Por Bahía Luz De Palma y María Lozada Fernández *

Este viernes se dictará sentencia en los Tribunales de Villa Dolores contra Roberto Clavero, miembro del Partido Justicialista regional y ex director de la Cooperativa Cemdo, acusado de abuso sexual agravado. Después de una segunda denuncia de la víctima, Antonella Ricci, se reactivó la causa que logró sentar a uno de los hombres del poder en el banquillo de los acusados. 

El viernes 10 de mayo habrá sentencia en el juicio contra el dirigente del Partido Justicialista en Traslasierra Roberto Clavero, acusado por abuso sexual agravado en perjuicio de Antonella Ricci. Analía Montenegro, madre de la víctima y ex pareja de Clavero, también está acusada como partícipe necesaria de los hechos y por falso testimonio. A diecisiete años de la primera denuncia, se espera un fallo ejemplar en un caso atravesado por influencias políticas y sospechas de parcialidad.

Foto: Asamblea Transfeminista Traslasierra

Los jueces de la Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores escucharon el 29 de abril los alegatos de las partes y sus demandas de penas. La fiscalía, a cargo de Eugenia Ferreyra, pidió 22 años para Clavero y 16 para Montenegro, para quien solicitó además la prisión preventiva “por riesgo de fuga”. Además, pidió acusar de falso testimonio a cuatro de los cinco hermanos de Antonella, al considerar que conocían de los abusos del imputado y la responsabilidad de la madre.

El abogado querellante Germán Romero Marcón, quien representa a la demandante Antonella Ricci, pidió 35 años para cada imputado, al considerar a Montenegro también como “autora” del delito. Por otra parte, el abogado querellante en lo civil, Emiliano Binante, solicitó una reparación económica para la víctima, por todos los años que estuvo bajo situación de abuso. 

En cuanto a la defensa de Montenegro, solicitó que se juzgue a su clienta con perspectiva de género y reafirmó su inocencia, aludiendo a la no actuación del Juez de Menores ante la primera denuncia en 2005. El abogado defensor de Clavero, Alejandro Pérez Moreno, pidió su absolución, tanto en lo penal como en lo civil, exponiendo que al tratarse de hechos que ocurrieron “entre los 3 y los 9 años de la víctima”, la causa había prescripto. 

Foto: Asamblea Transfeminista Traslasierra

Dos denuncias y casi dos décadas de espera

A mediados de marzo de este año, comenzó el juicio que estuvo diecisiete años demorado. La primer denuncia por abuso sexual que realizó Antonella contra Clavero, quién ejercia el rol de padrastro en ese entonces, fue en el año 2005. La investigación nunca avanzó, en ese momento Clavero era asesor del entonces diputado de la Nación Oscar González, y poco después tuvo el cargo de interventor en La Cumbrecita, avalado por José Manuel De la Sota, Juan Schiaretti, Alfonso Mosquera y Oscar González.

Foto: Asamblea Transfeminista Traslasierra

En 2022, Ricci realizó una segunda denuncia, acompañada esta vez por el abogado Romero Marcón y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra. Después de esta segunda denuncia, la defensa de Antonella también inició una acción legal para exponer el cajoneo de la causa. Así, la investigación se reactivó y fue elevada a juicio a pedido de la fiscal Lucrecia Zambrana, quedando a cargo del tribunal integrado por los jueces Santiago Camogli, Carlos Escudero y Facundo Gil.

El conocido dirigente del PJ cordobés y Presidente de la Cooperativa Electrica Mixta del Oeste (Cemdo) está acusado por presunto abuso sexual doblemente agravado por su condición de guardador de la victima y por promoción a la corrupción de menores. Analia Montenegro, madre de la denunciante, está imputada como cómplice, partícipe necesaria de los hechos y por falso testimonio.

Clavero espera la sentencia tras la rejas, porque, según el abogado Romero Marcón, al tratarse de una persona influyente existía riesgo procesal. Representantes de la Mesa de Trabajo de DDHH, que acompañan en cada audiencia a la denunciante, señalaron que apenas Antonella hizo la segunda denuncia comenzó a sufrir hostigamientos y que “Clavero está preso por interferir en la investigación”. 

El proceso judicial fue privado, a lo largo de las nueve audiencias declaró la denunciante, familiares de ésta, profesionales de psicología que tuvieron como paciente a Ricci cuando era menor y su terapeuta actual. Ninguno de los dos acusados declaró ante el tribunal. 

Durante la última audiencia, frente a un pedido de cambio de carátula que agravaba las penas, se volvió a solicitar la declaración de los imputados. Ni siquiera esta instancia logró romper el silencio, tanto Montenegro como Clavero se abstuvieron y pidieron que se tome la declaración escrita  del expediente, en la cual niegan los hechos. 

El acusado tiene trayectoria

Roberto Clavero es un hombre que pisa fuerte en la esfera pública y política del oeste cordobés. Es conocido por ser el Presidente de la Cooperativa Electrica Mixta del Oeste (Cemdo), que abastece electricidad a una decena de pueblos. Además, la compañía abarca otros servicios, como agua, internet, gas envasado, una fábrica de hormigón, y, también opera en el mundo de la comunicación con el multimedio que lleva el mismo nombre. Pero Clavero no llegó hasta la cima de Cemdo siendo un inexperto en la gestión. Por décadas, fue Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Villa Dolores y Revisor de Cuentas de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC).

Además, ocupó una seguidilla de cargos a nivel municipal y provincia: en las últimas dos décadas fue Subdirector de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Dolores, Director General de Acción Social en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, Interventor de la Comuna de La Cumbrecita. 

Cercano política y geográficamente al ex legislador de Hacemos por Córdoba,  Oscar González, quien se encuentra en el ojo público por su responsabilidad en el siniestro vial que en 2022 provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y graves heridas a las dos menores que viajaban con ella. 

En 2005, Clavero fue el asesor de González, en ese entonces diputado de la Nación. Ambos hombres de poder en el oeste de la Provincia son históricos referentes del Partido Justicialista cordobés, del cual llegaron a ser presidentes, en distintos momentos, en el Departamento San Javier. 

Foto: Asamblea Transfeminista Traslasierra

A pesar de permanecer en cargos públicos durante años, actualmente Clavero no tiene ningún bien a su nombre. Donó el único bien que integraba su patrimonio cuando fue imputado y querellado. Esta donación se realizó “en instancias de estar detenido, lo que conforma un delito de él y el escribano que lo haya patrocinado”, afirma la Mesa de Trabajo por los DDHH de Traslasierra. Se lo acusa de insolventarse fraudulentamente y perjudicar la reparación económica que le correspondía a la víctima. 

El próximo viernes 10 de mayo se dictará la sentencia, por primera vez en todo el proceso judicial se habilitará una sala espejo. En las afueras de Tribunales, desde la primera audiencia, organizaciones sociales y colectivos feministas del Valle de Traslasierra acompañan el pedido de justicia.

 

* Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la FCC-UNC, en prácticas en el proyecto “Cobertura periodística de juicios con impacto social”, coordinado por Alexis Oliva.