Por Marta Gaztañaga *
En tiempos de pandemia y cuarentena, les migrantes pierden en su mayoría su trabajo, por lo general informal, y al no poder acreditar dos años de residencia ni siquiera tienen acceso al Ingreso Familiar de Emergencia previsto por el Gobierno nacional como paliativo al desempleo circunstancial. En este contexto, la maraña de barreras burocráticas deviene en segregacionismo y abandono.
La comunidad migrante y las organizaciones sociales que trabajan con ella denuncian que las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia del Covid-19 no la incluye. Según un relevamiento de la “Agenda Migrante 2020”, el 58% de esa población dejó de percibir un ingreso económico cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es la ayuda económica dispuesta por el Gobierno nacional para les trabajadores informales y monotributistas. Estas son las condiciones de los trabajos a los que suelen acceder las personas migrantes, pero para cobrar la ayuda extraordinaria es necesario demostrar una residencia de más de dos años, requisito que impide a la mayoría acceder a ella.
El informe del Observatorio “Gabriel Chausovsky” muestra las dificultades que trajo la implementación de la RADEX (Radicación a Distancia del Extranjero) a la hora de regularizar las residencias en el país. Cada vez menos personas inician el trámite para poder tener un Documento Nacional de Identidad (DNI) y más de la mitad de las personas que lo inician no lo pueden resolver. Las organizaciones que integran el Observatorio sostienen que “la regularidad y la irregularidad migratoria no dependen de lo que hacen o no hacen las personas migrantes, sino de lo que hace o no hace el Estado”, ya que les migrantes conocen las consecuencias negativas de la indocumentación y “siempre desean regularizar su residencia”.
Más barreras que ayudas
“Agenda Migrante 2020” reúne a Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la campaña Migrar no es Delito, entre otras organizaciones. Desde ese espacio, realizaron la primera encuesta para personas migrantes, con el objetivo de incidir en las políticas estatales que dan respuesta a la crisis generada por el Coronavirus. La información obtenida es contundente: incluso antes de la emergencia sanitaria, la mayoría de les migrantes se encontraba en situaciones de vulnerabilidad, ya que el 26,5% trabajaba de manera informal, el 28,3% de manera esporádica y el 17,2% no tenía trabajo.
El 28% tenía un empleo formal, pero durante la cuarentena sólo el 8,12% sigue manteniendo su empleo y sueldo. La mayoría de les que perdieron su empleo no tienen una residencia de más de dos años y no pueden acceder al IFE. A su vez, calculan que 3 de cada 10 migrantes que cumplen con todos los requisitos no pudieron cobrar la ayuda. La Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba reportó que de las 63 solicitudes realizadas, todas fueron rechazadas.
El 77% de les entrevistades no recibe ayudas sociales de ningún tipo. Las organizaciones piden revisar las condiciones para ser asistides por el Estado ya que “la pandemia nos muestra que si no se cuida a toda la población a cargo, el problema se extiende, porque el virus contagia de manera universal. No hace distinciones por lugar de nacimiento”. Por ello, la propuesta es insistir en la figura del “habitante” que está prevista en la Constitución Nacional. Penchaszadeh, especialista en migraciones e investigadora de Conicet, recuerda que “todos los habitantes de un país están a cargo del Estado en sus necesidades más básicas. Esto se refuerza en un contexto en el que nadie se puede ir, el regreso no es una opción que puedan tomar”.
Regularizar la residencia
La comunidad senegalesa y haitiana se desempeña, en su mayoría, en la venta ambulante y son dos de las comunidades más golpeadas en esta situación. “La verdad que no sé de qué voy a vivir, porque ya no tengo nada y no puedo salir a trabajar. Soy monotributista, pero no me puedo beneficiar de ninguna ayuda del Gobierno por falta de documento. Y la mayoría de los senegaleses están en la misma situación que yo”, dice uno de los migrantes citados en la encuesta anterior. Como en su caso, las personas que vienen de países que no pertenecen al Mercosur tienen que realizar un trámite más largo, complejo y costoso para obtener la residencia.
En 2018, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) empezó a implementar el sistema RADEX para “facilitar, simplificar y agilizar el otorgamiento de residencias a extranjeros”. A un año de su ejecución, el Observatorio “Gabriel Chausovsky” advertía que la desinformación, los errores y las dificultades son sistemáticas en esta nueva modalidad. El programa de migraciones y movilidades en perspectiva crítica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL) de Córdoba participan de este observatorio. Se estima que cerca de 70.000 personas que iniciaron el trámite con este nuevo sistema no pudieron resolver la residencia al día de hoy.
“El DNI ¿más lejos o más cerca?”, es el título del informe creado para “relevar, sistematizar, analizar y difundir información relativa a obstáculos en el acceso a derechos de personas migrantes”. En él explicitan cómo en el año 2018-2019 se iniciaron sólo la mitad de los trámites y en septiembre del 2019 sólo el 45% había sido resuelto.
Un trámite caro, confuso e incierto
A partir del 2016, la DNM empezó a recortar personal, disminuir las horas de atención y cerrar programas de abordaje territorial. Las organizaciones aseguran que la operatoria del Estado fue el principal obstáculo para la regularización migratoria de decenas de miles de personas. En mayo de 2018 las demoras en los turnos empezaron a alcanzar el año y esto mantenía indocumentada por largos meses a muchas personas. El informe clarifica que la cantidad de trámites solicitados no se incrementó. En realidad, a partir del 2016 aumentó la cantidad de turnos solicitados por las personas venezolanas, pero la cantidad de turnos acordados disminuyó por la reducción de turnos correspondientes a personas paraguayas, bolivianas y peruanas.
En noviembre de 2018, con la expectativa de subsanar estos obstáculos, la DNM puso en marcha una plataforma online; el RADEX. La implementación del sistema, lejos de su objetivo, deviene en una gestión más cara, confusa e incierta. Hay falta de asesoramiento; la idea es que cada une pueda resolverlo desde su casa y queda en la voluntad del operador u operadora responder las dudas que surgen en el proceso. Muchas personas tienen que iniciar el trámite más de una vez y/o tienen que recurrir a gestores. Las tasas que deben abonar son altas y en caso de equivocación no hay posibilidad de que reconozcan el pago o devuelvan el dinero.
El costo de los trámites cuadriplicó el porcentaje del salario mínimo, vital y móvil que implicaba. El informe da cuenta de otras dificultades, como la idiomática, de acceso y/o familiaridad a la modalidad digital, de desconocimiento de las categorías migratorias, de comprobantes de haber iniciado el trámite y de exención de pagos, entre otros.
Algunas personas desisten de procurar su documentación. Esto puede dificultar trabajar de manera registrada, acceder a una vivienda en el circuito formal, abrir una cuenta bancaria u obtener la licencia para conducir. Las organizaciones sociales recuerdan que esta situación perjudica “no sólo a las personas migrantes, sino al conjunto de la sociedad”.
Morir por trabajar
Emma Riosendaulv Joncka siguió trabajando y recibiendo su sueldo durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Trabajaba en un servicio considerado esencial, de cadete, para una plataforma de entregas. El 10 de abril un colectivo lo atropelló y el traumatimo de cráneo hizo que perdiera la vida en el momento. El joven haitiano de 23 años, monotributista, llevaba dos años viviendo en Rosario. La imperiosa necesidad de subsistencia y la precarización laboral a la que estas empresas exponen a sus trabajadores y trabajadoras fueron factores determinantes de esta muerte. El Sindicato de Cadetes de la ciudad viene denunciando el funcionamiento a destajo de estos servicios durante la cuarentena.
No fue la única muerte evitable. Beatriz Mechato Flores también fue atropellada mientras intentaba evitar un operativo de inspectores y policías en el barrio porteño de Once. La vendedora ambulante corrió para evitar que le secuestraran las medias que vendía. Tenía 73 años, era oriunda de Perú y jubilada. Murió en el Hospital Ramos Mejía después de haber estado varios días en terapia intensiva. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la asociación Vendedores Libres exigieron al Gobierno de la ciudad que ponga fin a “las cotidianas prácticas violentas y persecutorias contra quienes trabajan dignamente para subsistir y alimentar a sus familias”.
Persecución entre vecines
En el barrio Poeta Lugones de Córdoba capital, José Luis Flores vivió “cinco días de terror”. El venezolano vive en la ciudad hace tres años junto a su pareja, sus hijes y su hermano. Al comprobar que tenía síntomas que coinciden con las del Covid-19 llamó a emergencias médicas y les vecines vieron cómo les profesionales de la salud que lo asistieron se enfundaron/enfundaban en trajes blancos “como de astronauta”. Fue trasladado al Hospital Rawson donde le explicaron que tenía una úlcera, pero le hicieron el test para descartar el famoso virus. Durante los cinco días que esperó los resultados, relata haber tenido “más miedo de mis vecinos que del coronavirus”.
Alguien había subido su dirección a un grupo de whatsapp de vecines y llamó a “controlarlo entre todos” desatando una ola amenazas imparable. Aseguraban que el dueño del restaurante en el que trabaja su hermano estaba “contratando venezolanos infectados” y pedían marcar el lugar y romperle los vidrios. Su hermano recibió audios en el que le advertían que estaban armando “grupos de gente” para ir a golpearles. El hostigamiento siguió por redes sociales, incluso recibieron una llamada al teléfono fijo en el que les pedían que no durmieran porque les iban a prender fuego.
La familia realizó la denuncia en la Unidad Judicial 22 y les pusieron un patrullero frente a su casa para custodiarles. “Sentí mucha impotencia. Las amenazas no parecían dichos: tenían tanta firmeza, tanta convicción que ya no sabía si alguien era capaz de hacer algo así o no”, dijo Romina, la mujer de José Luis. Lo único que pudo parar la violencia fue el certificado en el que se afirma que José Luis dio negativo en el test del coronavirus.
Los Flores decidieron contar su historia para generar conciencia. “No sé cómo no se dan cuenta de que esta enfermedad la puede tener cualquiera. La idea es ayudarnos y no mandarnos a matar, no sólo como vecinos lo digo, como humanos”, reflexiona Romina. “¿Y si hubiera dado positivo?”, se pregunta y añade: “A mí no me dolió sólo la injusticia y la mentira, sino que nadie vino a preguntar si necesitábamos algo… nada”.
A la deriva de Jujuy a Buenos Aires
En este contexto donde la xenofobia se vuelve más virulenta, les migrantes también padecen las decisiones autoritarias de los gobernantes. Un grupo de 61 personas, provenientes en su mayoría de Colombia y Venezuela, aunque también de Perú y Brasil y algunes argentines, fue trasladado “de manera intempestiva, arbitraria y compulsiva” de Jujuy a Buenos Aires durante el aislamiento. La mayoría había ingresado al país para radicarse. El CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) aseguran que las autoridades jujeñas subieron a estas personas a un colectivo de larga distancia sin dar precisiones sobre a dónde se dirigían. Se investiga si el Gobierno de Jujuy decidió enviarles a Buenos Aires sin ninguna justificación, ni regulación que lo avale. Hasta el momento, las organizaciones mencionadas presentaron un habeas corpus por privación ilegítima de la libertad.
El colectivo viajó por más de 30 horas y atravesó 7 provincias durante la pandemia. Entre les pasajeres había niñes y durante el viaje sufrieron requisas. La policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo el coche cuando llegaba y se encontró con varias irregularidades: el Gobierno porteño estaba avisado de la llegada de 18 venezolanes que tramitan su condición de refugiades, pero no tenía información sobre el resto de les pasajeres; por otro lado, el Gobierno jujeño aseguró haber hecho todos los controles, pero en el operativo se detectó a personas sin documentación y un pasajere con 38 grados de fiebre.
El traslado incumplió las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación. Las autoridades de Nación y Ciudad cuestionaron el accionar del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la Justicia analiza la situación. El juez a cargo, Julián Ercolini, dio prioridad a resolver la cuestión sanitaria. Semanas antes, el gobernador Morales había declarado: “No podemos traer a extranjeros ni gente de zonas donde va a reventar la situación. Porque si no, estamos trayendo para que contagie a la familia y a todos. ¡Entonces la cortamos!”.
La sociedad civil sostiene la asistencia
El acompañamiento social e institucional a las comunidades más vulnerables tuvo que acomodarse a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional. Es el caso del asesoramiento jurídico para personas migrantes de CECOPAL. “Mientras dure la recomendación de no salir de casa”, la institución implementa una modalidad a distancia. Todas aquellas personas que tengan alguna consulta, podrán escribir a las redes sociales de la organización o al correo electrónico cecopalconsultasmigrantes@gmail.com para que el equipo se contacte telefónicamente con elles.
Fuentes en red
https://www.pagina12.com.ar/261404-coronavirus-y-migrantes-el-58-por-ciento-dejo-de-percibir-un
https://drive.google.com/file/d/139zi0E1zVfoIa8lwhZNA8Mu_AgiGRRoU/view
https://radiocut.fm/audiocut/migrantes-dni-mas-lejos-o-mas-cerca/
https://www.pagina12.com.ar/253600-murio-la-mujer-atropellada-en-un-operativo-de-la-policia-de-
Foto principal: Página 12
Actores y contactos
Dirección Nacional de Migraciones en Córdoba: Caseros 676. Teléfonos 0351-4222740 / 4264206 / 423-6879. Correo electrónico: del.cordoba@migraciones.gob.ar
* Periodista. Integrante del Observatorio de Conflictos Sociales de la ONG Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal) – www.desafiosurbanos.org