Por Evelina Ramírez *
Al cumplirse otro aniversario de la desaparición del joven militante, la designación de un nuevo magistrado a cargo y la decisión de que la investigación “debe continuar” y abordar indicios e hipótesis hasta ahora ignoradas reabren las expectativas en la búsqueda de verdad y justicia. Para su hermano Sergio, se debe “arrancar desde cero con un montón de cuestiones”.
El 1° de agosto se cumplirán siete años de la feroz represión que la Gendarmería emprendió contra la comunidad mapuche de la Pu Lof-Resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut. Siete años de la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado. Siete años de un largo expediente judicial que hoy tiene un nuevo comienzo con la designación del magistrado Federico Calvete, del juzgado federal de Ushuaia, al frente de la causa.
“Es algo que veníamos pidiendo desde hace muchos años, sobre todo la recusación del juez (Gustavo) Lleral”, dijo Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, en una entrevista con VillaNos Radio, la emisora comunitaria de la COOPI de Villa Carlos Paz, y el portal Qué.
A mediados del mes de mayo, se conoció la noticia de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura de la causa. La resolución, firmada por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, plantea también la revocatoria del sobreseimiento a los gendarmes imputados y el apartamiento del juez federal Gustavo Lleral, que había dictado esa medida y el cierre del expediente.
“Lo bueno es que no se cierra la causa, que continúa a pesar de que hay que arrancar desde cero en un montón de cuestiones donde no se hizo ninguna investigación en todos estos años. Estamos un poco más confiados luego de haber recibido tantas malas noticias. Por lo menos hay una esperanza”, agregó Sergio.
Calvete será el tercer magistrado que está al frente de la investigación. Vale recordar que la causa se inició en el Juzgado Federal de Esquel y estuvo a cargo de Guido Otranto, posteriormente pasó al juzgado de Comodoro Rivadavia, bajo responsabilidad del juez federal Gustavo Lleral.
En los fundamentos de su resolución, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia calificó de “prematura” la decisión del juez Lleral de ordenar el cierre de la causa y sentenció que “la pesquisa debe continuar”.
En este sentido, los jueces firmantes recuperaron los alcances de una resolución anterior -realizada el 5 de septiembre de 2019- donde ordenaron una serie de procedimientos indagatorios que no fueron considerados por el magistrado interviniente.
“Desde nuestra anterior intervención no se han arrimado nuevos elementos probatorios que permitan arribar a una conclusión diferente cerca del mérito de la instrucción. Por el contrario, se vislumbra que las únicas diligencias que recibieron un mínimo esfuerzo en producirse (reconstrucción virtual y pericias tecnológicas sobre las filmaciones de 01/08/2017) no lograron concretarse ya que fueron dejadas sin efecto antes de que arrojaran resultados”, reprocharon los camaristas.
“El resto de las medidas que encomendamos realizar no han sido siquiera intentadas, en base a un extenso desarrollo que condujo al sentenciante de grado a afirmar que no resultan ‘útiles ni pertinentes’ para la averiguación de la verdad”, se lee en la resolución firmada por los jueces Ibarra y Suárez. Más adelante, agregan: “Ninguno de los principios invocados por el magistrado de instrucción (independencia judicial, libertad probatoria y sana crítica racional) excluye el deber de los jueces de grado de respetar el alcance de los pronunciamientos emanados de los tribunales de alzada”.
La decisión de reabrir la investigación judicial sobre la muerte del joven militante en el contexto de un conflicto del pueblo Mapuche implica que todas las hipótesis de lo sucedido aquel 1 de agosto de 2017 deben ser consideradas. Esto incluye la figura de la “desaparición forzada”, que la familia venía planteando como línea principal de investigación.
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“No es un capricho lo de la desaparición forzada, sino que se trata de una hipótesis para investigar todas las máximas posibles para acercarnos a saber qué pasó. No se puede empezar a investigar de atrás hacia adelante: no podemos hacer foco en que los gendarmes les robaron los binoculares a los mapuches y hacer una investigación por hurto. Hay que empezar por la mayor hipótesis, que es la desaparición, ya que Santiago no estaba en ese lugar y aparece después. Entonces, de ahí es que se empiezan a desmenuzar todas las cuestiones que nunca fueron esclarecidas”, explicó Sergio.
La dimensión colectiva de un crimen del Estado
Santiago Maldonado era militante anarquista, artesano y ecologista de 28 años de edad. Tras la represión de la Gendarmería, estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros curso arriba de donde fue visto por última vez.
Su hermano Sergio recordó que aún no se conoce la fecha de su muerte: “Cuando le preguntamos al equipo forense si nos podían decir qué día murió Santiago, nos decían que no lo sabían. La manera en que se lo encuentra, por ejemplo, no condice con haber estado 78 días en el agua. Además, las veces que se hizo rastrillaje en ese lugar no estaba. Fui el 3 de agosto y en ese lugar no había absolutamente nadie. Desaparece con una campera negra y aparece con una campera celeste y con las manos en los bolsillos. Me parece que son muchas cosas las que no concuerdan”.
Sergio Maldonado participó junto a Penélope Moro -hermana del periodista Sebastián Moro, asesinado durante el golpe de estado de noviembre de 2019 en Bolivia- en el panel Violencia política, poder de los medios y rol del periodismo, el 10 de junio de 2021 durante la III Bienal de Periodismo y Comunicación, organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC.
Los gendarmes imputados en la causa son Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra. Al ser consultado sobre si, en todo este tiempo de investigación, han sido apartados de la fuerza, Sergio contestó: “Es algo que no tengo conocimiento. Lo único que sé es que, hasta un punto, había algunos que seguían ejerciendo dentro de la fuerza y que habían sido trasladados, algunos a Córdoba y otros a Santa Cruz”.
“Pero el 28 de febrero, cuando presentamos la apelación al cierre de la causa que planteó Lleral, el abogado de Gendarmería, uno de los defensores de Echazú, dijo que por culpa nuestra, por las mentiras desproporcionadas y el invento de la desaparición, que su defendido se tuvo que ir a España a trabajar a un hotel. Algo totalmente ridículo, y que también refleja las mismas prácticas de la dictadura, que cuando no querían que hablaran los llevaban a otro lugar. Es sospechoso que alguien que está en medio de un proceso judicial se lleve la familia a otro lado cuando, en realidad, está trabajando acá. Del resto no sabemos nada. Justamente lo que hacen es trasladarlos”, advirtió.
En cuanto a la posibilidad de que esta nueva etapa del proceso judicial implique también que se investiguen las responsabilidades políticas de lo sucedido con Santiago, Sergio consideró que “sería ejemplar”.
“Quien tome esa decisión -que en realidad es lo que corresponde- haría un poco de historia para que el resto de los que ocupen el Ministerio de Seguridad tengan las penalidades que corresponde cuando intervienen en este tipo de represiones. Si nos ponemos, han pasado siete años y hasta ahora nadie fue condenado en ninguna instancia”.
A la hora de fundamentar la decisión de reabrir la causa, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia alude en su resolución al derecho individual y colectivo de saber qué sucedió con Santiago Maldonado: “El derecho individual de toda víctima de que se procure al máximo conocer las condiciones en las que ocurrieron los hechos (…) y una segunda dimensión -colectiva- referida al derecho de la sociedad de saber cómo se desarrollaron los acontecimientos, cuál fue el escenario y eventualmente, quienes son los responsables que llevaron o contribuyeron a ta luctuoso desenlace”.
El reclamo de justicia por su hermano ha convertido a Sergio en un referente de la lucha por los derechos humanos. En este sentido valoró el acompañamiento de los organismos, organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos y la gente que, desde el anonimato, mantuvo en alto en nombre de Santiago Maldonado.
“Es gracias a todas esas personas que esto se sigue manteniendo; sin ellos, sería imposible. El reclamo de justicia por Santiago es una causa nacional y mundial . Hay un montón de personas en otros países que también siguen acompañando y apoyando. Me llama poderosamente la atención que hay mucha gente solidaria y este es el ejemplo. Hace siete años que estamos con esto y gente como ustedes se siguen interesando por la causa”.
A siete años de la desaparición de Santiago Maldonado, la verdad sobre su destino y la sanción de sus victimarios sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la democracia.
* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la FCC-UNC, en prácticas en el proyecto “Cobertura periodística de juicios con impacto social”, coordinado por Alexis Oliva.