Por Julieta Lucovas *
Estado ausente, leyes incumplidas y especulación inmobiliaria son parte del combustible que devastó 43 mil hectáreas en menos de un mes y 70 mil en lo que va del año. Con el fuego aún activo y una emergencia recién dictada, especialistas y brigadistas explican las causas del ecocidio y recomiendan cómo paliar el daño.
Los pájaros gritan antes de irse
La gente corre porque no tiene alas
Pero a los árboles no les queda más que apretar las raíces,
mientras el fuego les va arrancando los años
Geo Velásquez
Una vez más, Córdoba es víctima de las consecuencias devastadoras de los incendios forestales. De acuerdo a un reporte del Gobierno de la provincia, ya se quemaron más de 43 mil hectáreas de monte nativo en el mes de septiembre, aproximadamente 70 mil en lo que va del año. Se estima que el número siga creciendo, al menos, hasta el mes de noviembre, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.
“Todo se va actualizando momento a momento, las condiciones climáticas ponen a los incendios en una situación crítica ya que no tenemos lluvias, son meses de mucho viento, mucha sequía y la verdad es que no es nada fácil poder combatir estos incendios”, informa Marcos Torletti, Bombero Voluntario del cuartel de Carlos Paz, que junto con organizaciones brigadistas, ETAC y servicios de emergencia, además de otras fuerzas policiales y personal capacitado, se encuentran en la primera línea de fuego.
Entre las zonas afectadas, se encuentran Chancaní, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, San Esteban, La Cumbre, Villa Berna, Paso Colorado, Salsacate, algunas zonas de Sierras Chicas y zonas aledañas a las mencionadas. Si bien no hay todavía un informe global y unificado de los daños, se ha ido reportando de manera oficial y por diversos medios que hubo personas evacuadas de sus hogares, pérdida de pertenencias, pérdida de viviendas y un gran impacto en la biodiversidad tanto como en los sistemas naturales.
Las leyes, bajo la alfombra
Los propios funcionarios reconocen en sus múltiples discursos que los incendios son intencionales. El Gobernador Martín Llaryora afirmó días atrás, en una entrevista para canal América, que “no hay cambio de suelo en Córdoba” y hay que descartar esa posibilidad en nuestra provincia, haciendo referencia a una aplicación efectiva de La ley de Bosques. Este discurso se contrapone a lo que vienen manifestando desde hace años y con diversos argumentos los científicos y especialistas en derecho ambiental, organizaciones ambientales y comunidades originarias afectadas por las consecuencias del fuego. Además, se contrapone con algunos casos de conocimiento público. Por ejemplo, el megaproyecto inmobiliario de la Constructora del Valle S.A, que espera la aprobación de la Provincia para instalar cuatro edificios de cinco pisos en Villa Santa Cruz del Lago, zona que -casualmente- ha sufrido incendios en los últimos años y es considerada como zona de Categoría 1 o zona roja según la Ley de Bosques.
Desde el año 2010, contamos en Córdoba con la Ley 9814. Esta norma obliga a la Provincia a realizar un ordenamiento territorial del bosque nativo cada cinco años. Se trata de un instrumento legal que permite determinar e identificar cartográficamente en qué lugar se encuentran los bosques, según las distintas categorías de conservación. Esto es así, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes que tienen los bosques, debido a diferentes factores como los incendios y el desmonte. También establece que este ordenamiento territorial debe ser participativo, es decir, que la ciudadanía, las organizaciones y las instituciones que así lo consideren deberían tener participación en este proceso.
En diálogo con el portal Qué, Darío Ávila, abogado especializado en derecho ambiental, señala que en Córdoba se está incumpliendo la obligación legal y reglamentaria de actualizar el ordenamiento territorial, instancia clave para la conservación de nuestro bosque nativo. Ni siquiera se actualizó en 2010, cuando la ley fue sancionada, y tampoco en 2015 y 2020. “Es necesario que el Gobierno de la provincia de Córdoba tome la decisión política y cumpla con esta obligación legal de convocar a un proceso participativo para discutir la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo”, reclama Ávila.
“En Córdoba y en la mayoría de las provincias en nuestro país están incumpliendo de manera sistemática”, asegura el abogado ambientalista. Todas las provincias tienen la misma obligación de acuerdo a la Ley Nacional 26331. En el tercer informe sobre esta Ley, realizado en 2021, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó dificultades en la implementación de la ley de bosques en 16 provincias. Según este relevamiento, los incumplimientos de esta ley impactan en la desprotección de zonas de importancia ecológica y la pérdida de bosques nativos.
Otro de los aspectos destacados por la AGN son los procesos participativos previstos en la norma que quedaron inconclusos o incompletos, la falta de convocatorias más amplias y de análisis de partes interesadas externas. “No hace falta ningún cambio para que la Ley sea efectiva. Lo que sí se necesita es la implementación, es decir, que se cumplan los preceptos legales que ese cuerpo normativo contiene”, opina Ávila.
Los incendios que se producen todos los años en las zonas serranas muestran que se trata de un problema sistemático. No son episodios aislados, sino producto del incumplimiento de los instrumentos legales por parte de los gobiernos tanto nacionales, como provinciales y municipales, que permiten el avance de grandes emprendimientos inmobiliarios, desmonte, y el agronegocio, consecuencias del modelo económico que rige en el territorio cordobés y que se profundiza con leyes sectoriales, como la 10663 de Buenas Prácticas Agropecuarias, que se desentiende de cuestiones ambientales y va en contra de la Ley Nacional 26331 de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
Correr tras el fuego
“El incendio fue tan grande que había mucha gente por todos lados y ni así se pudo combatir el fuego. Realmente faltaron recursos”, cuenta Augusto Bellis, integrante de la brigada forestal Saldán Inchín.
Las llamas avanzan y son combatidas por personas que exponen su integridad física y mental. Entre ellos, los integrantes de las brigadas forestales que trabajan para proteger el monte. “A la frase ‘todo fuego es político’, la comparto y nuestra brigada también”, dice el brigadista, y agrega: “Yo celebro las brigadas comunitarias, porque somos los vecinos organizados y en constante formación, para poder trabajar los incendios forestales. Siendo el ojo de la sociedad, ahí, en el lugar. Porque el Estado, ya sabemos cómo es el modelo y sabemos que lo que más les importa a ellos es juntar dinero y juntar dinero es todo lo contrario a conservar el monte”.
Augusto cuenta que todavía no se dimensiona el daño ambiental que estos incendios traen aparejado. Los árboles y la vegetación pueden tardar décadas en regenerarse, y hay especies incapaces de rebrotar luego de ser arrasadas por el fuego. Por lógica, esta situación afecta directamente a la fauna que depende de esa flora para su alimentación y refugio. Teniendo en cuenta las miles de hectáreas que se ven perjudicadas por los incendios año tras año en nuestra provincia, no se cuenta con un protocolo de registro de pérdida de biodiversidad. No hay cifras ni números concretos. “No solo las plantas, sino los insectos, los animales, los hongos y la microbiología. En ese sentido, tampoco tenemos en claro las consecuencias y si no se toman en carta esos asuntos de manera drástica, no vamos a poder remediarlo”, advierte Bellis.
El brigadista coincide con diferentes especialistas, organizaciones y comunidades afectadas en que uno de los principales problemas es la falta de presupuesto para la prevención. En ese sentido, afirma que “se terminó corriendo atrás del fuego” y que lo mejor, teniendo en cuenta el cambio climático y la falta de lluvias, sería prevenir.
Qué hacer después
Los expertos en el cuidado del ambiente recomiendan, luego de los incendios, no intervenir en las zonas afectadas. Muchas de las raíces y plantas suelen estar vivas a pesar del fuego y rebotan tras un largo proceso de recuperación natural. Si se trata de una intervención activa, es importante que la hagan personas capacitadas, ya que requiere una planificación según cada situación en particular. “La restauración ecológica pasiva, que es la de no intervenir la zona afectada, es la mejor estrategia de todas”, recomienda Augusto. En estos casos, “no hacer es lo mejor para el monte”. En su opinión, si la sociedad quiere ayudar a revertir esta situación, debe exigirle al Gobierno que comience a tomar medidas para una debida prevención y educación ambiental. “Esperar y exigir”, aconseja el brigadista de Sierras Chicas.
Por su parte, Darío Ávila opina que, frente al desastre de los incendios en nuestra provincia, es necesario un compromiso consensuado que solo puede ser posible con “la participación real y efectiva de la ciudadanía para establecer políticas públicas que tengan por objeto cambiar el paradigma de desarrollo”. “La posibilidad de generar espacios a nivel local, nacional y incluso regional, que nos permita debatir y discutir sobre bases técnicas y científicas, sobre conocimientos populares y ancestrales campesinos y otros saberes también populares, para poder establecer precisamente la necesaria transición hacia otros modelos de producción que sean más respetuosos y que puedan establecerse en armonía con la naturaleza”, reflexiona Ávila.
Luego de varias semanas y con miles de hectáreas de monte, biodiversidad y personas afectadas por los incendios que todavía continúan, la Cámara de Diputados declaró por ley la emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días. La decisión obliga al Ejecutivo a expedir los fondos correspondientes para paliar la situación que se vive en Córdoba. Mientras las medidas llegan a destiempo, como dice Augusto, se sigue corriendo atrás del fuego.
* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en prácticas de trabajo final en el portal Qué y la Secretaría de Producción y Transmedia de la FCC-UNC.