder Judicial las cosas no se hacen del todo bien, porque la causa fue elevada a juicio cuando todavía estábamos en la Megacausa La Perla, pero luego fue declarada nula, se elevó a Casación y allí se confirmó la nulidad. Por lo tanto, hubo que volver a instruirla con otro juez y ahí se perdió un tiempo importante que les sirvió a algunos para irse a la tumba sin condena. Al principio teníamos 33 imputados y hoy quedan 18”.
-En casi todos los juicios anteriores se revelaron complicidades de instituciones y poderes de la sociedad civil con la represión dictatorial. ¿Qué puede aparecer en este juicio?
-Me parece que el listado de personas expulsadas de la Escuela de Ciencias de la Información por la intervención militar no va a ser un tema menor, porque hay varios de sus estudiantes entre los casos de la causa Herrera, como también estudiantes de lo que era Trabajo Social. Ahí puede haber responsabilidad de interventores militares o decanos y rectores civiles, que hayan pasado nombres para los listados que los servicios de inteligencia fueron haciendo en relación al activismo.
Las víctimas de la ECI
Entre las víctimas de este juicio, se encuentran Adriana María Díaz Ríos de Soulier (22 años de edad), secuestrada en barrio Villa Páez el 15 de agosto de 1976 con su marido Juan Carlos Soulier (23) y Sebastián, su bebé de cinco meses, que luego fue entregado por los represores a la familia y hoy es uno de los querellantes de la causa “Diedrichs”. También integran la nómina de víctimas Yolanda Mabel Dámora Delgado (21) y José Alberto García Solá (23), quienes eran cuñados (José estaba casado con María Ester Dámora, hermana de Yolanda), compañeros de estudio y militancia, secuestrados el 11 de mayo del 76 en Alta Córdoba, y Graciela Haydee Torres (22), secuestrada el 29 de junio de 1976 en su casa de barrio Observatorio y asesinada el 8 de julio cerca de la localidad de Tanti. Sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y restituidos a la familia en 2005. García Solá y Yolanda Dámora eran conocidos estudiantes de la ECI-UNC y Díaz Ríos y Torres por lo menos estaban inscriptas.
Sus nombres están escritos en una baldosa y sus rostros entre los retratos que rinden tributo a su memoria en el edificio de la hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC). En vísperas del inicio del juicio, el Decanato y el Honorable Consejo Directivo de la FCC expresaron su beneplácito: “Recordar a estes estudiantes es imprescindible y lo hacemos con pesar y a la vez con el orgullo de que representan el compromiso de una generación y nos señalan que hoy siguen pendientes muchos de los sueños por los que elles lucharon”.
“Una vez más expresamos nuestro compromiso inquebrantable con la Memoria, Verdad y Justicia, pronto se dará un nuevo paso en ese sentido y seguiremos andando por esa senda, no olvidamos ni olvidaremos a les 55 ex estudiantes de la ECI detenidos-desaparecidos, por ello lo hemos plasmado en un mural de nuestra Facultad. ¡Presentes!”, finaliza el comunicado.
De la ebullición a la represión
Egresada de la ECI y directora de la revista Matices, Noemí Falco fue compañera y amiga de Yolanda Dámora desde la secundaria. Juntas buscaron en Ciencias de la Información la combinación entre su amor por las letras y el anhelo de contribuir a un mundo más justo. “Y allí encontramos lo que veníamos a buscar y más. Y mucho más. Allí se abrieron nuestras cabezas y comprendimos que no era la religión la que salvaría el mundo. Si lo fuera, nos dijimos, lo hubiera hecho hace dos mil años. Y así entramos a la efervescencia política de los 70. Y así nos comprometimos con los más nobles ideales. Y leímos ya no sólo nuestros apuntes sino la literatura de vanguardia política que planteaba que la única salida para plantear el mundo era la revolucionaria”, recuerda.
En el mismo grupo que integró la primera camada de ingresantes en 1972, estaba la periodista Liliana Arraya, quien conoció a Dámora y José García cuando la ECI funcionaba en el edificio de la actual Escuela de Lenguas, donde “cualquier discusión de cátedra viraba a lo político y a voz en cuello competían los mejores oradores: los peronistas, los guevaristas, los comunistas, los chinos, radicales, socialistas y reformistas se sacaban chispas sabiendo que en ese terreno dirimían las futuras filiaciones de su auditorio”, según recordó en un testimonio escrito en estos días.
“Entre los primeros ingresantes era común que estuviéramos inscriptos en más de una carrera, porque la ECI recién empezó en el segundo cuatrimestre del 72 –explica Arraya–. Cuando se anunció que comenzaba, los que queríamos estudiar periodismo nos inscribimos, pero no se abría y hubo que hacer movilizaciones. Con quienes fueron nuestros compañeros y compañeras nos conocimos en las asambleas que se hacían en la UTA, donde el Negro Atilio López nos prestaba el auditorio. Además, muchos se inscribían para hacer política, porque la ECI era un lugar de mucha ebullición”.
En coincidencia con Orosz, para Arraya la represión a estudiantes y docentes “empezó con el Navarrazo y se agravó con la intervención a la ECI en 1975”, cuando el rectorado nombró a Antonio María Requena como director. “Requena encabezó una verdadera caza de brujas, es decir, una profunda y ajustada purga estudiantil y docente. A partir de allí muchos alumnos, especialmente militantes y dirigentes estudiantiles, comenzaron a ser perseguidos, se vieron forzados a pasar a la clandestinidad, y los que no fueron desaparecidos, se exiliaron e interrumpieron sus estudios”, señalan Pablo Ponza y Carolina Wild en un estudio titulado Escuela de Ciencias de la Información (1972-1984): Composición institucional y socio-cultural del Colectivo Estudiantil.
El golpe y los ojos de Mabel
Tras el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, la dictadura dispuso el cierre de la ECI. La “Comunidad Informativa” del Tercer Cuerpo de Ejército, grupo de inteligencia y coordinación represiva formado por Luciano Benjamín Menéndez, había alertado que sus estudiantes y egresados eran “casi todos elementos marxistas que se injertarían (sic) en los distintos medios de comunicación y/o difusión”. Con 55 estudiantes asesinados o desaparecidos, la ECI fue la más castigada por la represión en la UNC.
Entre ellos están los cuatro estudiantes que integran la nómina de víctimas del juicio que hoy comienza. “No olvidaré jamás los ojos Mabel el día que me visitó, unos pocos días antes del golpe –relata Falco–. Nos abrazamos con toda la angustia que los tiempos nos imprimían. Todo quedó en aquel abrazo: sus sueños, sus alegrías escasas, su perseverancia, su convicción y lo que aún no podía medir desde mis veintiún años: la muerte. También llegaría la muerte el día que se la llevaron junto a Alberto. Pero aquí estará Mabel. En mi corazón. Cada 1° de agosto celebro su cumpleaños cuando ya no tengo a nadie con quien pensarla. Aquí está y estará por siempre en cada acto de justicia que se materialice”.
12 años, 12 juicios
Entre 2003 y 2007, fueron anuladas las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos que beneficiaban a los represores de la última dictadura, lo que permitió reanudar los juicios al terrorismo de Estado, que se habían interrumpido en 1988. Desde que en 2008 el ex general Luciano Benjamín Menéndez –comandante del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979– recibiera junto a otros siete represores su primera condena a prisión perpetua en la llamada causa “Brandalisis”, se han realizado once juicios de lesa humanidad en Córdoba.
Entre ellos, la causa por los fusilamientos de 29 presos políticos de la cárcel de barrio San Martín, en la que en diciembre de 2010 fueron condenados el ex dictador Jorge Rafael Videla, Menéndez y otros 21 represores, y otros 7 resultaron absueltos. En un proceso que se extendió entre diciembre de 2012 y agosto de 2016, la Megacausa La Perla – La Ribera – D2 abarcó la mayor parte del plan sistemático de exterminio de opositores políticos en la provincia, con 706 víctimas y 58 acusados, de los que 15 fallecieron o fueron apartados durante el juicio y 28 fueron sentenciados a prisión perpetua, otros 10 a penas menores y 5 absueltos.
Luego de la Megacausa, el juicio “Pino Cano” terminó en abril de 2017 con 3 absoluciones y la “causa de los magistrados” en noviembre de ese año con 2 condenas leves y 2 absoluciones. En abril de 2018, el juicio “González Navarro – Vergez” dejó 13 condenas –sólo una a prisión perpetua– y 6 absoluciones. En el último juicio de lesa humanidad celebrado en Córdoba –por la causa “Montiveros”– el TOF Nº 1 impuso el 12 de marzo de 2019 penas de prisión perpetua a 5 acusados y de 2 a 9 años a otros 4, mientras que otros 8 fueron absueltos.
Vigilia y aparición
Organizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y a partir de una idea del artista visual Gabriel Orge, anoche se realizó una intervención en la sede de los Tribunales Federales de Córdoba. Sobre la fachada del edificio, se proyectaron los retratos de las 34 víctimas del juicio que fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, 34 flores rojas y 34 pañuelos. El fundamento de la intervención plantea: “Nosotras y nosotros, quienes recordamos y no bajamos los brazos en la búsqueda de Verdad y Justicia, seguiremos cada audiencia desde la virtualidad, porque no hay pandemia que frene los procesos de justicia”.
Foto principal: Colectivo Manifiesto / La Tinta