La toma del Pabellón Argentina: el juicio que no fue

Por Candela Almaraz *

La Justicia federal sobreseyó por prescripción a 17 estudiantes procesados por la toma del Pabellón Argentina de la UNC, durante el conflicto por el ajuste a la educación pública en 2018. La abogada de cuatro estudiantes excluidos de la medida apelará el fallo. Crónica de un intento fallido de criminalizar la protesta.

El Juzgado Federal 1 de Córdoba, a cargo del juez Pablo Montesi, declaró extinguida la acción penal contra los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que participaron en 2018 de la ocupación del Pabellón Argentina, una de las acciones de protesta contra el ajuste del entonces Gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri a las universidades.

Los sobreseídos son Candela Guzmán Ahumada, Jorge Sebastián Mauro, Julieta Romina Alonso, Xiomara Bordón, Ariadna Bernardeau, Fausto Szmulewicz, Carla Salusso, María Franca Condori Bazán, Santiago Demarco, Lautaro Tochi, María Belén Schaab, Santiago Agustín Sarmiento, María Nazareth Magnotti, Kevin Omar Huarcaya Fernández Baca, Franco Ricardo Bergero, María Constanza Terbonatti y Lucía Raciti.

La resolución, dada a conocer el 5 de junio, fue solicitada por los letrados María Mercedes Crespi, Ivana Esper y Sergio Castro Moravenik, quienes expusieron que sus defendidos ya habían cursado el tiempo de proceso correspondiente a la pena solicitada por el delito que se les imputaba. Es decir, desde los hechos a la fecha transcurrieron seis años y el debido proceso debía ser en tres. Se les atribuía el cargo de “usurpación por despojo” y “turbación de la posesión” (Art. 18 incs. 1 y 3 del Código Penal). En el inicio de la causa, fueron 27 los acusados por haber participado en la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, entre agosto y septiembre de 2018.

Entrevistado por el portal Qué, Franco Bergero, estudiante de Historia relata: “A mí, es obvio que me afectó, en el desarrollo de las cursadas, de la vida académica, en el estudio… En muchas instancias, tener que rendir y estar pendiente también de dar respuesta a las avanzadas que llevó adelante la Justicia en esta causa”. En ese sentido, agradece la solidaridad de la militancia estudiantil, política y social. “Siempre estuvimos acompañados porque siempre hemos apostado a la organización en las asambleas y a la movilización en las calles, e incluso en momentos difíciles, como lo fue la virtualidad y la cuarentena en la pandemia, logramos movilizaciones muy grandes, el movimiento estudiantil siempre tomó como suya esta causa”, valora Bergero.

Franca Condori Bazán está próxima a recibirse de Licenciada en Comunicación Social y es actual consejera estudiantil por la agrupación La Marea. Contenta por el sobreseimiento, también cuestiona la actuación de la Justicia: “Si fuera por los jueces, nos habrían llevado a juicio hace tres años atrás y nos condenaban culpables. Primero, fue un escándalo; después, tuvieron que seguir dilatando la cuestión, porque debieron pensar que les iba a generar un costo político grande condenar estudiantes por una toma”. Entre las cuestiones que le hubiera gustado aclarar en un juicio, señala que “para ellos, era un delito, pero no correspondía aplicar esa carátula de usurpación por despojo”. “Era una dependencia pública, en donde no teníamos ninguna intención de quedarnos a vivir ad eternum -explica Franca-. No era un lugar privado donde te quedás a vivir, expulsás al dueño, no le dejás entrar nunca más y le cambiás la cerradura. Nada que ver con el contexto”.

La Gremial de Abogados, que defendió a varios acusados a través de los letrados Eduardo Soares y Carlos “Vasco” Orzaocoa, aseguró que “el juicio habría sido un papelón para el Tribunal federal”. “La Gremial y el Vasco presentamos cientos de testigos, decenas de expertos, oficios, etcétera, toda una artillería que les demandó muchos días de trabajo a las colegas Virna Luciani, Vanesa Mamone y Blanca Barreiro -detalla el comunicado de la Gremial-. Ellos sabían muy bien que no tendrían oportunidades frente a semejante poder de fuego. Y tiraron la toalla. Por eso dejaron pasar el tiempo y prefirieron la prescripción antes que una derrota vergonzosa. Hicieron tiempo como esos equipos que saben que pueden perder”.

Discrepancias con el fallo

En un aspecto discutido por las partes, el juzgado consideró que fuera de la medida de sobreseimiento quedaban los estudiantes Sabrina Céliz Adduci, Lucía Heber, Anuk Morandini y Emiliano Ventura Pereira, hasta tanto no presenten los documentos que acrediten el cumpliento del acuerdo conciliatorio pautado. Es decir, la realización de tareas específicas dentro de la universidad. Según el fallo, estos acuerdos interrumpen la prescripción de la acción penal (art. 76, párrafo 2 del Código Penal).

Sin embargo, la asesora letrada oficial, María Mercedes Crespi, manifestó en una entrevista con el diario Perfil sus diferencias respecto a esta medida: “El instituto de la conciliación no se encuentra dentro de las causales de suspensión o interrupción del plazo de prescripción”. Según la abogada, en el fallo “confundieron probation o suspensión de juicio a prueba con el instituto de conciliación. Ambas salidas alternativas a los conflictos penales están contemplados en el Código Penal, pero su tratamiento y articulado son diferentes”. Por este motivo, manifestó que irá a casación (1).

En un comunicado, el juez federal Pablo Montesi respondió que no habría un error en el documento y que independientemente del término utilizado, el Tribunal otorgó la suspensión del juicio a prueba y por ende se suspende el curso de la prescripción penal: “Las salidas alternativas del proceso penal, sea por vía de reparación integral del daño y/o conciliación tienen una naturaleza jurídica que la doctrina interpreta de diferente forma. No obstante, en el caso concreto el Tribunal homologó un acuerdo al que arribaron las partes (Fiscal, víctima UNC y defensa junto a los imputados) en donde se comprometían a realizar trabajos en la Universidad en el Observatorio de Derechos Humanos de la UNC, estos trabajos tienen una duración de 3 meses en base a los programas que allí se desarrollen (todo ello en orden a lo previsto en los arts. 59 inc. 6 del Código Penal y arts. 22 y 34 del Código Procesal Penal Federal”.

La resolución “dispone de los recursos pertinentes dado que cuenta con todas las garantías que dispone la normativa vigente para que el criterio de este tribunal pueda ser revisado por las instancias superiores. El derecho y su implementación es dinámico. La administración de justicia es falible y por ende revisable por las vías recursivas previstas, sin necesidad de acudir a descalificaciones personales que no contribuyen a la paz social”, añade la aclaración del juez Montesi (2).

A pesar de estas diferencias, la comunidad universitaria recibió con agrado la finalización de la acción penal. No así algunos integrantes del Poder Judicial, como la ex fiscal Graciela López de Filoñuk, quien tuvo a cargo la investigación. En una entrevista con Cadena 3, expresó que el sobreseimiento “no es un buen mensaje” a la sociedad, porque “contribuye a descreer del servicio de justicia”. Además, lamentó que ni las autoridades universitarias ni Gustavo Posadas Carranza, el concesionario del bar del Pabellón Argentina, se constituyeran como querellantes durante su tiempo al frente del caso (3).

Por su parte, Carranza recordó en Canal 12 su experiencia e insistió en los daños económicos ocasionados, cuestiones que quedarán sin determinar al darse por finalizado el proceso penal (4).

El movimiento estudiantil de 2018

El centenario de la Reforma Universitaria, el desarrollo de la III Conferencia Regional de Educación Superior (Cres 2018) celebrado en Córdoba, la marcha feminista masiva del 8M, y las políticas neoliberales de ajuste y endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, marcaron el contexto y el clima de una serie de acontecimientos históricos para el movimiento estudiantil cordobés. Como si la Reforma Universitaria de 1918 nunca se hubiera producido, el 30 de agosto de 2018 los estudiantes bajaron del mástil de la Ciudad Universitaria la bandera papal. Días atrás, habían retirado la imagen de una virgen de la Facultad de Derecho.

En medio de esa efervescencia, se produjo el 28 de agosto la ocupación del Pabellón Argentina, que culminó un mes después. Desde principios de ese año, los docentes universitarios venían reclamando aumentos salariales sin lograr un acuerdo con el Gobierno nacional. Llevaron a cabo varios paros nacionales, clases públicas y diversas actividades de visibilización del conflicto.

La escalada llegó a un paro nacional por tiempo indeterminado en agosto, que afectó a 57 facultades de universidades nacionales y 300 colegios preuniversitarios, junto con marchas en todo el país, en defensa de la educación pública y contra el recorte presupuestario.

La tensión del conflicto se vivió dentro de cada facultad, con constantes asambleas y tomas de edificios, donde se debatían distintos problemas que afectaban al estudiantado, que no solo veía sus clases y exámenes interrumpidos, sino también cómo la política de recortes a nivel nacional afectaría su futuro.

En ese contexto, en Córdoba se conformó la Asamblea Interfacultades, que decidió por votación la toma del Pabellón Argentina, el edificio principal de la universidad. Ese día, sentados en las afueras de la Facultad de Arquitectura, estudiantes de diversas procedencias y no solo militantes de agrupaciones estudiantiles, levantaron sus manos y finalmente desfilaron hacia el Pabellón al grito de “¡Universidad de los trabajadores. Al que no le gusta, se jode, se jode!”.

Sostener la lucha, a pesar de la criminalización

Inmediatamente, las autoridades intentaron que los ocupantes dimitieran de su accionar, sin lograr resultados. Con el transcurrir de los días, se vieron obligados a conformar una mesa de diálogo. Los estudiantes en asamblea definieron a sus representantes, que más tarde serían imputados: “Nosotros sosteníamos que la forma en la que se llegó a determinar que estos estudiantes eran los supuestos actores o artífices del delito había sido de una manera tramposa, por decirlo así. Porque los estudiantes siempre en la asamblea estuvieron requiriendo un intercambio con la universidad. Nunca se dio y la universidad les propuso que nombraran representantes, porque la asamblea es muy difícil que interactúe con las autoridades. Entonces, se votaron estos representantes y -oh casualidad- estos representantes que pusieron la firma son los que después fueron imputados”, expone el abogado defensor Sergio Castro al portal Qué.

La toma pasó por diversas etapas, se sostuvo con mucho apoyo político externo, a pesar de la presencia policial, la actitud hostil de los medios de comunicación tradicionales y la intervención de la Justicia federal. Parte del estudiantado no estaba de acuerdo con la situación y sectores de la Franja Morada y la Gremial San Martín se enfrentaron a los estudiantes de la toma. En varios momentos, la situación se tornó violenta, física y discursivamente. Se acusaba a los ocupantes de no permitir el paso de investigadores a sus laboratorios y oficinas, de poner en riesgo la propiedad y fuentes laborales. Los estudiantes participantes negaron constantemente estas acusaciones.

A mediados de septiembre, el acuerdo de los docentes con el Gobierno nacional por un 25% de aumento debilitó el sostenimiento de la toma. Los estudiantes no solo reclamaban mejoras presupuestarias y transparencia en su manejo, sino también protocolos ante casos de violencia de género; el fin del convenio de la universidad con la Policía de Córdoba; mejoras en las condiciones de cursado de toda la universidad, como la aplicación del régimen de alumno trabajador en todas las facultades; la eliminación de los aranceles para los tramites de ingreso, egreso y traspaso de carrera; mayor cobertura de becas; que se respete la laicidad de los programas de estudio y espacios donde se imparten cursos; formación respecto a la Interrupción Legal del Embarazo y Educación Sexual Integral; mejoras y aumento de la planta docente para asegurar dobles horarios de cursado, cátedras paralelas y la regularización de la situación salarial de docentes adscriptos y jefes de trabajos prácticos; la creación de una comisión de relevamiento de infraestructura; aumentar la partida presupuestaria del comedor; la creación de una Secretaría de Inmigración que bregue por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y asegure su permanencia en la universidad; representación del claustro estudiantil en el Consejo Superior para los Colegios Preuniversitarios; la conformación de cooperativas estudiantiles para el manejo de bares, imprentas, cantinas y fotocopiadoras; la aplicación efectiva del cupo laboral trans en toda la universidad; la formación a docentes y no docentes en cuestiones de género; entre otras medidas referentes a reglamentaciones nacionales sobre las carreras universitarias (5).

Entre los hechos desopilantes que ocurrieron, efectivos de la Brigada Anti-Explosivos de la Policía de Córdoba se presentaron en la puerta del Pabellón Argentina, mientras las cámaras de televisión capturaban el momento. Afirmaban haber recibido una amenaza de bomba y pedían ingresar para comprobarlo. Frente a la intervención legal y mediando el diálogo, las fuerzas se retiraron del lugar.

Además, una madrugada un hombre atacó gravemente las instalaciones durante casi una hora y agredió a los estudiantes, quienes responsabilizaron a las fuerzas policiales por haber liberado la zona. También se denunció la presencia de un Falcon verde estacionado frente al edificio, amenazas y persecuciones de compañeros hasta sus hogares.

Lejos de los intentos de particulares por desalojar por la fuerza a los estudiantes, las autoridades universitarias, el entonces vicerector Pedro Yanzi Ferreira, y el juez federal que intervino de oficio, Miguel Hugo Vaca Narvaja, prefirieron recurrir al diálogo y a “mecanismos legales” que les permitirían imputar y procesar a 27 estudiantes de manera aleccionadora.

Al inicio de la causa, se imputó también a la abogada y docente Leticia Celli, quien se había sumado a colaborar y aocmpañar a los estudiantes. Tiempo después, se estableció la falta de mérito.

Entre el costo político y la ‘lección’ a futuro

“Hubo varios momentos. Tal como dice la resolución, la universidad tuvo un zig zag en sus planteos: primero denunció, luego manifestó que no quería ser denunciante y después no inició sumarios administrativos. Con lo cual me parece que ha ido mutando la posición de la universidad y con ella la de la Justicia”, recapitula el abogado Castro.

De los 27 estudiantes procesados, 17 no acordaron ningún mecanismo de conciliación. Consideran que no cometieron ningún delito, sino que ejercieron su derecho a manifestarse tal como lo establece la Constitución Nacional. Y que lo que se busca es disciplinar la protesta social. De todas las tomas del país de 2018, esta no es la única judicializada. En mayo de 2022, sobreseyeron a dos docentes que enfrentaban un juicio penal por 15 años de cárcel por participar de la toma del vicerrectorado de la Universidad de Río Negro (UNRN), hecho que culminó con una feroz represión de gendarmería y la exoneración de las personas involucradas.

“En cuanto a mi experiencia, tuve constantemente la idea de que esto es una causa política de amedrentamiento y siempre con la convicción de pedir la absolución, porque es también parte de la defensa de la educación pública -plantea el estudiante Bergero-. Siempre fuimos conscientes de que no nos procesaban o no nos iniciaban la causa a 27 individualmente, sino que buscaban amedrentar a todo un movimiento”.

La estrategia de las autoridades de la UNC consistió en despegarse de la acusación, no figurando como denunciantes en la misma. A su vez, las rectoras de las facultades de Arte, Filosofía y Ciencias Sociales se constituyeron como amicus curiae (“amigas del tribunal”) y solicitaron que no se avance con el proceso judicial.

Por su parte, la Justicia nunca fijó la fecha del juicio. Castro recuerda que, desde otro punto de vista, la Justicia procesó y condenó a los trabajadores que habían tomado el edificio del Molino Minetti en 2019 y que actualmente se está procesando a manifestantes por cortar las calles: “Entonces, este fallo me parece que refleja una discusión que hay hoy en Córdoba, donde hay un sector de la Justicia penal que opina que no hay que judicializar la protesta y otro sector que opina que sí”.

Finalmente, analizando la situación política actual en comparación con aquel 2018, la estudiante de comunicación Franca Condori concluye: “Muchos pibes me dicen que en 2018, por la mitad del recorte que nos hizo Milei, ya estábamos tomando la facu, y se preguntan por qué hoy no está pasando eso. Siento que también lo del juicio generó ahí algo. No es gratis que nos hayan procesado. El objetivo de la causa era meter miedo, amedrentar, sentar un precedente para las futuras luchas, y no sólo en el ámbito universitario. Vemos que se vienen cada vez más luchas, porque desde los espacios de poder no dan soluciones concretas y están atacando derechos y cuestiones que uno creía garantizadas en la vida, desde un salario, un trabajo, una casa… Se trata de sentar un precedente, si vos frente a toda esa injusticia de que están robando el futuro, el tiempo, el trabajo, la vida, la tuya, la de tus hijos, salís y te manifestás, bueno… podés ir en cana por eso. ‘Mejor quedate en tu casa y bancátelas’. Si el ajuste no pasa por las buenas, va a pasar por las malas”.

Fuentes

Foto principal: Asamblea Interfacultades UNC

* Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la FCC-UNC, en prácticas en el proyecto “Cobertura periodística de juicios con impacto social”, coordinado por Alexis Oliva.

Por

TITULO

Volanta / Bajada

Mas ande otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar, Nada la hace recular Ni las fantasmas lo espantan; Y dende que todos cantan Yo también quiero cantar.