Vecines de Dique Chico denunciaron el martes 30 de octubre una nueva fumigación ilegal. Un nuevo capítulo del conflicto iniciado en 2016 entre habitantes, Estado comunal y productores agropecuarios por la pulverización con agrotóxicos en campos lindantes a la localidad.
Por Lucía Rhó *
Acceder a la tierra para vivir y producir es condición necesaria para el pleno desarrollo de las capacidades vitales de las personas. Pero también es fundamental que las tierras que habitamos no pongan en riesgo nuestra vida y que en ellas se respete el derecho a la salud.
Dique Chico es uno de los tantos pueblos fumigados de la Provincia de Córdoba, “uno de los tantos” por no decir “casi todos”. Esta pequeña comuna, cercana a Alta Gracia, a 50 kilómetros de la Ciudad de Córdoba aproximadamente, es escenario de una de las luchas populares más difíciles: la prohibición del uso de agroquímicos en campos pegados a zonas urbanas, en pos de asegurar la salud de les vecines. Lucha difícil y desafiante, porque implica enfrentarse a uno de los sectores más poderosos de nuestra provincia: los productores rurales y el agronegocio.
Foto: Juan Hernández – La Nueva Mañana
El inicio del conflicto en Dique Chico se remonta al año 2016, cuando les vecines registraron las primeras fumigaciones con agrotóxicos realizadas en los campos lindantes a las últimas casas. Comenzaron a padecer en sus viviendas las pulverizaciones descontroladas, que llegaban hasta los patios de las viviendas e incluso hasta la escuela.
Ante esta situación, les pobladores elaboraron una nota firmada por más de 100 personas (prácticamente la mitad del padrón electoral), reclamándole al Jefe Comunal, Nilo Pérez, que, desde el gobierno comunal, analizaran la situación y revirtieran las fumigaciones. Los reclamos no apuntaban contra la producción agropecuaria, modelo que domina en la zona, sino que exigían una regulación de la actividad y también planteaban la posibilidad de generar formas de producción agroecológica.
Luego de meses de reclamos y diversas estrategias de denuncia, desde la gestión comunal se inició una serie de encuentros con miembros del Ministerio de Agricultura y especialistas para debatir el tema. También se abrió una Mesa de Diálogo entre productores rurales, vecines, autoridades y ministros, pero el mecanismo no prosperó. Como era de esperar, los productores optaron por defender sus márgenes de ganancia, obtenidos a costa de fumigar la soja transgénica de sus campos, y alegaron que no existe riesgo con los agroquímicos, ya que su aplicación no conlleva ninguna peligrosidad para la salud.
Foto: La Tinta
Frente a esto, en el año 2017, desde la comuna se comenzó a elaborar una resolución para prohibir las fumigaciones en los campos cercanos a las viviendas. En un giro insólito y hasta ridículo (pero no inesperado) los productores empezaron a delinear una serie de estrategias para evitar que salga la resolución. La primera fue deslegitimar les vecines que protagonizan la lucha, tildándolos de “ecoterroristas”.
En octubre, la estrategia dio un giro más contundente y arrebató la calma del pueblo: los productores realizaron un acampe y se encadenaron frente a la jefatura comunal. Por cierto, un acampe con un escenario muy cuidado: dispusieron algunas ovejas, gallinas, tractores y bolsas de granos a modo de decoración, para ilustrar la diversidad de tareas que llevan a cabo.
Finalmente, el 8 de noviembre de 2017, el jefe comunal optó por defender la salud del pueblo y aprobó la Resolución Comunal N° 242/17, que resuelve crear una zona de resguardo ambiental donde se prohíbe el uso de agroquímicos destinados a la pulverización, fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal.
La norma limita una zona de resguardo A, que incluye 1000 metros alrededor del pueblo y 1000 metros de la escuela Bernardo Monteagudo que está en zona rural; y una zona de resguardo B, donde se permite la aplicación terrestre de productos químicos o biológicos de uso agropecuario de las clases toxicológicas III y IV, siempre con previa autorización comunal.
Los productores no agotaron sus estrategias y el 15 de diciembre presentaron en la Justicia provincial un recurso de amparo, planteando que es inconstitucional una norma local que sobrepase la ley provincial que fija los criterios de restricción en esta materia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación hizo lugar al amparo y estableció la suspensión por 30 días de la Resolución emitida por la Comuna de Dique Chico, permitiendo las fumigaciones durante ese plazo y a partir del 2 de enero de 2018. La Cámara Contencioso ordenó una serie de medidas adicionales: la elaboración de un informe donde se detalle la metodología y maquinarias utilizadas, la disposición final de envases y desechos de los productos químicos. También dispuso que el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y el Ministerio de Salud den cuenta de los informes llevados a cabo en la Zona de Resguardo Ambiental sobre el daño ambiental y la salud de la población.
Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también debía realizar, por su parte, un informe comparativo entre la resolución comunal y la ley provincial. Desde 2004, la ley provincial de agroquímicos fija condiciones y límites para fumigar al lado de las áreas urbanas: no permite aplicaciones terrestres a menos de 500 metros con algunos productos, pero la restricción desaparece para otros considerados de bajo riesgo por el Senasa, entre ellos incluido el glifosato. Si bien pide el cumplimiento de distintos requisitos para su aplicación, es evidente que la salud de les vecines se perjudica igual. Para las fumigaciones aéreas el límite es 1500 metros.
Foto: La Tinta
Sin darse por vencides, el 1 de febrero, les vecines autoconvocades y los abogados que les representan, presentaron en Tribunales de Córdoba un “Recurso de Reposición”, que deja en suspenso la medida cautelar que lograron imponer los productores para volver a fumigar. Desde entonteces, la medida cautelar se encuentra suspendida porque ha sido apelada y cualquier fumigación que se efectúe mientras esté prohibida es ilegal.
Lejos de llegar a una solución, el panorama en Dique Chico sigue tenso: el pasado martes, les vecines volvieron a denunciar una fumigación ilegal que pone en riesgo su salud. La pulverización de agroquímicos se efectuó en horario escolar y en campos lindantes al pueblo y no solo eso, sino que los productores trabajaban escoltados por funcionarios provinciales y efectivos de la Policía de Córdoba.
Hoy la situación está en manos de los jueces, quienes deberán decidir priorizar al agronegocio o defender la salud de les pobladores. De inclinarse por la primera opción, irían en contra de un reclamo legítimo por el derecho a la salud y la vida, avalado por un documento con 25 estudios científicos y técnicos que confirman las consecuencias de los agrotóxicos. Además está respaldado por los análisis de genotoxicidad realizados en febrero, a seis niños que asisten a la Escuela Bernardo de Monteagudo –incluida en la zona de resguardo ambiental contemplada en la resolución comunal–, y que confirman el daño genético en los chicos.
Foto portada: Juan Hernández – La Nueva Mañana
* Estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Comunicación Social (FCC-UNC). Texto escrito para la cátedra Redacción Periodística II (Periodismo de Opinión) de la orientación en Comunicación Gráfica.